[resumen.cl] Casi de manera unánime, el Senado aprobó el proyecto de Ley Aula Segura que busca aumentar atribuciones de Directores de establecimientos educacionales para expulsar estudiantes. La iniciativa que había sido levemente modificada en la Comisión Educación, fue revertida en varios aspectos en la Comisión Hacienda y en la votación solo contó con la oposición del RD Juan Ignacio Latorre.

El proyecto se ha creado bajo una óptica bastante cuestionada por las comunidades educativas y que apunta al modelo gerencial de educación, donde el director del establecimiento se comporta como un verdadero patrón de fundo al interior del recinto escolar, coartando la participación democrática en los espacios educativos.

Esta vez, en un complejo escenario de violencia al interior de las escuelas, el gobierno en vez de pensar en fortalecer el control y el empoderamiento de profesores, apoderados y estudiantes para resolver los conflictos, da mayor control y discrecionalidad al mandamás del establecimiento, apuntado como uno de los principales factores estresores de los climas educacionales. El proyecto permite aumentar sanciones y facilitar la expulsión de estudiantes que vulneren normativas.

En una ofensiva comunicacional muy agresiva, el gobierno mezcló situaciones tan distintas como manifestaciones callejeras y enfrentamientos con Carabineros – criminalizando a la protesta secundaria-, con golpes y agresiones entre pares y hacia docentes.

Las preguntas que los chilenos debieran hacerse -que probablemente no se hicieron obnubilados por la violenta propaganda gubernamental – y que por supuesto los senadores tampoco se hicieron son: ¿Y dónde terminarán los expulsados? ¿Cuáles son los factores que inciden en este tipo de comportamiento? ¿Son estos comportamientos el producto de la educación chilena? ¿Cómo se relaciona la violencia del modelo económico chileno con la violencia ejercida contra y por los y las adolescentes?

El proyecto volverá a la Cámara de Diputados la primera semana de noviembre, donde continuará rápido paso legislativo, probablemente, para convertirse en ley.

Sus principales alcances están la obligación por ley de los directores de iniciar procesos sancionatorios para casos que ameriten expulsión, como el porte de armas, agresiones sexuales, lesiones síquicas y físicas graves a miembros de la comunidad o terceros - entre ellos Carabineros o policías- y también daños a los establecimientos. Es decir, una verdadera judicialización de la convivencia escolar.