Estando ad portas de votar las conclusiones y cotejar la información faltante en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara, uno de los abogados representantes de los y las funcionarias de la PDI, víctimas de distintos abusos, expresó su decepción tras conocerse el informe entregado desde la institución, haciendo hincapié en que busca poner en tela de duda el relato de los y las afectadas, mediante las sanciones administrativas que pesaban en su contra a antes de iniciado el proceso investigativo.

Por Juan Contreras Jara

«No solo está mal hecho, sino que busca dejar mal a las víctimas, desacreditar a las víctimas», afirmó este lunes el abogado Andrés Cáceres, representante de las víctimas de abusos y distintas vulneraciones al interior de la Policía de Investigaciones de Chile.

Recordemos que, desde que se abrió esta investigación contra la PDI, hace aproximadamente cinco años, han sido decenas de testimonios de funcionarios y funcionarias de la institución policial, los que han dado cuenta de casos de abuso sexual, abuso laboral, homicidios, tráfico de influencias, amenazas, amedrentamientos, entre otros.

Te puede interesar: Desvinculan a comisaria de la PDI tras denunciar abusos

Tras recopilar durante meses la información entregada por dichos funcionarios y funcionarias, algunos en ejercicio, otras desvinculadas, como la comisaria Tania Jara, expulsada luego de denunciar abusos, este lunes fue el turno del informe de la PDI, el que, según Cáceres, buscaría desacreditar a las víctimas.

Son 38 los casos que ha podido atender la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados. En ellos, no solo se ha incluido el testimonio de funcionarias y funcionarios vivos, sino también, de familiares de aquellos fallecidos, «le entregué a mi hijo a la Institución y me lo devolvieron muerto y su caso tapado de puras mentiras», declaraba en diciembre pasado, la madre de Francisco Gutiérrez, por el supuesto suicidio de su hijo.

Debido a la gravedad de las acusaciones y del desenlace que habrían tenido estos casos de abusos al interior de la PDI, es que el abogado Cáceres, representante de las familias, hace hincapié en su decepción, considerando el ánimo de desacreditar los relatos por medio de las sanciones previas que enfrentaron los y las funcionarias.

En esta línea, el defensor enfatizó en que, «todas esas sanciones administrativas tienen un trasfondo y ese trasfondo es ilegal, arbitrario e irrisorio. Busca desacreditar, de forma muy vulgar, a las víctimas».

Dicha comisión sesionará nuevamente el próximo 22 de marzo, donde se recibirán las informaciones pendientes desde instituciones como la PDI, el Servicio Médico Legal, entre otros, además, se cotejarán los datos y relatos recepcionados durante este tiempo. Cabe destacar que habrían por lo menos 100 casos más que, por plazos, quedaron fuera de esta investigación, por lo que se quiere presionar el compromiso del Gobierno con darle continuidad y abordarlos en el corto plazo.