Por Ruperto Concha / resumen.cl

Hoy día Ecuador está enfrentando la segunda vuelta de su elección presidencial, en la que se define si mantendrá el programa revolucionario iniciado por el presidente Rafael Correa, o si regresará a la antigua política neoliberal, representada por el banquero Guillermo Lasso.

El candidato del régimen de Correa es su Vicepresidente, el profesor y pequeño empresario Lenín Moreno, de 64 años, a quien muchos comparan con el presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, ya que, como él, está confinado a una silla de ruedas, y propone un programa de gobierno que en muchos aspectos coincide con el New Deal que planteó Roosevelt para sacar a su país de la Gran Recesión de los años 30.

Según las 4 principales encuestas, Lenin Moreno se perfila como ganador, con una ventaja entre el 4 y el 11%. O sea, una ventaja que supera sólidamente los márgenes de error de esas mediciones.

El apoyo a Lenin Moreno se ha caracterizado principalmente por haber atraído a los sectores jóvenes, menores de 30 años, motivados sobre todo por su programa de impulso a la educación técnica y profesional y su repudio por la clase política tradicional.

A juicio de la mayoría de los analistas internacionales, la esperada victoria del socialista Lenin Moreno podría marcar el fin de una marea de victorias de la derecha que ha desplazado a importantes gobiernos de centro izquierda, como ocurrió en Argentina, Brasil y Perú, y, además, parece perfilarse también para las elecciones presidenciales de Chile, el año próximo.

Según editoriales de medios de diversas tendencias, la súbita crisis desatada por el fallo del Tribunal Supremo de Venezuela el 28 de marzo, sancionando a la Asamblea Nacional, podría tener un efecto inesperado que, eventualmente, quizá pueda inclinar la balanza en favor del derechista Guillermo Lasso.

Pero el tema de la situación en Venezuela ciertamente amerita dar a conocer abundante información que, al parecer, es desconocida incluso para muchos importantes políticos y analistas de la izquierda y la centro-izquierda de Chile.

Antes de eso, revisemos otros frentes tempestuosos con que se nos inicia este mes de abril en todo el ancho mundo.

Comencemos con el inmenso Paro Nacional que durante más de 10 días logró detener en forma absoluta toda actividad en la Guyana Francesa. A tal punto, que Francia tuvo que suspender el lanzamiento de un satélite artificial, programado para el 28 de marzo.

A diferencia de la antigua Guyana Británica, actual República de Guyana, y la antigua Guyana Holandesa, actual República de Suriname, la Guyana Francesa sigue siendo colonia de Francia, aunque bajo el título de Provincia de Ultramar.

Por supuesto, los grandes medios informativos ni siquiera mencionaron esta crisis, hasta que, el lunes 27, el gobierno de Francois Hollande tuvo que enviar a dos de sus ministros para negociar el final de la huelga que amenazaba con dejar a Francia sin su única base de lanzamiento de cohetes al espacio orbital.

El viernes se dio a conocer que los ministros comprometieron una inversión de más de dos mil millones de dólares para responder a las demandas inmediatas de Guyana, en materias de educación, salud e infraestructura, y además comprometió que el próximo gobierno que tenga Francia reanudará mayores negociaciones.

Sólo la prensa de Venezuela y Brasil dio cobertura esa crisis, que es ya considerada como demostración de que, llegado el caso, una nación entera puede declararse en huelga cuando su gobierno se muestra contumaz en desoír las demandas sociales.

Hablando de Francia, hay que hablar de Europa, donde ya están sintiendo que Washington de veras ha cambiado su política internacional. El viernes pasado el presidente Donald Trump firmó un paquete de decretos con fuerza de ley, imponiendo severas condiciones para el ingreso de productos europeos al país.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, denunció que Washington estaría violando las normas pactadas, y señaló que se le podría iniciar una demanda ante la Organización Mundial de Comercio. También la ministro de Economía de Alemania, Brigitte Zypries, señaló que ya es obvio que Estados Unidos está dejando de lado sus acuerdos de libre comercio.

Particularmente los nuevos gravámenes afectan a las exportaciones de Alemania, a la que Washington está acusando de influir decisivamente en la política monetaria de la Unión Europea, que mantiene grosera y artificialmente bajo el valor del Euro, con el objeto de obtener ventajas comerciales abusivas.

Simultáneamente, el Secretario de Estado Rex Tillerson, en su primera visita a la OTAN, dejó en claro que Estados Unidos exigirá a Canadá y los demás países miembros, aumentar pronto y fuerte sus aportes financieros a la Defensa. Más aún, anunció que Washington espera que en los próximos 3 años todos los países de la OTAN cumplan su compromiso de invertir en la Alianza Militar nada menos que el 2% del Producto Interno Bruto.

Para apreciar el peso de esa exigencia, hay que considerar, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto solamente de Alemania, es del orden de los 4 y medio billones de dólares. O sea, tendría que aportar el 2% de esa cifra. Lo que llega a 84 mil millones de dólares cada año.

Finalmente, también esta semana, Estados Unidos dejó con un palmo de narices a Francia y Gran Bretaña, al declarar que la situación en Siria debe resolverse con la eliminación militar del terrorismo islámico del ISIS, y luego por una negociación de paz en que el pueblo sirio sea el que decida sobre el futuro político del presidente Basher Assad.

O sea, Washington ya, simplemente, no pretende el derrocamiento de Assad.

Las tormentas mil con que nos llega el mes de abril da para muchas crónicas más. Pero en gran medida la reciente crisis política de Venezuela sintetiza los esfuerzos de Estados Unidos por mantener su hegemonía política, militar y económica, frente al avance imparable de China.

Según muchos de los más importantes analistas de la política mundial, para Estados Unidos conservar a América Latina como lo que han llamado "su patio trasero" es del todo indispensable. Y por eso, el surgimiento de gobiernos de centro izquierda tenía un carácter de emergencia estratégica.

La Revolución Bolivariana encabezada por Hugo Chávez en Venezuela, más la alianza con Argentina, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con Brasil, bajo los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Inácio Lula da Silva y Dilma Russeff, más el triunfo de Evo Morales en Bolivia, de Fernando Lugo, en Paraguay, de Rafael Correa, en Ecuador, Manuel Zelaya, en Honduras, Daniel Ortega en Nicaragua y José Mujica, en Uruguay, perfilaban claramente que la influencia de Estados Unidos en América Latina estaba derrumbándose.

Más aún, la imparable prosperidad económica de China hacía cada vez más que los instrumentos de dominio de Washington o Wall Street sobre nuestra región perdieran fuerza.

El recurso decisivo para detener el avance de la centro-izquierda en América Latina fue la gran crisis económica que estalló el 2008 en Estados Unidos, y que tuvo un efecto dramático de empobrecimiento de todos los mercados mundiales.

En esas circunstancias, y de manera todavía no explicada, se produjo la súbita caída del precio del petróleo, que se había acercado a los 140 dólares por barril, y en pocas semanas cayó a casi 30 dólares. O sea, perdió alrededor del 80% de su valor.

El efecto del abaratamiento del petróleo por cierto impactó a los grandes productores, desde Arabia Saudita hasta Venezuela. Rusia y Noruega lograron sobreponerse muy rápido, pues disponían de reservas financieras y de capacidad tecnológica para diversificar su economía.

Pero en los países latinoamericanos, especialmente Venezuela, pero también en México, Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador, la pérdida de ingresos fue gravísima, y se unió a la pérdida de valor de las demás commodities, o materias primas.

La pérdida de la prosperidad que se había alcanzado en una década, por cierto condujo a que una base social mal informada atribuyera el empobrecimiento a los gobiernos de centroizquierda. Y esa coyuntura fue hábilmente manejada para impulsar a los movimientos políticos de derecha que prometían un ilusorio retorno a la riqueza.

En esos momentos el gobierno de Barack Obama inició su campaña de demolición, comenzando por el derrocamiento del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, el 28 de julio de 2009, claramente apoyado el golpe por la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton. Tres años después vino el derrocamiento del presidente del Paraguay, Fernando Lugo, dejando establecido un procedimiento de "golpe blando", sin participación militar, que luego se adaptaría también a la política brasilera.

La estrategia de Estados Unidos para la recuperación de América Latina se adaptó hábilmente a las realidades nacionales. En Argentina, por ejemplo, logró que el demócrata-cristiano justicialista Sergio Massa, en segunda vuelta, apoyara activamente a la candidatura derechista de Mauricio Macri, dándole la victoria.

Y ciertamente llegó a extremos con el derrocamiento de la presidente del Brasil, Dilma Rousseff, en un escandaloso contubernio político judicial, pese a que ninguna de las acusaciones contra ella fue judicialmente demostrada.

Por el contrario, justamente ahora, esta semana el principal manipulador de la campaña para derrocar a Dilma Russeff, el ex Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue condenado a 15 años de presidio por corrupción, por sobornos y otros delitos.

En ese contexto, los baluartes que seguían desafiando la hegemonía de Washington eran básicamente 5. Bolivia, liderada por Evo Morales; Ecuador, por Rafael Correa, Nicaragua, por Daniel Ortega, Cuba y, sobre todo, Venezuela.

Ciertamente el descalabro económico de Venezuela, que había perdido alrededor del 70% de sus ingresos nacionales por la desvalorización del petróleo, llevó a que ese país fuese dramáticamente vulnerable a la agresión económica. Hubo junto a ello también un proceso de descomposición política y de corrupción, similar a la que hemos visto en los demás países latinoamericanos, en la clase política chilena, por ejemplo, y por cierto, menos grave que la corrupción en México. Pero la crisis política interna se energizó básicamente por el empobrecimiento y el desabastecimiento de bienes de primera necesidad.

A ello se agregaron dos elementos extremadamente poderosos: por un lado, una poderosísima campaña publicitaria y periodística en contra del gobierno de Venezuela, en un país donde la oposición tiene el 75% de los principales medios de difusión, entre canales de TV, radioemisoras y periódicos, a lo que se suma una estridente campaña anti venezolana a través de los grandes medios informativos de Estados Unidos y de Europa.

Y, junto a ello, se produjo un enorme acaparamiento de bienes y productos de primera necesidad, que luego eran vendidos en el mercado negro a precios exorbitantes. Y eso iba desde el papel higiénico y la harina, hasta los medicamentos.

En esas circunstancias llegaron las elecciones parlamentarias de finales de 2015, para renovar la totalidad de los diputados de la Asamblea Nacional, el congreso unicameral venezolano, en que la oposición obtuvo el 56,22% de los votos. Mientras que el Frente Patriótico, de gobierno, alcanzó al 40,91%. O sea, un 15% menos que la oposición. Pero, por el sistema electoral, esa diferencia de un 15% se tradujo en 109 escaños para la oposición contra sólo 55 para el gobierno.

La oposición pasó a controlar más de 2/3 del congreso, lo que le permitía aprobar la totalidad de los proyectos de ley que fuesen de su interés, sin que el ejecutivo tuviese posibilidad de veto. No obstante, un grupo de 6 diputados electos por el estado de Amazonas fue denunciado por irregularidades en el proceso electoral, y el Tribunal Electoral ordenó suspender sus nombramientos mientras se realizaba la investigación.

Estaba claro que, de comprobarse las acciones fraudulentas, el bloque opositor perdería los 2 tercios y su poder político se reduciría notoriamente. En esa disyuntiva, la mayoría de la Cámara optó por desconocer la objeción del Poder Electoral, el cual, entonces, apeló a la Corte Suprema. Esta acogió la apelación y emitió un fallo ordenando que se suspendiera la confirmación de los diputados posiblemente fraudulentos, mientras se realizara la investigación.

Pero, la Asamblea Nacional ignoró por completo el fallo del Poder Judicial y los diputados dudosos asumieron en propiedad sus escaños. Es decir, el Poder Legislativo desconoció al Poder Judicial, configurando desacato y violación a la Constitución Bolivariana, al descomponer la estructura del Estado, que se basa en la igualdad e independencia de los Poderes del Estado.

En realidad, la oposición venezolana, manteniendo el mismo espíritu que la llevó al frustrado golpe militar contra el presidente Hugo Chávez, el 11 de abril de 2002, ahora proyectaba aprovechar el ímpetu de su victoria parlamentaria para destituir al presidente Nicolás Maduro, como lo establece la Constitución Bolivariana, mediante un referéndum revocatorio.

Para la realización del referéndum es necesario presentar una solicitud suscrita por al menos un 20% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral. En ese proceso, el Consejo Nacional Electoral anuló la recolección de firmas en varios estados tras comprobarse un alto número de inscripciones fraudulentas. Había muchos muertos que aparecían firmando.

Eso desató una reacción extremadamente violenta de la oposición que ahora se centraba en el Congreso, con episodios criminales que incluyeron asesinatos de partidarios del gobierno. No obstante toda esa violencia y ante el apoyo total de las fuerzas armadas, y una visible recuperación de la imagen del gobierno, el enfrentamiento entre el legislativo y los demás Poderes del Estado definidos por la Constitución, se vio bastante morigerado.

Junto a ello, una leve recuperación del precio del petróleo, más grandes inversiones de Rusia y de China, así como la apertura de créditos, hizo evidente que la posición del Gobierno del Presidente Maduro continuaría recuperándose y fortaleciéndose, así como el bienestar de Venezuela.

De hecho, ya en enero de este año, Venezuela pactó un esquema de financiamiento rotatorio con China, por un volumen de 62 mil millones de dólares. Esa enorme suma no fue pactada en términos de deuda o de préstamo, sino como inversión que será pagada por las utilidades que genere, las cuales a su vez serán reinvertidas en Venezuela.

El esquema contempla 790 proyectos industriales y agropecuarios, de los cuales 495 ya están ejecutándose.

O sea, se perfila un potente proceso de diversificación económica que se traducirá en creación de miles de puestos de trabajo bien remunerados, a la vez que la distribución y abastecimiento de bienes de consumo ya está siendo rigurosamente fiscalizado.
Por cierto, además de consolidarse el gobierno bolivariano, este esquema implica una inmensa y exitosa presencia activa de China en América Latina, simultánea con inversiones del orden de los 30 mil millones de dólares en Cuba.

Dicho en términos claros: la consolidación del gobierno bolivariano en Venezuela equivale a crear una alternativa prácticamente invulnerable a la influencia hegemónica de Estados Unidos.

De ahí la necesidad de Estados Unidos y de la oposición venezolana de precipitar el momento histórico a una crisis decisiva. Para ello, la Asamblea Nacional inició de hecho acciones apuntadas a paralizar al gobierno. De partida, se negó a legislar para aprobar o modificar los acuerdos de inversión para la instalación de empresas petroquímicas mixtas, con capitales chinos y venezolanos.

La Constitución establece que sólo la Asamblea puede autorizar finalmente los términos de acuerdos o tratados comerciales, a partir de proyectos que presente el Ejecutivo. Al negarse a legislar, la Asamblea ha pretendido bloquear las inversiones chinas, sin importarle que con ello bloquee las posibilidades de recuperación de su propia patria.

También la Asamblea, sin ningún fundamento constitucional, elaboró y dictó algo que denominaron RESOLUCION PARLAMENTARIA, por la cual declararon que el Presidente Nicolás Maduro había hecho, fíjese usted, abandono de su cargo. Sobre esa base, los congresistas designaron y enviaron una delegación que supuestamente representaría al Estado de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos.
Fue en esas circunstancias, en ese contexto, que el Poder Judicial emitió el 28 de marzo el fallo en que, aplicando las disposiciones claras y textuales de la Constitución, declaraba momentáneamente inhabilitado al Poder Legislativo, de acuerdo al artículo 336 de la constitución que le otorga a la Corte Suprema la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Legislativo, cuando este haya dejado de dictar las normas y medidas indispensables para el cumplimiento de la constitución, o bien que las haya realizado en forma defectuosa o incompleta. La Corte Suprema, según el mismo artículo de la Constitución, puede fijar los plazos y, si fuese necesario, determinar cuáles tendrán que ser las correcciones.

El Presidente de la Corte Suprema, magistrado Maikel Moreno, enfatizó que los dictámenes de ningún modo han despojado al Parlamento de sus funciones, no lo ha disuelto ni lo ha anulado.

Simplemente, aplicando la Constitución, ha penalizado una conducta anticonstitucional del Congreso, eso mientras éste no corrija su abandono de funciones y su desacato a los demás poderes del Estado.

Se dejó en claro que la Corte Suprema, al eliminar los dos puntos más rigurosos de sus fallos, solamente actuó en conciencia, respondiendo a la petición del Consejo de Defensa Nacional y del Presidente de la República, con el fin de facilitar el retorno al diálogo y la colaboración indispensable entre los Poderes del Estado.

Desafortunadamente, el Presidente de la Cámara, Julio Borges, se negó a participar en la reunión del Consejo de Defensa del Estado y anunció que no habrá ninguna reanudación de conversaciones con el Ejecutivo.

Para la oposición, el objetivo es uno y simple: derrocar cuanto antes al gobierno, antes de que éste pueda consolidarse y superar la crisis.
Bueno, ¿es, entonces, la Asamblea, la víctima o la culpable? ¿Son culpables los otros 4 poderes del estado, establecidos en la Constitución, por no dejarse sobrepasar por un Legislativo ansioso de apoderarse del Gobierno? ¿Quién está tratando de dar un golpe de estado en Venezuela?

Hasta la próxima, amigos. Cuídense. Es necesario. Ud. ve, hay peligro.