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Carlos Peyrin, preso político del Estallido y la lucha por su educación universitaria

El artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos señala que "Toda persona tiene derecho a la educación" sin embargo, por la falta de "medios logísticos y tecnológicos al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío" a Carlos Peyrin se le priva cursar la carrera de Licenciatura en Historia en la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).

Por Felipe Oyarzún

El pasado 1 de abril fue rechazado por el Juzgado de Garantía de Concepción la solicitud de "Libertad Condicional" presentada por la defensa de Carlos Peyrin Matamala, el primer condenado de la Provincia de Concepción en el contexto del Estallido Social, que desde mediados de mayo del 2020 se encuentra en reclusión en el Centro Penitenciario del Biobío (o Cárcel "El Manzano"), después de ser imputado por el lanzamiento de artefactos incendiarios.

Peyrin Matamala, de 30 años, padre de dos menores, rindió en enero la "Prueba de Transición Universitaria" (PTU), siendo seleccionado para la carrera de Licenciatura en Historia en la UCSC, y pese a ser un "alumno regular" se le está privando de la educación universitaria. Oriana Astudillo Sanhueza, vocera de Peyrin, señala que "pese a no negársele el material de estudio" Gendarmería limita a Carlos de sus clases y de la educación superior con la excusa de "falta de personal para tener a un gendarme vigilando los estudios" además de "la falta de implementos tecnológicos como internet o computadores para que acceda a sus clases".

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Esta situación no ha dejado indiferente a la comunidad universitaria de la UCSC, por un lado la Federación de Estudiantes de la casa de estudios ha solicitado a los académicos a "levantar la voz frente a la situación de su compañero detenido" no obstante, las peticiones no han sido aceptadas, e incluso, comenta Oriana Astudillo, "en algunas clases en las que se ha hablado sobre Carlos, algunos profesores han apagado los micrófonos"; por otro lado, los compañeros de generación de Peryrin le han enviado diversos materiales para que pueda estudiar.

Ya el 2013 Marianela Cecilia Ruíz Quezada del centro de estudios MINEDUC planteaba en su texto "Educación Especial de Adultos Privados/as de Libertad" que existía la necesidad de que las cárceles chilenas estuvieran dotadas de "fondos públicos suficientes que permitan a su personal establecer vínculos entre los centros penitenciarios y universidades u organizaciones de la sociedad civil" con el objetivo de fortalecer vínculos sociales que permitieran dotar de un verdadero apoyo a las personas a las que constantemente son vulnerados sus derechos.

Astudillo Sanhueza, recalca la contradicción que significa que la Universidad Católica de la Santísima Concepción posea un convenio con Gendarmería que consiste en "cursos de oficio a los internos, en base a voluntariados de los alumnos de diferentes carreras", pero que en la situación penal de Carlos Peyrin, las autoridades académicas no se pronuncien.

La próxima audiencia, el próximo lunes 12 de abril, donde se volverá a tratar el caso Carlos Peryrin Matamala.
En cuanto a la situación judicial de Peyrin, su pròxima audiencia quedó programada para el próximo lunes 12 de abril.

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