[resumen.cl] Esta jornada fue detenido por miembros de la policía inglesa en la Embajada de Ecuador, el fundador de Wikileaks, Julian Assange. La acción se ha interpretado como un atentado a la libertad de prensa por parte de las grandes potencias occidentales y sus poderes fácticos, debido a que la organización comandada por Assange reveló información clasificada a la opinión pública, la que se hizo consciente de la mefítica corruptela global. Lo que también tuvo efectos en nuestro país.

Fue el año 2009 que la Corte Suprema ordenó detener las obras de la central termoeléctrica Campiche, en Puchuncaví, luego de determinar que la generadora había vulnerado la ley al estar emplazada en un suelo que estaba contemplado como área verde. La orden del máximo tribunal del país se dio luego que la comunidad puchuncavina, ahogada por la contaminación de la zona, recurriera a tribunales para detener a la gigante norteamericana.

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Luego de un intenso lobby de la empresa AES Gener que incluyó presiones del embajador estadounidense en nuestro país a personeros del gobierno de Bachelet, incluyendo a la mismísima presidenta de la República, la central termoeléctrica Campiche logró funcionar tras una modificación del uso de suelo ordenada por un decreto firmado por la Ministra de Vivienda y Urbanismo Patricia Poblete y el Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.

El escándalo fue revelado precisamente por Wikileaks, luego de filtrar dos cables que develaron la trama de presiones al interior del gobierno de Bachelet para hacer una normativa a medida de la empresa norteamericana. El cable del 17 de agosto del 2009 relata que el 23 de julio de ese año Felipe Cerón y el presidente de AES, Andrés Gluski, se reunieron con el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, para hacerle presente sus preocupaciones por el fallo, debido a las consecuencias que podrían derivar en el cierre del proyecto, una falla a sus compromisos internacionales y además la puesta en peligro de una serie de proyectos energéticos que se encontraban fuera de la ley.

Tras eso, Simons se reunió con Pérez Yoma para hacerle saber de la preocupación de AES Gener, quien señaló estar al tanto de la situación indicando que "más allá del impacto inmediato sobre la inversión de AES, la decisión también perjudica el clima de inversión en Chile" por lo que ordenó a uno de sus principales asesores hacerse cargo del problema. Las presiones abarcaron al MINVU, la CONAMA Interior, Energía, Economía e incluso al representante internacional de Bachelet Marcos Robledo, quien se comprometió a hacerle llegar una misiva a la presidenta.

La Ministra de Vivienda, Patricia Poblete, reconoció -según el segundo cable de Wikileaks- al embajador Simons la serie de presiones para llevar adelante el proyecto de AES Gener, las que incluyeron una llamada telefónica de la presidenta Michelle Bachelet. El documento hecho público por la organización presidida por Assange, reveló que los planes del gobierno eran modificar el uso de suelo en el plano regulador, incluso a través de un decreto ejecutivo, para hacer calzar a Campiche en Puchuncaví.

Fue esta última estrategia la que surtió efecto cuando el 31 de diciembre de 2009 el Diario Oficial publicó el Decreto Supremo Nº68, firmado por Poblete y Pérez Yoma el 1 de diciembre de ese año, que permitía la modificación del uso de suelo para la instalación de Campiche. El gobierno modificó el artículo 2.1.21, permitiendo que si un predio queda afecto a dos o más zonas o subzonas con distintos usos de suelo y al menos el 30% de su superficie incluye los usos de suelo de actividades productivas y/o infraestructura, se admitirá en todo el terreno dicho uso de suelo, lo que incluye infraestructura energética. Es decir, hicieron una normativa para que Campiche funcionara.