Por: Katherina Tesar Espinosa *

Chile es uno de los países con mayor riesgo de estrés hídrico en Latinoamérica (y también en el mundo) según el Instituto de Recursos Mundiales. Hemos estado sufriendo una sequía (ahora llamada hipersequía) de más de 12 años de duración que ha afectado a cientos de miles de chilenos que no tienen acceso al agua potable, como los habitantes de Rere en la comuna de Yumbel, que se abastecen de camiones aljibe debido al racionamiento de agua potable. La misma región del Biobío registró un déficit de agua de un 50% en el 2021.

Esta hipersequía tiene directa relación con el cambio climático, pero también está muy relacionada a la mala gestión del agua, a la sobreexplotación del recurso, al sobre otorgamiento de derechos de agua, a que no hay una correcta priorización de los usos de agua (cuando el uso del agua para regar paltas y frutillas de exportación está por encima del derecho humano al agua es que estamos mal enfocados), sin mencionar los graves daños que han ocasionado los monocultivos forestales que aumentan la evapotranspiración del agua y disminuyen los caudales de los ríos. Bajo este contexto de mala gestión hídrica se dan los efectos del cambio climático que empeoran todo aún más.

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Los estudios científicos pronostican mayores aumentos de temperaturas promedio, especialmente en las zonas cordilleranas (aumentando el derretimiento de los glaciares, nuestra mayor fuente de agua potable), disminución de los caudales de las cuencas y de las precipitaciones (hasta en un 46% para el 2050). Difícilmente podemos dimensionar las grandes pérdidas económicas que sufrirá el país debido a los efectos de la sequía, entre ellos, la disminución en la productividad de los cultivos y la pérdida de ganado por escasez de forraje, sin contar las enormes pérdidas humanas debido a la falta de acceso al agua potable.

Fotografía: Minería Chile

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Es por todo esto que necesitamos una Constitución ecológica que reconozca el derecho humano al agua, que reconozca el deber del Estado de proteger y velar por un uso razonable de esta, que priorice el agua para consumo humano, saneamiento y para mantener el equilibrio de los ecosistemas, que reemplace los derechos de agua por autorizaciones de uso que sean de carácter incomerciable y que estén concedidas según la disponibilidad del recurso, en que el Estado asegure una gestión del agua descentralizada y participativa, a través del manejo integrado de cuencas, y en que se cree una Agencia del Agua que regule y fiscalice de manera autónoma y descentralizada los usos de agua.

La propuesta de la nueva Constitución que será votada el próximo 4 de septiembre contempla todo esto y mucho más en su texto. Si queremos solucionar los viejos problemas con viejas soluciones no llegaremos muy lejos. Necesitamos un cambio de enfoque, una visión integradora y sistémica del problema que proponga soluciones de largo plazo, que tome en cuenta las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Si no aprobamos esta nueva Constitución, estamos poniendo en riesgo la seguridad hídrica de nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos.

* Katherina Tesar Espinosa es ecóloga, parte del equipo Apruebo Constitución Ecológica FIMA y colaboradora en ONG Defensa Ambiental