Estimados convencionales:

La Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales y Modelo Económico se propone votar la ICC N° 820 -5, del convencional Mauricio Daza y otros, sobre "Tratados internacionales de Inversiones", ya defendida en la citada.

Las organizaciones sociales, ambientales, sindicales, políticas y culturales que integramos la Plataforma Chile Mejor sin TLC, impulsoras de la Iniciativa Popular sobre Tratados de Libre Comercio votada favorablemente por ustedes el pasado 1 de febrero, hacemos un llamado de atención sobre esta contradictoria propuesta.

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El inciso primero de su artículo 1 señala que el Estado "no podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que reconozca jurisdicción a instancias de arbitraje internacional, en controversias de índole comercial, entre el Estado e inversionistas extranjeros". Pero, a continuación en el mismo artículo, inciso 2, incorpora un sistema presentado como "alternativo" a los tribunales arbitrales internacionales: "se exceptúan los tratados...que contemplen mecanismos ...para la resolución de controversias entre Estados e inversionistas por órganos jurisdiccionales integrados por jueces permanentes designados por los países signatarios". Y luego el artículo transitorio señala que la nueva Constitución mandatará al Poder Ejecutivo sobre la obligatoriedad de renegociar los tratados chilenos en el plazo de dos años, "buscando sustituir los mecanismos de resolución de controversias basados en arbitrajes ad-hoc por tribunales permanentes, que pueden incluir una o más Cortes Multilaterales de Inversiones".

La propuesta de las llamadas "Cortes Multilaterales de Inversiones" MIC, también conocidos como Sistema de Tribunales sobre Inversiones (Investment Court System, ICS, por su nombre en inglés), es una iniciativa de la Unión Europea surgida en 2015 para sortear las fuertes críticas contra el mecanismos de solución de controversias inversor-estado (ISDS) formuladas durante años por gobiernos, academia, la UNCTAD y poderes judiciales nacionales. Se aplicó en los tratados con Canadá y Vietnam y forma parte de la renegociación en curso del TLC de Chile con la Unión Europea.

Pero esta propuesta no resuelve el problema esencial de los tratados de protección de inversiones: la existencia de cláusulas que dan privilegios enormes a los inversores extranjeros y restringen las políticas públicas, tales como considerar "expropiación indirecta" una política pública adoptada por el Estado. El nuevo sistema europeo, incluido en la renegociación del Tratado de Chile con la UE concluida durante el gobierno de Sebastián Piñera, no afecta la capacidad de los inversores de acudir al arbitraje, ni otorga más herramientas al Estado en su búsqueda de espacio regulatorio a favor de políticas públicas respecto de los derechos humanos y derechos de la naturaleza.

De este modo, el sistema ICS no es más que un maquillaje del sistema de arbitraje ISDS vigente hoy para Chile que en pandemia, tiene al país demandado cuatro veces, precisamente por desarrollar políticas públicas marcadas por esa situación. Incorporar la propuesta de la Unión Europea en la nueva Constitución chilena sería un gigantesco error político ya que comprometerá de manera permanente la capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas que se ajusten a la nueva Carta Magna, vulnerando la soberanía de los pueblos.
Las y los ciudadanos estamos observando atentamente las votaciones que afectan nuestros derechos y frustran las expectativas de cambio cifradas en la Convención. Nuestro llamado es a votar contra la ICC 820-5.

Un saludo cordial de Lucía Sepúlveda y Esteban Silva
voceros de la Plataforma Chile Mejor sin TLC