[resumen.cl] El inicio de este proceso emplaza al Estado chileno a realizar observaciones a la serie de denuncias realizadas por el equipo de abogadas/os de Luis Tralcal, Jose Tralcal y José Peralino, para lo cual tienen un plazo de tres meses. Posteriormente, la Comisión evaluará si procede llevar el caso a la Corte Interamericana.

Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer que se daba inicio a la etapa de admisibilidad al requerimiento presentado por la defensa de los mapuche condenados por el caso Luchsinger-Mackay: Luis Tralcal, Jose Tralcal y José Peralino.

En mayo de 2019 RESUMEN informó sobre esta denuncia, dando a conocer elementos que apuntaban a la vulneración de derechos de los condenados durante la investigación del caso. En este sentido, uno de los puntos centrales guarda relación con eliminar y dejar sin efecto, en un plazo razonable, las respectivas condenas, además de disponer medidas de reparación, y otros ejes que contempla el requerimiento.

De esta forma, el que haya entrado a etapa de admisibilidad significa que «la petición ha sido enviada al Estado para que este presente sus observaciones», indica documentación revisada por RESUMEN, por lo que se deberá dar respuesta en tres meses de parte de Chile ante la Comisión.

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El hecho ha reactivado la judicialización del criticado proceso que tuvo como resultado la condena de los primos Tralcal y José Peralino, siendo este último quien declaró haber sido objeto de tortura para declarar en el caso.

En conversación con RESUMEN, el hijo de José Tralcal, Juan Carlos Tralcal, explicó en qué consta esta situación: «significa que se abre nuevamente el caso Luchsinger-Mackay respecto al proceso investigativo donde se habrían vulnerado derechos de los imputados, sobretodo de José Peralino quien fue torturado para autoacusarse y también a otras personas, entre ellos Jose y Luis Tralcal».

En este sentido Juan Carlos indicó que el Estado chileno tiene la obligación de responder, haciendo memoria de que «todo el proceso judicial en Chile fue asistido por la presión política de los más altos cargos del gobierno, como el presidente de la República, quién hizo comentarios negativos a la primera sala de jueces que habían dado absuelto a todos los acusados».

Considerada como la última instancia que queda para mostrar la inocencia de los condenados, Juan Carlos explica que pasados los tres meses -y recibidas las observaciones que haga el Estado chileno-, la Comisión deberá «evaluar si procede o no llevar el caso a la Corte Interamericana, donde esperamos que se revoque la acusación y nuestros familiares sean declarados inocentes, y queden libres de esta persecución política por un hecho que no cometieron».

Para cerrar, Juan Carlos reflexiona que las repercusiones de este caso pueden permitir la visibilización irregular de la justicia chilena, «donde funcionarios policiales y fiscales vulneran derechos humanos y hacen uso constante de técnicas de montaje dirigidos a dirigentes mapuche y aplicando leyes -como la Antiterrorista- para alargar los tiempos de prisión y esconder las supuestas pruebas con facilidad».

Fotografía principal: Retrato Independiente