Sr. Director

El reciente análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales -recogido por el medio Interferencia durante esta semana- alerta de una política de humo que el renombrado presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha impulsado en el país, señalando que la mejora en cuentas fiscales se debe «a costa de recortes en áreas claves para el bienestar de la población», como lo son obras públicas, educación y salud.

Pero poco resuena en los medios esta información, en un contexto donde aumenta la pobreza e inseguridad alimentaria en El Salvador, el recorte financiero para sustentar derechos sociales sufrió una caída de 1,4% del PIB y se aumentan asignaciones para partidas de comunicaciones y prensa de Presidencia. Sin embargo, al momento de tratarse de pandillas, las gárgaras sobre la política de Bukele no se dejan esperar.

Así, nos encontramos con un proyecto político sumamente peligroso, que se basa en el autobombo. Bukele se instaló como un desarticulador de pandillas mediante cuestionados métodos que han conllevado la vulneración de derechos de la población, viéndose amedrentadas personas que no poseen vínculo con las agrupaciones criminales. Esa política, colocándose él como referente y con una amplia cobertura mediática, lo ha llevado a instalarse para algunas personas casi como un faro de luz en Latinoamérica.

Es la política del autobombo. ¿Y cuál ha sido el costo?: Los derechos sociales.

¿Será que los mismos defensores de Bukele en los otros países de Latinoamérica querrán «pagar el mismo precio»?

Por J. Arroyo Olea