A lo largo del 2002 había cobrado fuerza y repercusión política un fenómeno social que si bien tenía antecedentes históricos en el mundo y en nuestro propio país, de poco servían para analizar lo que estaba sucediendo en la Argentina ya que no formaba parte de una ofensiva general de los trabajadores ni tampoco de una política de Estado.

Si bien la caída del gobierno neoliberal de De la Rúa había sido producto de la movilización popular del 19/20 de diciembre del año anterior, las organizaciones sindicales habían tenido escasa participación y el gobierno peronista que sucedió a la Alianza radical-frepasista lejos estaba de alentar este tipo de experiencias. Los movimientos de trabajadores desocupados organizados a lo largo de la segunda mitad de la década anterior concentraban sus demandas en la necesidad de ayuda oficial y en el mejor de los casos en microemprendimientos autogestionados que limitaban su repercusión a los participantes directos. Había surgido un multitudinario movimiento asambleario que nucleaba a vecinos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires pero sus demandas se orientaban a reclamos ciudadanos de índole diversa y, lo más importante, los trabajadores ocupados se mantenían pasivos bajo el control de la burocracia sindical, a pesar del impacto de la devaluación que había reducido sus salarios a la mitad y de condiciones de trabajo que habían empeorado bajo la espada de Damocles que representaba la amenaza de la desocupación que afectaba de una u otra forma a más de la mitad de la población económicamente activa.

En medio de este panorama fueron ocupadas y puestas a producir por sus trabajadores, con distintos grados de efectividad, más de 150 empresas medianas y pequeñas que habían intentado cerrar sus patrones mediante procesos de quiebra o el llamado a convocatoria de acreedores.

Es común escuchar que a partir de mediados de los ’90, la creciente presión tributaria, la constante alza del costo de los servicios públicos, las altas tasas de interés y la pérdida del mercado frente a las importaciones producto del régimen cambiario, sumadas a la inestabilidad política desde mediados del 2000 que generó una retracción en el consumo interno, dejaron a las firmas locales sin oxígeno. Con estos argumentos analistas económicos y periodistas formadores de opinión intentaban explicar la actitud empresaria y concluían que eran los propios dueños los que no intentaban recuperar la empresa dada la inestabilidad económica y financiera del país, siendo los obreros los que por la obvia necesidad de mantener su fuente de trabajo se lanzaban a ocupar y hacer producir las empresas.

Queremos detenernos en la primera parte de esta argumentación que aún siendo parcialmente cierta deja de lado la responsabilidad de los empresarios que en más de un caso habían pretendido descargar su crisis en las espaldas de sus trabajadores a lo largo de varios años. Luego volveremos sobre la segunda parte que esconde la dura lucha que han tenido que enfrentar los trabajadores.

El caso Brukman

El grupo Brukman estaba conformado por 3 empresas: Brukman Construcciones, Brukman Hermanos de electrodomésticos y Confecciones Brukman. Las 2 primeras empresas ya quebraron. En 1999 se modificó la razón social de la última por Cebex S.A. a la que se declaró en quiebra un año después. La empresa solicitó convertirla en concurso preventivo de acreedores para lo cual la ley exige presentar los balances de los últimos 3 años. Nunca se presentaron. Tampoco los libros contables. Sin embargo, el juzgado favoreció a la empresa convirtiendo la quiebra en concurso. A partir de ese momento comienza un endeudamiento creciente que en la actualidad y según palabras de su apoderado, el abogado Jaime Muszkat, alcanza «unos cinco millones de pesos», de los cuales, «2 millones 700 mil pesos» corresponden a deudas con el Estado, sostiene Miryam Bregman, abogada de los trabajadores. Pero mucho antes, desde mediados del ’95, los obreros recibían vales semanales en lugar del sueldo mensual.

«Nos daban vales de $ 100 semanales, que después se convirtieron en 90, 80, 70 y al final 5 y 2 pesos», recuerda el costurero Macario Avello, «a mí todavía me deben $ 4.800. En los últimos años teníamos que trabajar gratis los sábados como «aporte» voluntario, bajo la amenaza de cierre» y «todo el tiempo nos apuraban para que entreguemos 1000 trajes por semana para que ellos pudieran cobrar un cheque que después nunca aparecía», agrega Amalia.

Los Brukman tampoco realizaban aportes jubilatorios, no pagaban cargas sociales ni jubilaciones desde 1999. Habían emitido 218 cheques sin fondo por un total de $ 750.000 y la AFIP-DGI les reclamaba más de $ 400.000 por no pagar impuestos. La Aseguradora de Riesgos de Trabajo les rescindió el contrato por falta de pago en setiembre del 2001. Dos meses después, cuando murió Marcelo Rojas, empleado de 28 años, no le pagaron el seguro de vida ni el fallecimiento. «Para velarlo -explicó Sara, su madre-, la única ayuda que recibí fue la de los empleados, que juntaron $ 100 y me los acercaron».

El 14 de diciembre cobraron el último vale y fueron citados por el Jefe de Personal para 4 días después. Cuando volvieron, los patrones habían desaparecido.

«En realidad nunca fue una toma pensada -comenta Celia Martínez-. Fue por accidente. Nosotros nos quedamos esperando que nos trajeran la plata que nos habían prometido. Ya había comentarios de que querían cerrar la empresa y eso nos asustaba más. Como no vinieron más, entre el 18 de diciembre a la noche y el 19 tomamos el mando hasta que nos pagaran. No pedíamos todo lo atrasado en aguinaldo y vacaciones sino un vale mínimo de 50 ó 100 pesos para poder seguir porque se venía Navidad. Después se llenó de compañeros la vereda, los que querían entrar entraron y los que no se quedaban afuera. Y así fue como comenzó todo».

Otro caso que ilustra nuestra argumentación acerca de la responsabilidad empresaria es el de la Clínica El Buen Samaritano dependiente de la Mutual Evangélica que cerró en 1998.

Uno de los directivos de la Mutual había sido el Dr. Héctor Lombardo, ex-ministro de Salud durante el gobierno De la Rúa. «Desde el ministerio pudo reabrir la clínica, gerenciada por una empresa llamada Apgen New Life», informa Daniel Coria, enfermero y actual presidente de la Cooperativa de Salud Medrano.

La clínica reabrió en agosto de 2001. El ministro -según Coria-, logró derivar hacia la clínica a los 30.000 afiliados de la Obra Social del Correo y por cada uno el Estado pagaba $ 18 mensuales. A esa clientela cautiva se sumó la de los gremios ferroviarios y marítimos. Pese a la masa de dinero, que sólo en el caso del Correo representaba la suma de U$S/$ 540.000 mensuales, los sueldos no se pagaban o se pagaban tarde.

La caída de De la Rúa terminó con el negocio de El Buen Samaritano que fue vendida a una empresa editorial, Plus Ultra, que a su vez estaba concursada. Durante 2002 los trabajadores recibieron telegramas de suspensión hasta que el 2 de octubre optaron por tomar el edificio. Poco después 20 trabajadores quedaron a cargo de la clínica y se les otorgó la matrícula como cooperativa, comenzando a trabajar el 18 de noviembre con apenas 2 médicos contratados. Actualmente hay 200 socios que pagan una cuota de $ 3 mensuales, unos 150 particulares que se atienden regularmente y 45 profesionales. Han realizado convenios con 2 empresas recuperadas: Chilavert (imprenta) y 26 de Setiembre (computación) y con la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).

Estos ejemplos demuestran que en más de un caso y a pesar de la crisis económico-social que soporta nuestro país desde hace décadas, varias de sus empresas han sido utilizadas como pantalla de maniobras tendientes a sostener el beneficio patronal, si no ¿cómo se explica que puestas a funcionar por sus trabajadores alcancen niveles relativamente aceptables de viabilidad económica? Analicemos más de cerca el caso de Clínica Medrano.

Minimizar la ganancia, maximizar la eficiencia

«Creemos que la medicina en esta época es todo comercio. Si funcionáramos como el resto del sistema de salud, primero te ve un clínico, le decís que te duele algo, no te pregunta nada y te da una orden para el cardiólogo; pagaste el clínico y el cardiólogo que te dice: ‘esto es muscular’ y te manda al traumatólogo que a su vez te deriva al kinesiólogo y así hasta el infinito. El médico generalista rompe este esquema de medicina fragmentada porque recurre a la vieja sabiduría de conocer a la persona y su circunstancia para saber cómo actuar. El dolor de cabeza de alguien que vive frente a una computadora no es el mismo que el de la madre que tiene 5 hijos», dice Coria y agrega: «Yo soy enfermero y hacía la distribución de la medicina en todos los sectores. Un día estaba con un médico y le cae un administrativo con un memorándum en el cual decían que a los afiliados al Correo no les mandara hacer estudios ni radiografías ni nada que represente un gasto. Y, al revés, a los particulares le ordenaban que les mandara análisis, estudios, cualquier cosa. Era la forma de maximizar la ganancia».

Trabajando a un 30% de su capacidad, el dinero recaudado permite pagar todos los insumos de laboratorio y rayos, los médicos, los gastos fijos y los viáticos para movilidad de la cooperativa. Por ahora, los miembros de la cooperativa no reciben sueldos y se mantienen con bolsones de comida que le entregan diversos sectores y movimientos. «Todo depende de no bajar los brazos. Es una pelea abierta, como todas las cosas en la vida. O das la pelea o te retirás sin pelear. Por la mitad no tiene sentido. Acá la pelea es por algo nuestro. El final es obtener una salida laboral que se complemente con un proyecto de salud diferente, para todo el mundo, tenga o no plata», concluye Coria.

Uno de los casos más exitosos es el de Zanello que actualmente abastece el 80% del mercado local de tractores. Los trabajadores de esta fábrica no se constituyeron como cooperativa sino como sociedad anónima, en la cual los trabajadores tienen el 33%, los concesionarios, que pusieron el capital, otro 33% y el personal jerárquico y superior, otro 33%. El 1% restante es propiedad del estado municipal local que dictó las normativas que hicieron posible la expropiación de la planta.

Se trata de la única fábrica nacional de tractores ubicada en la provincia de Córdoba. LLegó a ocupar 400 trabajadores. Un fallo judicial del 28 de diciembre del 2001 la entregó a sus empleados que 3 meses después eran unas 60 personas. Por aquel tiempo sacaron al mercado un nuevo modelo diseñado por obreros y técnicos y consiguieron vender 2 tractores. Para setiembre eran 240 trabajadores y producían y vendían un tractor por día a un costo 30% inferior a John Deere, es decir, lograron recuperar y aumentar la producción y los puestos de trabajo. Todos los trabajadores, desde el más alto ejecutivo hasta el personal de maestranza, cobran el mismo salario, equivalente a U$S 150 mensuales.

Cerámica Zanón S.A.: la planta de cerámicos y porcellanato más grande de América Latina

Los obreros de Cerámicas Zanón, ubicada en la provincia de Neuquén, se sorprendieron cuando después de 2 días de trabajo, habían realizado un 10% de la producción mensual, unos 100.000 metros y tenían la cantidad de material suficiente para pagar los sueldos de todo el personal y los servicios, trabajando sin patrón ni supervisores que les marquen el ritmo o les den órdenes.

«Producir sin el patrón es una satisfacción inexplicable. El saber que desarrollás el producto, que lo ves prensar, decorar, salir en una caja. El saber que lo que hiciste es tuyo es un orgullo muy lindo, te obliga a hacer las cosas mejor, es un buen incentivo», comenta uno de los trabajadores y agrega: «antes la persona que trabajaba en una máquina estaba como atada, no podía fumar, no podía tomar nada, no podía ir al baño. A las 3 horas de estar sentado, haciendo una tarea minuciosa que se repite miles de veces por día, comenzabas a dormirte. Ahora, cada vez que te cansás, tomás un mate, prendés un cigarrillo, estirás las piernas».

Esa es la situación en todos los sectores. Una especie de liberación de energías y creatividades, de alivio por no tener el ojo del patrón en la nuca y poder trabajar en libertad.

Un viejo encargado, Manotas, señala: «Acá hay mucha capacidad, están experimentando, haciendo nuevos modelos». Se refiere a las series Mapuche y el Obrero. El Obrero es un cerámico compacto, de decoración simple, pensado para abastecer a un mercado de menor poder adquisitivo. La serie Mapuche, en homenaje a los pueblos originarios, es de una fineza en el diseño que sorprende a los entendidos.

Además, en todos los sectores se está produciendo un ahorro muy grande. Un buen ejemplo es el laboratorio, lugar sagrado y prohibido donde sólo entraban hombres de guardapolvo que comían en comedores separados y no tenían ningún contacto con los obreros. Eran, en su mayoría, ingenieros y técnicos químicos, que ganaban un poco más de sueldo que los operarios y tratados en forma diferenciada. Allí se elaboraban los pigmentos que luego se utilizarían para decorar los cerámicos, los materiales más caros que no se pueden derrochar en lo más mínimo. Nada podía fallar porque la menor tonalidad, el menor detalle, significan miles de cerámicos tirados a la basura.

Con la ayuda de un técnico, y en reemplazo de un ejército de ingenieros, 3 trabajadores pusieron manos a la obra. Trabajaban en el sector pulido y en selección de material, nunca habían imaginado tener a su cargo tanta responsabilidad. Primero hablaron con el técnico, aprendieron las fórmulas, los trucos y luego hablaron con cada compañero de cada línea porque «nadie conoce el trabajo mejor que ellos» y así aprendieron la mayoría de los procesos. En las líneas de producción, donde antes anónimos trabajadores pasaban las horas en silencio, descubrieron al ingenieron colectivo que hace marchar la fábrica.

Reynaldo, antiguo trabajador de la línea, está encargado de mantenimiento del gas. Su primer conquista fue «que no haya más olor a gas, ni pérdidas que aumenten el consumo y pongan en peligro la fábrica».

También la organización del trabajo cambió muchísimo con la gestión obrera. Antes había un ejército de supervisores -uno cada dos obreros-, armados de planillas y handies. La burocracia era tremenda. Algunos tenían la tarea de buscar en los tachos de basura restos de yerba mate para delatar a quienes la habían consumido. La prohibición de tomar mate dentro del perímetro de la fábrica fue el primer reglamento que derrumbaron los trabajadores. Otra de las resoluciones adoptada por la asamblea de trabajadores fue elegir coordinadores por sector que se reúnen 3 veces por semana acompañados por un trabajador que va rotando para que todo el mundo esté informado. «Que te propongan como coordinador es un orgullo, pero seguís siendo uno más, acá no hay niveles jerárquicos, simplemente sentís más obligaciones», sigue el relato Manotas, «la gente no está presionada. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Es muy distinto al trato con el patrón que viene y te ordena hacé esto o aquello sin ninguna información. Acá sabemos todo, lo que se gasta en luz, en gas, en sueldo. Yo tengo mi visión pero también cuenta la del resto. Ellos conocen el sector. Yo no les puedo decir lo que tienen que hacer, es la suma de un montón de voluntades y lo que uno trata de coordinar es todo ese esfuerzo».

No todas son rosas

Muy cerca de Zanón, en la vecina provincia de Río Negro, está ubicado el Frigorífico Fricader. Tomado por sus trabajadores que permanecen dentro de la planta desde hace poco más de un año y constituídos en cooperativa, se mantienen de la venta de cerámicos cedidos por los obreros de Zanón y de la elaboración de chorizos. De costumbres pueblerinas, con dificultades para expresarse, la mayoría de los trabajadores cuentan con más de 20 años de servicio. La
deuda empresaria totaliza $ 6.000.000, de los cuales $ 500.000 corresponden a sus trabajadores. La jueza que entiende en el concurso de acreedores les propuso que si se hacían cargo del pago total no tenía inconvenientes en entregarles la planta. Frente a esto los trabajadores plantean la expropiación y que Fricader cubra la deuda con otras propiedades.
La confianza en el poder político, las instituciones oficiales y la Justicia les viene jugando una mala pasada. Aunque el Consejo Deliberante de Gral. Roca sacó una Ley considerando el frigorífico de «utilidad pública», la Legislatura provincial archivó el proyecto, probablemente bajo la influencia del gobernador Verani que favorece la venta a un matadero vía remate judicial por la suma de $ 800.000. Mientras tanto, para producir necesitan la autorización del Senasa sin la cual no pueden vender carne legalmente y sin la tenencia de la planta no obtendrían el visto bueno del organismo sanitario, un círculo vicioso que aprieta los estómagos de los trabajadores y ya ha desgastado a la mayoría de los integrantes de la cooperativa y producido su alejamiento.

En abril, reunidos con el secretario gremial de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) filial Neuquén, pudieron conocer el caso de El Petróleo, cooperativa de transporte, constituída mediante un arreglo extrajudicial por el cual la patronal transfirió los colectivos a cambio de la deuda salarial que tenía con los trabajadores. Previamente estuvieron 200 días cortando una ruta con un piquete. Antes de llegar a la solución definitiva la estrategia empresaria fue desgastar el conflicto, incluso ayudada por otros empresarios del sector que lograron reclutar a 10 trabajadores.

Tirando vallas, construyendo el futuro

El desalojo violento de las trabajadoras de Brukman, en abril pasado, ordenado por 2 jueces de la ex-dictadura militar, cumplido a rajatabla con la participación de 1.500 efectivos de la Policía Federal, dependiente del Ministerio del Interior y bajo la atenta mirada de sus ex-dueños, es la muestra contundente de las dificultades que enfrenta el movimiento de empresas autogestionadas.

La fábrica había sido desalojada por la policía en dos oportunidades anteriores y vuelta a recuperar por el accionar conjunto de los trabajadores, movimientos de desocupados y de DD. HH., asambleas barriales, jóvenes y partidos políticos de izquierda.

En esta última oportunidad, según la orden judicial, el desalojo debía realizarse «bajo secreto de sumario», es decir, en forma clandestina y sin derecho a defensa y con la realización de «previas tareas de inteligencia» para determinar el momento oportuno, dejando expresa constancia de que «no hay supremacía de la vida y la integridad física frente a los intereses económicos».

El 21 de abril a las 17:30 las trabajadoras intentaron recuperar la fábrica acompañadas por cerca de 10.000 manifestantes que fueron duramente reprimidos y perseguidos hasta 25 cuadras de la fábrica. Tres días después se instalaba un acampe en la esquina y la «vigilia obrera» se prolonga hasta el momento reclamando:

* Fuera la policía de Brukman.
* Restitución de la fábrica a los trabajadores.
* Expropiación sin pago inmediata y definitiva de inmuebles, maquinarias y marcas de Brukman Confecciones, para que los trabajadores continúen con la producción bajo gestión obrera.
* Que el Estado garantice como mínimo los salarios de convenio colectivo del sector.
* Por la entrega de un subsidio no reintegrable de $ 150.000 como capital inicial de trabajo para ampliar y diversificar la producción e incorporar más trabajadores actualmente desocupados.
* Que el Estado compre la producción en función de las necesidades de hospitales, escuelas y otras instituciones, así como de la población carenciada.

En marzo de 2002, la Legislatura porteña había rechazado un Proyecto de Ley que contemplaba estas reivindicaciones, reiteradas por los trabajadores en octubre del mismo año ante la Comisión de Desarrollo Económico donde señalaban «no estar cerrados a alternativas intermedias» aunque rechacen la idea de aceptar un «microemprendimiento» como sugieren las autoridades nacionales y de la ciudad de Buenos Aires.

También Zanón ha pasado por duros ataques.

A un año de la ocupación (octubre 2002), la fábica fue atacada por una banda de unas 50 personas, la mayoría jóvenes que habían sido reclutados entre la «barra brava» del club Cipolletti y barrios pobres de la zona, encabezada por Oscar Montes, un ex-obrero electricista y ex-secretario general del sindicato ceramista de Neuquén durante más de una larga década. Dos años después que fuera desplazado por una asamblea, estaba nuevamente en las puertas de Zanón comandando un grupo de civiles con el objetivo de entorpecer la producción y presionar por una salida judicial que favoreciera a la antigua patronal que invirtió $ 5000 por día para financiar lo que no había podido lograr legalmente: el desalojo violento.

Enfrente se agrupaban 700 personas, entre obreros, familiares y organizaciones solidarias que defendían todo el perímetro de la fábrica.

Después de 4 días de enfrentamientos, en medio del festejo de los trabajadores, los atacantes se retiraron sin haber logrado su objetivo.

En abril del corriente año la patronal vuelve a intentar el desalojo apoyada en un fallo de la justicia nacional que ordena a los síndicos la toma de posesión y elaboración de un inventario.

La posibilidad de desalojo moviliza a la comunidad neuquina en defensa de los 270 puestos de trabajo y los 40 creados recientemente.

El amplio arco de alianzas sociales y políticas incluye al obispado de Neuquén y a la Pastoral Social que exigen a los 3 poderes públicos preservar los puestos de trabajo y convocan a «todos los cristianos y ciudadanos a sumarse con una actitud no violenta en defensa del trabajo digno y de la paz». Consultado por la prensa sobre la actitud de la iglesia católica, el obispo Marcelo Melani sostiene: «Hoy, los trabajadores de Zanón, dan una muestra de que es posible a partir de su esfuerzo de 17 meses, de su entusiasmo y de su inteligencia, llevar adelante una fábrica que brinda un trabajo digno para ellos y sus familias».

Asimismo, el sindicato de docentes de Neuquén (ATEN) pidió a los maestros que procuren sumar a los padres al apoyo gremial brindado a los obreros, utilizando el cuaderno de comunicaciones de sus alumnos. A ellos se suman la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), los docentes universitarios (ADUNC) y la Federación Universitaria del Comahue (FUC), que junto a organizaciones de trabajadores desocupados, resolvieron un paro provincial con movilización, cortes y ocupaciones en caso de intento de desalojo.

La solidaridad cruza el puente que separa la provincia de Neuquén de la vecina Río Negro, donde los docentes nucleados en la UNTER se pronuncian a favor de los obreros y también en repudio al intento de desalojo.

El 8 de abril, 1500 manifestantes impidieron por tercera vez el acceso a los síndicos. Al día siguiente los hornos volvieron a encenderse y la producción de la planta se puso nuevamente en marcha.

Alentados por el triunfo los trabajadores presentaron en la Legislatura provincial un Proyecto de Ley de estatización bajo control obrero, acompañado por un petitorio con más de 40.000 firmas. En uno de sus últimos párrafos sostiene:

«Zanón es del pueblo» dicen los obreros ceramistas y repite la comunidad de Neuquén. La cesión de tierras provinciales, los beneficios y promociones industriales, los créditos multimillonarios impagos otorgados por el estado nacional y provincial, las compras millonarias de producción y, principalmente, el trabajo acumulado de los obreros, hicieron grande esta fábrica en que la patronal sólo ha demostrado capacidad para concretar lock out y concursarla … Es por eso que no corresponde indemnización alguna como consecuencia de la presente expropiación.

IMPA. El primer paso de un larga marcha

Fundada en el año 1918 por empresarios alemanes en el barrio porteño de Almagro, fue la primera empresa en fabricar aluminio. Nacionalizada al finalizar la Segunda Guerra Mundial por Juan Domingo Perón, allí se fabricaron los únicos aviones a reacción que se hicieron en América Latina. En 1961, el gobierno desarrollista decidió que se convirtiera en cooperativa siendo manejada por su directiva como una empresa privada.

Para 1997, la competencia del monopolio Aluar redujo a un puñado los más de 500 trabajadores que la planta supo tener. Ante el peligro de cierre inminente y con la electricidad cortada por falta de pago ocuparon la planta con la ayuda de activistas sindicales vinculados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes, instalaron una olla popular con apoyo de vecinos y comerciantes del barrio, expulsaron a la vieja dirigencia cooperativa y eligieron un nuevo Consejo de Administración.

Lejos estaban los días de 1964 en que alrededor de 3.000.000 de trabajadores ocuparon cerca de 4000 empresas en Argentina. Tampoco formaba parte del juego de presiones al poder político que por aquellos años manejaba con maestría el Secretario General de los metalúrgicos, Augusto Timoteo Vandor. Apenas eran 15 obreros con problemas de sueldo.

«A veces no nos daban nada y otras 2, 3 ó 5 pesos. Finalmente, unas 50 personas, entre trabajadores y otros que habían sido despedidos, tomaron la fábrica durante 18 días hasta que la Comisión Directiva aceptó que fueran los propios trabajadores quienes controlaran la empresa. Lo hicimos por desesperación», afirma Oracio Campos, un mecánico de laminación de 65 años que se desempeña como presidente de la cooperativa, «no teníamos adonde ir y nos jugamos. Nos salió bien y hoy podemos contar el cuento».

Al poco tiempo, tomaron 2 decisiones estratégicas: comprar chatarra de aluminio para abaratar costos y eludir la competencia de Aluar e incorporar un excedente de viejo personal en tareas de mantenimiento. La decisión fue tomada por una asamblea que consideró que luego de 30 ó 40 años de servicio en la empresa y ante el robo de la jubilación, era más digno que trabajaran en la fábrica que darles un subsidio para que se quedaran en sus casas. Esta lógica pone patas para arriba la del capitalismo orientado por una conducta de clase exactamente opuesta.

Además, como en Zanello, todos los trabajadores cobran lo mismo, sin importar el cargo que ocupen. Si mejora la facturación, aumenta lo que recibe cada uno «a cuenta de resultados». En los últimos meses fueron entre $ 750/800, pese a que siguen pagando deudas que dejó la administración anterior.

Aunque formaron equipos y, como en Zanón, sustituyeron a los capataces por coordinadores de áreas o taller que son los encargados de repartir el trabajo, en algunas secciones funcionan de forma vertical «porque el mercado les exige tomar decisiones muy rápidas».

Actualmente, la principal producción de IMPA es vajilla descartable, pomos para dentrífico, envolturas de golosinas y bandejas de catering, ocupan 136 trabajadores y tienen ingresos mensuales de U$S 152.000 contra U$S 200.000 que obtenían en 1997.

«Ocupar, resistir y producir»

IMPA constituye una de las referencias centrales del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que se constituyó en los primeros meses del año pasado, reuniendo unas 100 firmas en las que trabajan aproximadamente 10.000 personas.

Defienden la forma jurídica cooperativa ya que según el abogado Luis Caro, uno de sus voceros, «facilita el acceso al crédito y el reconocimiento legal necesario para desarrollarse como empresas rentables».

En la provincia de Buenos Aires lograron que se sancione la Ley 5708 que permite al gobierno expropiar los bienes inmuebles y cederlos en comodato a los trabajadores y, según sea el caso, en donación. A setiembre del 2002 se habían realizado unas 20 expropiaciones bajo esta legislación.

Por aquel tiempo, también la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó la expropiación de 2 fábricas que funcionaban autogestionadas por sus trabajadores: la imprenta Chilavert y la fábrica de materia prima de postres helados Ghelco. Estas nuevas leyes dispusieron 2 tipos de expropiación: a) temporaria -por 2 años-, de los edificios donde funcionaban y b) definitiva, en el caso de las maquinarias y otros bienes imprescindibles para la producción. Los equipos son cedidos en comodato a las cooperativas de los trabajadores y durante 2 años el gobierno pagará el alquiler de los edificios a los acreedores de cada quiebra, luego de este período las cooperativas tendrán prioridad en la compra de la fábrica.

Frente a las empresas autogestionadas por sus trabajadores que reclaman la estatización bajo control obrero, como son los casos de Brukman y Zanón, Jorge Abelli, otro de los dirigentes del MNER, sostiene que la propuesta cooperativa supone no delegar las tareas de dirección en instancias ajenas al colectivo obrero, que pasa por asumir todas y cada una de las responsabilidades y riesgos, incluyendo la comercialización de los productos y enfatiza: «no parece oportuno entregarle las empresas que hemos recuperado y puesto en funcionamiento con mucho esfuerzo a este Estado mafioso», al mismo tiempo, marca los límites del movimiento: «Nosotros siempre tomamos empresas quebradas, nunca las que todavía están funcionando, porque nuestro objetivo es librarnos del destino marginal que significa estar desempleados».

Precisamente, al ser una experiencia restringida y al no generalizarse al conjunto de la industria y los servicios, está siempre presente la amenaza de perder la posición conquistada. Tal vez en este sentido, el planteo de Zanón y Brukman sobre la estatización sea un salto en relación a las experiencias de las otras ocupaciones que organizaron cooperativas.

Más allá de esta valoración, es indudable que todas estas experiencias, se trate de formas cooperativas o no, demuestran que sus protagonistas comienzan a librarse de las viejas costumbres de pasividad, sumisión y obediencia dentro de la vida económica. Afirman la cooperación y la solidaridad, superando el sentimiento de impotencia frente al patrón. Se inicia un proceso de desajenación, de emancipación en el sentido real del término y ponen en discusión la cuestión del dominio del capital sobre las máquinas y el trabajo. En ese sentido tienen un enorme valor pedagógico.

De todos modos, la idea de la apropiación de los medios de producción por cooperativas aisladas y autoadministradas en el seno de un sistema capitalista de producción es cuanto menos utópica. O fracasan o se transforman inevitablemente en empresas que establecen relaciones capitalistas de explotación con el mundo exterior. De allí, que la falta de coordinación concientemente buscada, no sólo facilita a los empresarios el apoyo del aparato estatal, para atacar y reducir separadamente las experiencias autogestionarias, sino que impide extender la lucha colocando a los trabajadores en el terreno donde son más débiles, el de la competencia en el mercado capitalista donde deben concentrar todos sus esfuerzos en la organización de una producción tanto o más amenazada cuanto más aislada se encuentra, reduciendo sus decisiones a la distribución del ingreso dentro de la empresa.

Además, la política del gobierno en materia fiscal, de crédito, monetaria, comercial, exterior, etc., puede modificar de un día para otro las condiciones en que producen, haciendo aún más necesario contar con proyectos económicos alternativos e informar a la opinión pública con el objeto de ganar aliados.

Los intentos de coordinación a través del MNER, los Encuentros de Fábricas Ocupadas y Trabajadores en Lucha organizados por Brukman y Zanón o las Asambleas de Trabajadores Ocupados y Desocupados organizadas por el Bloque Piquetero Nacional, se han mostrado insuficientes y de hecho han agrupado a las distintas experiencias de acuerdo a referencias políticas que en más de una oportunidad actúan como verdaderos «corralitos» que impiden a los trabajadores una verdadera solidaridad.

También, «La Fábrica, Ciudad Cultural», centro cultural autogestionado en IMPA, en el que funcionan talleres y cursos, se realizan fiestas, funciones de teatro, cine, etc., representa otro buen intento de articulación con la comunidad. Este espacio funciona desde hace 4 años. Hace escasos 6 meses se le sumó Grissicultura, en el predio de la fábrica Grissinópoli del barrio porteño de Chacarita.

La constitución de la Mesa Coordinadora del Alto Valle, que agrupa a los obreros ceramistas con el Movimiento de Trabajadores Desocupados (Neuquén), el Sindicato de Televisión, gremios docentes de la zona, universitarios, personal de los hospitales y organismos de DD.HH., si bien de alcance regional, será central en la defensa y apoyo a la lucha de Zanón.

Nuestra Lucha, periódico de los trabajadores de Brukman y Zanón, con la intervención del Cuerpo de Delegados de Luz y Fuerza (Córdoba) en una primera etapa y actualmente de Supermercado Tigre (Rosario), representa otro de los esfuerzos por vincular las fábricas autogestionadas por sus trabajadores con los movimientos de desocupados, asambleas barriales y el movimiento obrero ocupado.

A modo de conclusión

A lo largo de nuestro trabajo hemos querido mostrar lo más ampliamente posible el movimiento de empresas autogestionadas por sus trabajadores en Argentina, respetando su variedad organizativa y política. También hemos señalado sus limitaciones. Hemos guardado nuestras opiniones personales para mejor momento haciendo participar activamente a los trabajadores en el relato; ¿por qué? Porque la totalidad de estas experiencias comienzan por la necesidad de conservar el empleo y trabajar con dignidad y cabría preguntarnos ¿qué podemos hacer para proteger estos espacios para que puedan desarrollarse, en lugar de pelear sólo por su supervivencia?