ANDRES CRUZ, EL VERDADERO TERRORISTA. Valiente denuncia de comuneros devela montaje criminal de la represión en el LleuLleu
El juicio contra 17 mapuches, que se lleva a cabo en Cañete, tuvo un hito trascendental el día 01 de febrero 2011, al declarar el presidente de la Comunidad Caupolican, Patricio Cona Millanao.
Los hechos del 13 de agosto de 2009
Los jóvenes Rodrigo y Jose Viluñir Calbul relataron ante el y los demás miembros de la directiva de su comunidad que el día 13 de agosto de 2009 el más joven, Rodrigo, de tan solo 16 años a esa fecha, volvía a su domicilio junto a su madre desde la ciudad de Cañete y se encontraron con un corte de ruta a raíz de barricadas y un operativo de carabineros a la altura de la propiedad de Eduardo Campos en el sector de Lleu lleu.
En estas circunstancias el bus en el que viajaban solo llego hasta el cruce del camino Meñaco o también conocido como paradero Aguayo. Allí Rodrigo dejó a su madre junto a la mercadería que compraron en Cañete, mientras el se dirigió a su domicilio a buscar a su padre con la finalidad que este ayudara en el traslado de las referidas compras, cruzando a pie el sector de las barricadas, sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, al regresar desde su domicilio junto a su padre fueron interceptados casi a la altura de la casa de Eduardo Campos por un reten móvil de Carabineros, quienes procedieron a detenerlos a ambos y subirlos al vehiculo, al tiempo que esposaban a Rodrigo. Fueron trasladados al interior de la propiedad del particular ya mencionado. Desde allí, el menor,fue trasladado por al menos tres policías de civil distintos a los que lo detuvieron en un vehiculo sin distintivo policial a Cañete.
Torturas en el puente
En el trayecto fue bajado del vehiculo y colgado de un pie sobre un puente ubicado en un camino lateral ubicado a la altura del río Lanalhue. En ese lugar fue torturado y amenazado de muerte por los policías quienes le apuntaron con su arma de servicio, una escopeta, mientras colgaba del puente. Su padre en tanto fue subido al reten móvil y solo supo de el cuando fue bajado de la camioneta en la comisaría de cañete.
La comisaría
Allí fue subido a un segundo piso y lo ingresaron a una oficina o sala en la que lo mantuvieron esposado durante todo el procedimiento. En el lugar fue interrogado durante casi dos horas por los mismos que lo trasladaron desde la casa de Eduardo campos acerca de los integrantes de su familia y sobre el conocimiento que tenia de sus vecinos.
No había allí ningún fiscal ni menos algún abogado defensor, más aun su padre que también fue detenido lo mantuvieron fuera de la sala y solo lo pudo ver una vez que accedió a firmar varios papeles escritos los que en ningún momento le permitieron leer.
Allanamiento y detención ilegal
Los primeros días de septiembre a eso de las 06 de la mañana, personal de civil de carabineros allanaron violentamente su domicilio ubicado en la comunidad Pascual Coña del sector Lleu lleu, siendo detenidos en esa oportunidad Rodrigo y su hermano Jose, además de su padre.
Fueron llevados nuevamente a la tercera comisaría de cañete donde ambos fueron atemorizados y obligados a firmar nuevamente papeles cuyo contenido no pudieron leer, para poder recuperar su libertad. En ambas oportunidades se les consulto si conocían a sus vecinos, los mismos que estaban detenidos acusados por varios incendios.
Por ultimo, a principios de enero del 2010, ambos hermanos fueron trasladados a Talcahuano, a las dependencias del ministerio publico, nuevamente por carabineros de civil, oportunidad en que se les conmino a firmar un documento, ahora por una persona que les dijo ser fiscal, quien tampoco los dejo leer lo que firmaban.
Estos documentos que contenían sus firmas, son los mismos que han sido usados como declaraciones de supuestos testigos protegidos por los fiscales antimapuches en el megajuicio antimapuche que se lleva en cañete.
Con este testimonio queda claro que lo que se ha usado como prueba para imputar delitos, detener, encarcelar y enjuiciar al menos cinco comuneros del sector Lleu lleu, son declaraciones falsas construidas por los mismos policías y fiscales acusadores.
Con estas mentiras como pruebas aun permanecen detenidos Marco Mauricio Millanao Mariñan y cesar Eduardo Painemil Peña y bajo medidas cautelares alternativas otros dos comuneros, mientras otro ha optado por no presentarse a juicio ya que no confía, y con justa razón, en la justicia chilena.
A pesar que estas mismas denuncias han sido ventiladas por la prensa con anterioridad, el relato del dirigente Patricio Cona no dejo indiferente al tribunal; y es que los hechos narrados son de tal crudeza que no pueden pasar inadvertidos.
Las triquiñuelas continuaron
La denuncia es de tal magnitud que tratar de esconderla solo ha agrandado los delitos en que podrían haber incurrido tanto fiscales como policías.
Así quedo demostrado cuando el mismo testigo señalo al tribunal varias "diligencias" que el fiscal antimapuche Andres Cruz ha realizado en el transcurso de este mismo juicio para tratar de salvar la situación. Directamente acuso hostigamiento policial y "visitas" del mismo fiscal, junto a su caravana policial, a su domicilio, así como una extraña cita en la plaza de cañete el día 28 de octubre en la que este fiscal se reunió con dirigentes de la Comunidad, con claras intenciones de acallar las denuncias y en la cual se mostró sorprendido de la situación de los hermanos Viluñir y habría prometido abrir una carpeta de investigación para sancionar a los responsables de estos hechos tan graves, cuestión que hasta la fecha nadie sabe en que quedo.
Difícilmente podría investigar delitos en los que él es el primer responsable, ya sea por acción u omisión, en su calidad de ejecutor represivo de lo que mandan las forestales y los dueños del poder y la riqueza de la zona.
Estamos hablando entonces de delitos de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos fundamentales de las personas, menores de edad incluidos, cometidos por funcionarios públicos pagados por el estado chileno, situación propia de un país ocupado por una potencia extranjera, como es el caso de Wallmapu, donde la resistencia se castiga con asesinatos por la espalda, torturas y, en este caso, secuestro y amenazas a comuneros para transformarlos en testigos protegidos.
La declaración del peñi Patricio Cona es de tal importancia que no solo hecha por tierra las acusaciones sobre los incendios, sino que ademas pone en tela de juicio y derechamente le resta credibilidad a toda la acusación en contra de todos los peñi enjuiciados, basada casi en su totalidad en declaraciones de testigos protegidos.
Se debe estar atento a las consecuencias de estas valientes denuncias por parte de los comuneros del Lleu lleu, no podemos descartar la reacción de los servicios de inteligencia que operan en la zona y que no trepidaran en hacer uso de sus métodos criminales en contra de nuestros peñi.
Rompiendo la soledad
Este testimonio, así como una acción anterior hecha por los propios comuneros al llevar a los mismos supuestos testigos protegidos al tribunal, oportunidad en que no se les permitió declarar y que la propia prensa oficial oculto los hechos, ha roto la soledad en que se ha llevado este juicio en lo que se refiere a participación real de las comunidades mapuche y deja en claro que la justicia mapuche a la que se hizo referencia al finalizar la huelga de los presos políticos de la cárcel de Angol, es posible llevarla a cabo y que la movilización autónoma de nuestras comunidades discurre por cauces distintos a la parafernalia vociferada por los medios oficiales.
Abogado investigado por el "delito" de llegar a la verdad
En el dia de hoy miercoles 02 de febrero, la fiscalia sometio a un extenso contrainterrogatorio al peñi Patricio Cona con la finalidad de desacreditar su versión y aunque las preguntas se reiteraban una y otra vez sobre los mismos hechos no lograron hacer mella a ninguno de los elementos expuestos por el testigo.
A tanto llego la histeria del fiscal Cruz a estas alturas, acusado implicitamente de varios delitos, que no dudo en amenazar al testigo, tratando de intimidarlo con alguna formalización. Mas aun impuso al tribunal la apertura de una carpeta de investigación, pero no precisamente para investigar sus propios ilicitos, sino para perseguir al abogado defensor de los peñi, don Nelson Miranda Urrutia, acusandolo de inducir a los supuestos testigos protegidos a levantar falsos testimonios.
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