El mes pasado, trajes de brujas y calaveras encarnaron el rostro del miedo en la ciudad, pero la verdadera película de terror la viven aquellas familias que todavía no tienen una solución habitacional definitiva. Peor aún, la máscara del negocio inmobiliario sigue pasando desapercibida con los anuncios del gremio de la construcción y el gobierno de Boric.

Por Profesionales ConVocación

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a través de un estudio recientemente publicado señala que los pronósticos de la crisis de la vivienda serán más agudos, a partir de los datos publicados por Casen, estiman que la cantidad de familias que requerirán una vivienda social superará las 935 mil familias; es decir, un 40% más que el déficit proyectado por el gobierno actual.

Paradójicamente, la misma CChC anunció que el sector inmobiliario posee un stock disponible de más de 110 mil viviendas listas para ser vendidas y utilizadas.

Mientras se multiplican las familias sin casa, en condiciones de hacinamiento, allegamiento y/o localizadas en campamentos, existe infraestructura sin uso. En la inmediatez, este stock podría resolver el 15% de la demanda actual.

Esta evidente injusticia se sostiene porque, como hemos expresado anteriormente en ConVocación, los empresarios de la construcción con la complicidad de cada gobierno de turno han recibido enormes cantidades de recursos públicos para asegurar su negocio, encubriendo sistemáticamente que uno de los factores principales de la crisis de acceso a la vivienda es la concentración extrema de la propiedad inmobiliaria.

El acaparamiento de viviendas en manos de la minoría rica, que no necesita dichos recursos para vivir, sino para especular y obtener grandes rentas es la principal razón que determina los altísimos costos, lo que ha convertido a Chile en uno de los países con las viviendas más caras del continente.

Esto ha agudizado cada vez más la brecha entre esa mayoría popular que necesita una vivienda y no pueden acceder a ella; y esa minoría de quienes acaparan centenares o incluso miles de propiedades inmobiliarias, solo para especular y acumular renta.

Ante este escenario, donde a las familias populares cada vez les resulta más difícil acceder a una vivienda, el gobierno acude al mismo truco que han utilizado todas las administraciones de los últimos treinta años: transferir recursos públicos hacia el mismo sector privado responsable del problema. El remedio empeora la enfermedad.

El pasado 4 de noviembre se publicó oficialmente el proyecto de ley, aprobado en menos de un mes, el cual crea un beneficio tributario de 16 UTM para aquellas personas que compren una residencia, independientemente si es o no es primera vivienda. Al Estado, este proyecto le significará un costo fiscal de $5 mil millones para el 2024 y de más de $30 mil millones entre 2025 y 2029. En contraste, el Plan de Emergencia Habitacional de Boric, la política pública con la que se busca resolver la crisis habitacional, que en términos cuantitativo no alcanzará ni a cubrir un cuarto de su demanda pronosticada, sólo ha llegado al 16% de avance en su primer año de ejecución.

Si hacemos un zoom mayor, el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el principal subsidio para remediar la situación de las familias más pobres, reporta 66 mil viviendas sin iniciar, las cuales en teoría se deberían entregar en menos de tres años.

Esto demuestra una vez más el verdadero rostro del gobierno de Boric. Que ya ha echado por el suelo todas sus promesas de cambio, manifestando su obediente determinación a portarse bien con quienes mandan en Chile, formulando políticas que solo sirven para que el pueblo siga esperando, postergándose y humillándose ante el poder económico, mientras a un grupo reducido se les asegura el negocio y enriquecimiento.