El viernes reciente, el presidente, Luis Arce, junto al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dieron inicio a las actividades de Gestora Pública, el sistema estatal de pensiones del vecino país que terminará con el sistema de AFP boliviano.

Por Felipe Soto Cortés

"En América Latina hoy hay cuestionamientos a las AFP, lo que nosotros ya habíamos avanzado, por tanto, debemos sentirnos orgullosos de ser los pioneros en la administración de pensiones" señaló en la conferencia de prensa el mandatario boliviano.

El día, calificado como histórico para el país, es el puntapié inicial para terminar con el sistema privado de pensiones dominado por las empresas Futuro de Bolivia S.A. AFP y BBVA Previsión AFP S.A.

La iniciativa comenzó el año 2015 cuando se creo esta empresa pública, calificada como estratégica para el Gobierno boliviano y culminará con la migración total de afiliados que terminaría el año 2023.

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El ministro Montenegro señaló por su parte que Gestora Pública se va a centrar en "el bienestar del trabajador jubilado" y que las ganancias de esta entidad pública estarán destinadas a financiar el fondo solidario y la renta dignidad, un subsidio mensual que beneficia a mayores de 60 años.

El comienzo de la administración estatal de las pensiones se había retrasado del año 2019 hasta nuestros días porque aún no se había logrado terminar con el software que utilizará Gestora Pública.

En el transcurso de dicha implementación, la transnacional española BBVA, controladora de BBVA Previsión AFP S.A. demandó al estado boliviano Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), esta entidad internacional obligó a la indemnización por 105 millones de dólares por el "retraso injustificado" en el proceso de la nacionalización del sistema de pensiones.

En tanto, en Chile, el debate por el futuro de las pensiones aún sigue metido en el congelador. La Nueva Constitución rechazada el domingo ante pasado anunciaba un camino similar al llevado adelante por Bolivia, por lo que dicha propuesta también quedó en suspenso.

Por su parte, el gobierno de Boric aún no ha dejado claro cual sería la reforma estructural de pensiones que prometió durante su campaña.