Desde 1985 la Ley 18.450 subsidia al rico para secar al pobre, pero comprender que la ley que financia por concurso es la que trae la sequía es una verdad que demoró décadas en evidenciarse, porque nadie quería morder la mano del que podía dar de regar... hasta ahora que la crisis es insostenible.

Por Comunicaciones Valles en Movimiento

El 4 de diciembre expiró la última prórroga a la Ley 18.450, sindicada por las y los campesinos como la responsable de la expansión de la agroindustria en los territorios, actividad que le duele a todo Chile porque ha arrasado con la flora nativa, ha contaminado tierra, aire, agua y cuerpos con plaguicidas, y ha extraído más agua de la que las cuencas pueden proveer, lo que ha terminado por romper impunemente el ciclo hídrico.

Los impactos del enfoque productivista de esta ley son tan evidentes, y es tan escandaloso el enriquecimiento de grandes empresarios a partir de ella, que el cambio de giro era esperado por organizaciones campesinas y socioambientales. No obstante, en el marco de los ajustes al sector público, el ejecutivo, contra la discusión parlamentaria en curso, extendió por un año más una ley que en plena crisis socioclimática, sigue subsidiando la producción de frutas de exportación mientras las cosechas de alimentos de la pequeña agricultura muere de sed en los surcos.

Te puede interesar| Beneficiados por la privatización y en plena sequía: Familia Kast acumula derechos de agua por 198,3 l/s

Potencia alimentaria llamaron los gobiernos a la fórmula que tecnificaría y mejoraría la calidad de vida de la ruralidad, pero al cabo de 20 años, los instrumentos de fomento enriquecieron a los más ricos y arrasaron con agua, fertilidad, salud y sustentabilidad de los territorios, evidenciando que la intención era perpetuar el abuso y concentrar el poder en un puñado de familias. Los campesinos no se transformaron en empresarios, sino en víctimas de la sequía y de la migración forzada.

Lo más dramático de la situación es que están atentando contra la posibilidad de acceder al agua no solo para la ruralidad dispersa, sino para las ciudades, porque producir mirando al mercado y no a la naturaleza, está matando las cuencas, como si la rentabilidad de Luksic, Delano, Sutil, Concha y Toro, y otros inescrupulosos, fuera un asunto de seguridad nacional, mientras los camiones aljibes se multiplican por las localidades y las condiciones de producción de alimentos para el consumo interno se vuelven cada vez más duras.

Prorrogar esta ley como se hizo, invocando a los pequeños, pero beneficiando a los grandes, es un crimen por el que tendrá que responder la ministra de Agricultura y el director de la CNR, el hambre no se apaga con represión como están haciendo hoy en el Valle del Itata a los viñateros que ya no tienen cómo mantener su forma de vida, sino que con políticas públicas que paren el abuso descarado que ha naturalizado el modelo impuesto.

–

Fotografía principal: El Mostrador