"...si por desgracia hubiéramos aflojado estaríamos bajo tierra."

Juan José Castelli

Andrés Figueroa Cornejo

Supervisado paternal y obligatoriamente por metodologías del Fondo Monetario Internacional (productor de deuda con hegemonía norteamericana para ganar y orientar economías dependientes), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló que la inflación de enero de 2014 llegó a 3,7% en los precios minoristas y a 4,9% en los mayoristas. Desde que el INDEC fue intervenido por el gobierno nacional el 2007 que no se ofrecía una cifra tan verosímil respecto de la inflación o Índice del Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, casi de soslayo, el Ejecutivo transparenta la crisis argentina, perdiendo su estado de pura 'sensación térmica' y creación mediática. En el corto plazo, la Casa Rosada y el empresariado usarán los nuevos números del IPC como una señal fosforescente dedicada a la fracción de los trabajadores que puede negociar colectivamente su salario (atrasado por lo menos en un 30 % anual, según el economista Julio Gambina) y así modere su exigencia a la hora de las paritarias que comienzan en marzo con los docentes.

Ese es el mensaje que le toca a la fuerza de trabajo organizada tradicionalmente. Si bien el resultado de las negociaciones opera como cifra referencial para la mayoría de los asalariados que están inhabilitados para pactar nada, ¿en qué condiciones quedarán los trabajadores en negro, los que no pueden sindicalizarse por imposición factual o contractual, los que se desempeñan en pymes y trabajos basura, los niños y mujeres expoliadas en el campo y el comercio, los jubilados, los migrantes fronterizos, la mayoría que sobrevive de la venta  de su trabajo y la deuda, los que sólo sienten algo parecido a la vida fuera de su horario laboral?

Sin embargo, el permiso forzoso de vigilancia del FMI ofrecido por el gobierno de turno tiene como sentido político-económico superior y estructural disminuir el riesgo-país para aminorar los costos de la inversión y cumplir con los requisitos para solicitar nuevos créditos a esa propia entidad y otras. Es decir, para intentar reconquistar a los capitales que se reproducen en otros lechos, lejos de la economía local, y calcificar el famélico ahorro estatal para poder hacer frente a las deudas varias.

Demolida la escenografía de cartón nacional-desarrollista, también se aclara el lugar de Argentina en la crisis mundial que atraviesa el capitalismo desde el 2007. La combinatoria de estanflación, déficit de reservas fiscales y de balanza comercial, cancelación de deuda externa ilegal y especulación en toda la cadena de valorización del capital (producción (no importando su procedencia)-distribución-consumo) obliga a una administración política liberal a observar confesionalmente el manual de los ajustes estructurales que gobiernan el capitalismo del siglo XXI para economías periféricas.

Si no hay nacionalizaciones estratégicas -comercio exterior, banca, servicios básicos; gran industria sojera, petrolera, minera, frutícola y cerealera; textil, siderúrgica, del plástico, del montaje automovilístico, del transporte- ni hay reforma agraria en vistas de la soberanía alimentaria, entonces hay devaluación del peso en relación a la divisa dominante, disminución real del salario, más explotación laboral, más subcontratismo, más informalidad y subempleo, más concentración del capital; rebaja de requisitos jurídico-laborales y ambientales para los inversionistas; más primarización agrosojera, desfinanciamiento de la salud, la educación, las pensiones, y menos recursos para programas de contención social y formadores de clientela electoral. Más miseria, más ferias libres para vender lo que sea.

Y como los salarios tampoco alcanzan para llegar a fin de mes, en consecuencia, hay deuda. Pero ni siquiera deuda bancaria para el consumo porque las exigencias para morigerar el riesgo que corre la banca convencional son imposibles de reunir. Se trata de deuda tomada en financieras donde el Esquema Ponzi (http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_Ponzi) hace nata y el pago en cuotas del retailer (tiendas y supermercados) no está ni siquiera centralizado informáticamente, lo que promueve aún más el crédito descontrolado. ¿En cuántos salarios estará endeudado un trabajador promedio en Argentina? ¿Habrá comenzado la crisis de morosidad?

Pero las nacionalizaciones por sí mismas no son garantía de un pasar más llevadero para las grandes mayorías si no es la propia sociedad organizada quien se hace parte protagónica y sujeto de administración racional del excedente proveniente de las nacionalizaciones. De esa manera, recién podría hablarse de propiedad social. No olvidando, claro está, que el Estado argentino es burgués y que, por tanto, sólo el devenir sin fecha de la lucha de clases determinará las condiciones, tiempos y modos de la realización de las medidas arriba amontonadas.

Ahora bien, el Estado argentino no sólo es burgués, sino que su forma de administración actual, al igual que en la inmensa mayoría del continente, corresponde a una democracia representativa eminentemente antipopular, sin pueblo, sin participación significativa de la sociedad. La gente tiene derecho a opinar y a reunirse en tanto sus opiniones y reuniones no devengan en armadura orgánica conciente de sus intereses, en acción y, en consecuencia, en posibilidad de superación política anticapitalista de lo que existe inestablemente, pero bien o mal mantiene el orden de las cosas. El orden del movimiento interno de la explotación del trabajo humano, del saqueo extractivista, de la mansedumbre y distracción social necesaria para ganar tiempo por arriba, del consenso y naturalización de la desigualdad general  a cambio de la libertad de la juventud empobrecida para elegir un equipo de fútbol y verter su indignación en los estadios.

El gobierno argentino no confía en la sociedad. Tiene cara de madre, pero es un padre opresivo que busca la infantilización política de la mayoría y sólo aprecia y premia la obsecuencia. En Argentina no existen plebiscitos ni consultas populares sobre ámbitos revelantes de la vida. Ni siquiera para conocer las preocupaciones y propuestas de la gente. A nivel municipal, a veces, hay cabildos consultivos, pero jamás vinculantes. Son la dramatización repetida del muro de los lamentos, el lugar de la queja, el grito ineficaz, el anhelo y la exposición estudiada antes de archivarse nuevamente.

Sin trabajadores y pueblos enfrentando de manera unitaria y solidaria -no corporativa y dispersamente- la ofensiva liberal, con independencia de los partidos políticos funcionales al capital, del empresariado y del Estado, se encogen las posibilidades de que el movimiento popular concreto pase de la resistencia a la propuesta e iniciativa política y económica.

La crisis está en curso y es ahora mismo cuando se mide la estatura política y ética de los circuitos más conscientes del pueblo.