Cámara baja declaró admisible proyectos que buscan frenar actual licitación del litio impulsada por Piñera

[resumen.cl] Durante la jornada de ayer martes 11 de enero, la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisibles dos proyectos que buscan detener el actual proceso de licitación del litio impulsada por el imputado mandatario en funciones, Sebastián Piñera.

Una de las iniciativas, presentada por la bancada de la Democracia Cristiana (DC) busca prohibir la celebración de concesiones, destinados a la explotación de yacimientos que «contengan sustancias no susceptible de concesión», en los 90 días anteriores al término de un gobierno. Mientras, la otra iniciativa, presentada por el Partido Comunista (PC) plantea incorporar un artículo transitorio al Código de Minería para suspender el proceso de licitación hasta que se realice el plebiscito por la nueva Constitución.

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La Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisibles dos proyectos presentados por la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Comunista (PC), que buscan frenar la licitación del litio impulsada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

El proyecto de la DC fue aprobado con 48 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones, de los diputados Pablo Lorenzini (DC), Erika Olivera (independiente) y Leonidas Romero (RN). Éste busca modificar el Código de Minería para prohibir la celebración de concesiones para la explotación de yacimientos mineros en los 90 días anteriores al término del Gobierno. En concreto el texto señala que:

"No podrán celebrarse por el Estado concesiones administrativas o contratos especiales de operación con personas o empresas que no sean del Estado, destinados a la exploración, explotación o el beneficio de yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, como el litio, en los noventa días anteriores».

Por su parte, el proyecto del PC fue aprobado con 50 votos favor, 32 en contra y tres abstenciones, de los diputados Lorenzini, Romero, y Fernando Meza (independiente), pretende incorporar un artículo transitorio al Código de Minería para suspender el proceso de licitación hasta que se realice el plebiscito por la nueva Constitución.

Este proyecto -de un solo artículo- debería ser visto hoy por la Comisión de Minería de la cámara baja y de ser aprobado, sería votado la próxima semana y suspendería retroactivamente las licitaciones del litio realizadas a partir del 5 de enero. De aprobarse, el gobierno en funciones probablemente acuda al Tribunal Constitucional.

 

La intransigencia del Gobierno

Para este viernes está fijado el día en que se dará a conocer el resultado de las ofertas para hacerse con las licitaciones que permitirían a empresas nacionales y transnacionales explotar hasta 400.000 toneladas de litio. Los postulantes son: Albermarle Limitada, Cosayach Caliche S.A., Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., BYD Chile SpA y la Sociedad Química y Minera de Chile

Pese a las alertas encendidas por comunidades y diversas organizaciones sociales, considerando las afectaciones que trae consigo la explotación liderada por la minería del litio en ecosistemas como los salares altoandinos, el Gobierno liderado por el imputado presidente Sebastián Piñera no ha cedido en su operación.

Ante la serie de críticas, Piñera salió al paso indicando que «o lo dejamos bajo tierra o lo usamos en beneficio de los chilenos», refiriéndose al auge que ha tenido la minería del litio en el marco de la producción de electromovilidad. Asimismo, argumentó la licitación «al ver que estaba estancada la producción».

En marzo de 2021 RESUMEN informó que pese a ser anunciada en la Cuenta Pública de 2019 por Piñera, y confirmada su publicación «en las próximas semanas» por el ministro de Minería de la época, Baldo Prokurica, la Política Nacional del Litio lleva más de un año de atraso pese al avance de proyectos que buscan explotar el metal en los salares altoandinos.

De esta forma, Chile solo contaría con la Política del Litio y la Gobernanza de los Salares publicada en 2016 como una orientación respecto a su exploración y explotación, la cual prioriza la alianza público-privada como pilar para la intervención.

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