Para esta mañana estaba programada la audiencia de preparación de juicio oral contra seis de los 12 perseguidos políticos del Caso Udec y el Gobierno, pese a los múltiples emplazamientos en materia de DDHH, finalmente continuó siendo querellante. De esta forma, Boric faltó al compromiso asumido con las familias de los manifestantes durante su campaña en Concepción y cotinúa el legado criminalizador de Piñera en su contra.

Por Juan Contreras Jara

Esta mañana se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Concepción, la audiencia de preparación de juicio oral contra los manifestantes querellados por la Universidad de Concepción y el Gobierno, a través de la Intendencia del Biobío, hoy Delegación Presidencial.

Pese a que Gabriel Boric se reunió con las familias de los jóvenes perseguidos políticamente en el Caso Udec durante su campaña en Concepción y se comprometió con retirar la demanda que proviene desde el Gobierno, durante la audiencia se conoció que la querella sigue.

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Elena Orellana, vocera de las familias afectadas con la querella del Gobierno, fue categórica al expresar que su continuidad, «es una decepción». Sumado a la persistencia de la querella, es preciso apuntar que se mantienen también los mismos abogados que dejó la administración de Piñera.

Compromiso incumplido

La vocera enfatizó en que, «desde que él asumió la presidencia hemos intentado ser lo más comprensibles, dar tiempo, pero nos dimos cuenta de que no ha servido para nada. Sigue la misma historia que con Piñera. Si vamos a tener que llegar a Santiago a protestar a fuera de La Moneda, porque vemos que lamentablemente la prisión política no está dentro de sus prioridades, que fue compromiso de campaña, con la ciudadanía que le dio el voto».

La querella interpuesta por el Gobierno y que se suma a la de la UdeC, es contra quienes resulten responsables de los daños al interior de la casa de estudios penquista durante las protestas del Estallido Social, vividas entre febrero y marzo de 2020.

Pese a que durante su campaña presidencial Boric se llenó la boca hablando de Derechos Humanos, vemos como desde el Gobierno, se transforma en criminalizador de la protesta al mantener querellas contra manifestantes, siendo continuador del legado de Píñera en esta materia.

En esta línea, Esteban Arévalo, abogado de los jóvenes querellados, comentó que la continuidad de la querella del Gobierno es, «un incumplimiento de una palabra empeñada, es una inconsecuencia política y una inmoralidad. En Lugar de ser un Gobierno transformador y respetuoso de los DDHH, se transforma en un Gobierno continuador de la persecución política impuesta por Sebastián Piñera».

Cabe destacar que para el 24 de junio está programada una audiencia de sobreseimiento sobre los manifestantes procesados, debido a que, «al incumplimiento al derecho al debido proceso. Hasta la fecha fiscalía no ha hecho entrega de las carpetas investigativas a la defensa», explicó el defensor.

El defensor también adelantó que la audiencia de preparación de juicio oral se aplazó para el próximo 4 de julio, tras su suspensión durante esta jornada por el choque de horario de uno de los abogados intervinientes.