La Corte Suprema condenó a cuatro ex oficiales del Ejército por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado perpetrado el 4 de octubre de 1973 sobre cuatro personas que se encontraban detenidas por razones políticas en la comuna de Cauquenes. El crimen fue consumado durante el paso de la denominada "Caravana de la muerte" por la ciudad.

Darío Núñez

En fallo unánime (causa rol 72.024-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y el abogado (i) Diego Munita- dictando sentencia de reemplazo, condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de 20 años de presidio efectivo, a Juan Viterbo Chiminelli Fullerton a 10 años y un día de presidio efectivo, ambos en calidad de autores de los delitos; en tanto, Emilio Robert De La Mahotiere González deberá cumplir 5 años de presidio efectivo, como encubridor.

En la causa, también fue condenado el ex oficial Jorge Godofredo Acuña Hahn a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, en calidad de cómplice de los delitos, y cuya defensa no recurrió de casación ante la Corte Suprema por lo que su condena se mantiene.

Otros ex oficiales integrantes de Caravana de la muerte y procesados en este episodio de la causa fallecieron en el curso del proceso, entre ellos se cuentan los criminales Sergio Carlos Arredondo González, Carlos José Leonardo López Tapia y Antonio Alberto Palomo Contreras; además del propio Sergio Víctor Arellano Stark y Marcelo Morén Brito. A este grupo se agrega Armando Fernández Larios, quien se encuentra refugiado en Estados Unidos luego de su implicancia en el asesinato en Washington del ex canciller chileno Orlando Letelier

Helicóptero Puma

El día 4 de octubre de 1973 aterrizó en Cauquenes, en el Regimiento "Andalién" de dicha ciudad, un helicóptero Puma del ejército con un grupo de militares a bordo, bajo el mando del entonces general de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado personal del tirano Pinochet, encomendado para ejecutar operaciones punitivas sobre personas partidarias del depuesto gobierno popular que se encontraran detenidas. Estas acciones de castigo se realizaron en diversos lugares del norte y del sur del país.

Ese mismo día, algunos integrantes de la comitiva, por imposición del arbitrio dictatorial, sacaron en condición de secuestro desde el cuartel de Investigaciones de la ciudad a los detenidos políticos Miguel Enrique Muñoz Flores, de 21 años de edad, funcionario de la CORA, Manuel Benito Plaza Arellano, de 25 años de edad, técnico agrícola, Claudio Arturo Lavín Loyola, 29 años, técnico agrícola, y a Pablo Renán Vera Torres, 22 años, estudiante universitario, todos ellos de militancia socialista. Los cuatro detenidos son subidos a un vehículo y trasladados hasta el fundo "El Oriente" de dicha localidad, donde los ejecutaron con armas de fuego. Luego de su asesinato, los cuerpos fueron recogidos por militares del contingente del "Andalién" e inhumados en una fosa común del cementerio local.

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