La propiedad del suelo con uso militar y negocios presuntamente ilegales se encuentra en el ojo de la polémica tras la publicación de la investigación «Prohibido el Paso, propiedad militar» (Ceibo Ediciones) realizada por el investigador Dauno Totoro Taulis.

Por: Vicente Lagos Isla

En la comuna de Talcahuano la Armada mantiene extensos predios plantados con monocultivos forestales de pino y eucalipto junto a devastadoras faenas de extracción de áridos, las que han destruido completamente al menos tres playas en la península de Tumbes. Además, cuentan con la totalidad de la superficie de la isla Quiriquina donde mantienen varias instalaciones y también plantaciones forestales.

En Concepción, destaca el caso del Estadio Atlético Puchacay de la avenida Collao, apropiado por el Ejército en dictadura y que buena parte de la comunidad deportiva del Biobío exige su devolución para tener un lugar donde entrenar.

Estos son solamente un par de ejemplos en nuestra zona. Conversamos con el autor del libro para conocer un poco más del panorama de esta problemática a nivel nacional.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos de su investigación con respecto a este tremendo vacío de irregularidades e ilegalidades de la propiedad militar en Chile?

Este es un tema que investigué por primera vez en 1996, que luego volví a revisar en 2017, y que ahora, en 2022, retomo. El "descubrimiento" más desalentador es que nada ha cambiado en la práctica inmobiliaria de las Fuerzas Armadas. La dilapidación del patrimonio fiscal se ha mantenido a lo largo de todos estos años.

Las Fuerzas Armadas han actuado como abastecedoras de bienes inmuebles fiscales para inmobiliarias, constructoras, bancos y entidades financieras. Todo al alero de amañadas interpretaciones legales, del silencio de las autoridades políticas, y de la ausencia de fiscalización.

Es en estos predios fiscales enajenados por las Fuerzas Armadas que se han construido grandes centros comerciales, exclusivos condominios, oficinas corporativas, polos empresariales y financieros.

Es muy difícil contar con cifras totales que den cuenta de qué cantidad de bienes inmuebles fiscales están en manos de las Fuerzas Armadas, cuántos de éstos han sido vendidos, cuál es la cantidad de dinero que ha ingresado a las cuentas reservadas de las instituciones castrenses por estas ventas. Esta dificultad radica no solamente en el secretismo con que opera la inmobiliaria castrense, sino también en la ausencia de un catastro que cuantifique con precisión el patrimonio territorial fiscal.

En esta investigación pude identificar ventas realizadas por las Fuerzas Armadas que suman 618 mil millones de pesos, pero sin dudas que esta es una cantidad parcial y muy inferior a la verdadera envergadura de este negocio.

En la región del Biobío la Armada ha explotado áridos y plantaciones forestales en la península de Tumbes en Talcahuano, generando grandes impactos ambientales. ¿Cuáles otras propiedades o explotaciones mantienen en la zona? ¿De qué magnitudes estamos hablando?

El caso de Tumbes en Talcahuano es una de las muchas y distintas prácticas de usurpación de bienes y patrimonio fiscal que llevan a cabo las Fuerzas Armadas desde hace ya 51 años. Sabemos de ejemplos como este, o de otros que involucran a otras ramas de las Fuerzas Armadas, como es el caso de la Fuerza Aérea de Chile que aparece arrendando un enorme predio fiscal en la Región de Antofagasta a una empresa minera. El problema es que no existe ninguna sistematización de estos datos. El Estado no sabe, no conoce, no tiene registro de qué sucede con los bienes que nos pertenecen a todos y a todas. Esta ignorancia es imperdonable, pues es deber del Estado velar por el patrimonio del bien común.

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Creo que una buena idea, ya que el Estado es inoperante o cómplice, es que sean las propias organizaciones ciudadanas y populares las que, en sus respectivos territorios, vayan haciendo un catastro acerca de predios, terrenos urbanos y rurales, edificios, casas, estadios, etc… que estén usurpados por las Fuerzas Armadas, y luego que esta información disgregada se unifique en un único sitio y quede a disposición de quienes quieran investigar, denunciar, u obligar a las autoridades del ejecutivo o del legislativo a hacerse cargo del tema.

Creo que, más que nada, esta investigación apunta a develar un modus operandi y a señalar a los responsables de este desfalco.

Hay zonas y regiones en las que existe menos información disponible que en otras. Lo mismo ocurre entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Hay información acerca de la inmobiliaria del Ejército, pero muy poca acerca de la de la Armada o de la Fuerza Aérea.

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Para el comienzo de la transición, en 1990, la información disponible señalaba que, en la Región del Biobío, un total de 373 propiedades fiscales estaban en manos de las Fuerzas Armadas, sumando al menos 161 kilómetros cuadrados de superficie, o 16 mil hectáreas.

¿Cuántas de estas propiedades se han vendido? No se sabe. Sólo hay registro de la venta de dos propiedades entre 1992 y 1995. También existe información acerca de la venta aprobada en 2002 del Regimiento Blindados N°7 Guías de Concepción, por la suma de 14 mil millones de pesos.

¿De qué manera se puede regular esta problemática a nivel nacional? ¿Hacia donde deberían apuntar concretamente autoridades pertinentes?

La usurpación territorial de los bienes inmuebles fiscales mediante procedimientos como el de la declaración de prescindencia, traspaso al patrimonio de afectación fiscal y enajenación en beneficio propio de las fuerzas armadas, es producto de la autonomía de las instituciones castrenses respecto de la autoridad civil, y de la colusión de estas fuerzas con grandes grupos empresariales y financieros.

Terminar con dicha asociación, acabar con la autonomía y asegurar la subordinación plena al gobierno civil es tarea de Estado. Los costos de esta autonomía son de una envergadura que aún resta por dimensionar. Pero, lo que sí se sabe, al menos en parte, es la magnitud del perjuicio que esta práctica significa para el patrimonio nacional y para la capacidad del Estado de financiar políticas públicas que tengan como centro el bien común.

De todo esto poco se conoce a nivel masivo. Es un secreto bien guardado. Si fuera de conocimiento general, probablemente se convertiría en otra de las grandes razones para la rabia y la exigencia de dignidad.

El bien común es la primera obligación de cualquier Estado social y democrático. Su misión fundamental es elaborar políticas efectivas que vayan en beneficio de la sociedad, tanto de los individuos, como de sus organizaciones, en consulta con ellas y mediante la participación ciudadana. En este nuevo ciclo parlamentario, los diputados y diputadas deberán iniciar la discusión y análisis de la pospuesta moción parlamentaria, ingresada el 22 de junio de 2021, que busca modificar las leyes en materia de destinación y enajenación de los bienes inmuebles administrados por los servicios de bienestar de las fuerzas armadas y policías. El Ejecutivo tendrá que hacer respetar los derechos fundamentales, que son las demandas prioritarias que se plantearon de modo inequívoco durante la revuelta popular de 2019. Entre ellos, el derecho a la vivienda, que está íntimamente vinculado con la urgente tarea de acabar con la dilapidación del patrimonio fiscal. Más que eso: este, y cualquier gobierno, debe terminar con la existencia de un territorio castrense, y con la justificación pueril de que todo lo que hacen los uniformados está inscrito en las secretas materias de la Seguridad Nacional.

Como siempre sucede, las nuevas administraciones del Estado parten con declaraciones de buena voluntad. Veremos cómo se transita del dicho al hecho. En esa ruta, quien quiera que esté al mando de las decisiones políticas de la Nación, habrá de considerar que, así como estamos, los apetitos y las prácticas de la inmobiliaria castrense son, más que una dificultad, un enemigo a muerte del bien común.

¿Qué mensaje daría a modo de conclusión de su investigación?

Que este no es un problema abstracto, que no se trata de un conflicto de intereses retórico, sino que tiene consecuencias muy prácticas e inmediatas: Existen en Chile cerca de mil campamentos en los que viven unas 83 mil familias sin vivienda y hay un déficit habitacional de al menos 650 mil unidades. En la Región Metropolitana, un 11% de sus habitantes carece de vivienda, lo que constituye el 42,5% del déficit habitacional del país entero. Simultáneamente, si nos restringimos únicamente a Santiago, y solo al Ejército y a los predios eriazos urbanos (sin uso) que están en sus manos, encontramos 100 hectáreas urbanas desaprovechadas, durmiendo en la carpeta especulativa de la inmobiliaria castrense. Terrenos con alta conectividad y con acceso a servicios básicos.

La revuelta popular iniciada en octubre de 2019 dejó en evidencia que el derecho a la vivienda es parte de las demandas prioritarias de la ciudadanía. De ahí que, en el proceso de redacción de la nueva Constitución quedó propuesto, como derecho fundamental, el derecho a la vivienda. El gobierno se propone la creación de un banco de suelos para la construcción de viviendas sociales y argumenta que la ausencia de suelos es una de sus trabas. Como se demuestra en esta investigación, no existe tal falta de suelos. Sucede que, en muchos casos, éstos están en manos de las Fuerzas Armadas, y se encuentran amenazados permanentemente de ser traspasados a empresas privadas mediante la enajenación impulsada por la inmobiliaria castrense.

Puedes obtener el libro en el sitio de la editorial Ceibo Ediciones, disponible en este enlace