La flamante presidenta Dilma Rousseff podría impulsar un acuerdo entre organismos de derechos humanos y los militares para que los agentes aporten información acerca de los cientos de desaparecidos brasileños. Según publicó el diario opositor Folha de Sao Paulo, la estrategia podría incluir un mea culpa por parte de los uniformados y del Ejecutivo por no haber desandado el camino de la Justicia, como reclamó hace poco más de dos semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

De acuerdo con lo publicado por el diario paulista, Rousseff intentará durante su mandato ensayar una respuesta oficial a los familiares de los muertos y desaparecidos durante la dictadura militar que se extendió desde 1964 a 1985. Para ello, la economista de 63 años impulsaría un acuerdo entre el Congreso, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las mismas fuerzas armadas, que durante décadas guardaron silencio acerca de los más de 400 asesinados y los cerca de 160 opositores de- saparecidos en esos años. La idea sería en un plazo no mayor a dos años consensuar una explicación a lo ocurrido durante los años de plomo en Brasil.

Según Folha, la parte más difícil del plan será el mea culpa voluntario por parte de los uniformados, pero Rousseff ya habría tratado este tema con sus asesores más cercanos. La flamante gobernante podría forzarlos, pero habrá que ver hasta dónde quiere llegar. El ministro de Defensa, Nelson Jobim, sería visto por la mandataria como su principal aliado a la hora de buscar el acuerdo. También, durante su gestión tendrá que poner en marcha la Comisión de Verdad, que fue una iniciativa del gobierno de Luiz Inácio Lula de Silva que no llegó a ponerse en práctica.

Uno de los debates que podrían imponerse es el de la pertinencia de la Ley de Amnistía de 1979, que impide el juzgamiento de los represores de ese país. En abril de este año, la Suprema Corte brasileña mantuvo la interpretación de que los delitos perpetrados por los militares eran actos políticos y que, por ende, estaban comprendidos dentro de la ley de perdón. La organización Amnistía Internacional (AI) calificó el pasado 15 de diciembre de nula e inválida a la norma que mantiene impunes a quienes cometieron crímenes durante el régimen dictatorial.

Por esos días, la Corte IDH sancionó a Brasil por la permanencia de la Ley de Amnistía. El organismo interamericano trató la denuncia por la represión sufrida por la Guerrilla de Araguaia, un movimiento de resistencia que operaba en el centro de Brasil y que estaba compuesto por algunos miembros del nuevo Partido Comunista (PC) de ese país. En el período que va desde 1972 a 1975, entre tres mil y diez mil integrantes de las fuerzas armadas fueron desplegados para secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a los miembros del grupo. Más de 30 años después de esos crímenes, nadie fue llevado al banquillo de los acusados. Semanas atrás, Lula trató de aplacar la presión internacional y afirmó que había pedido un informe para saber cómo iba la búsqueda de los cuerpos de esos militantes y que con ese material, Rousseff podría continuar la investigación.