En los próximos días el Senado deberá decidir si ratifica o no al abogado José Morales Opazo como Fiscal Nacional, luego que el presidente Gabriel Boric lo propusiera como tal el lunes y este martes fuese enviada la comunicación oficial a la entidad. Para ello, se requieren los votos de los dos tercios del Senado y, si es ratificado, Morales Opazo ocupará el cargo que dejó Jorge Abbott luego de cumplir la edad máxima para desempeñarlo, 75 años.

El modo en que la Corte Suprema elaboró la quina sobre la cual Boric eligió a Morales Opazo provocó desconfianza entre quienes observaron el proceso, sin preguntas que pudieran ahondar en sus declaraciones o contrastarlas con hechos relativos a su desempeño, tampoco con criterios informados públicamente. La ausencia de un mecanismo transparente para elegir a esta autoridad propicia que quienes debieran estar expuestos al examen de la Fiscalía Nacional, son quienes cabildean en favor o en contra de unos y otros. Este fue el contexto en el cual nombrado Jorge Abbott, anteriormente, estableciendo un pacto con la clase política para no investigar sus prácticas y, últimamente, fue el telón de fondo en la conformación de la quina donde figuraban sujetos como el abogado Rodrigo Ríos, anteriormente representante de Richard Riquelme Vega, condenado en Países Bajos con las imputaciones de narcotráfico, homicidio y lavado de dinero. Junto con él, también se nombró a Marta Herrera, jefa de la unidad anticorrupción, mientras Abbott fue Fiscal Nacional luego de haber sostenido los acuerdos que explican su inacción ante hechos de corrupción, pero además, su firma figura en un documento suscrito con la Conferencia Episcopal donde comprometen intercambiar información relacionada con eventuales imputaciones contra figuras de la iglesia católica. Eso, como ejemplo.

Por su parte, a José Morales Opazo se le conoce como "el sepulturero", básicamente por su tendencia a no perseverar en causas que puedan exponer a personas con poder político y económico, o serviles a ellas. Los hitos que aportaron en la adquisición del apodo van desde delitos económicos hasta casos de derechos humanos, entre los cuales se puede mencionar:

A José Morales Opazo se le podría denominar como precursor de las clases de ética como condena para delincuentes de cuello y corbata, pues antes de que ejecutivos de Penta fueran sancionados con esta medida en 2018, al quedar descubierto su método para sobornar autoridades políticas y defraudar al fisco, él lo estableció en su condición de fiscal el año 2011 para diez ejecutivos de las tres cadenas farmacias coludidas para imponer precios en sus productos. A pesar de que estas empresas ya habían incurrido en tales actos anteriormente, el entonces persecutor aplicó la suspensión condicional del procedimiento junto a una salida alternativa que incluyó clases de ética para ellos.

Cuando el 2011, la justicia argentina investigaba un posible soborno durante el 2006 y 2007 entre la empresa LanChile, entonces controlada por Sebastián Piñera, y Ricardo Jaime, ministro de transporte argentino de ese periodo, acompañando con facturas esta acusación. La causa le fue asignada a José Morales Opazo quien archivó la causa arguyendo falta de competencia, según informó El Mostrador. Años después, un informe de la OCDE, llamó la atención sobre la investigación insuficiente de causas que acaban siendo archivadas, como fue el caso de Lan. Finalmente, el caso fue reabierto y LATAM Airlines, ya sin Piñera como controlador, "informó que había llegado a acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con el regulador de Wall Street, aceptando multas de alrededor de US$ 20 millones por pagos de US$ 1,15 millones a Manuel Vázquez, testaferro del entonces ministro de Transporte argentino, Ricardo Jaime. La justicia estadounidense afirma que esa plata fue usada para pagar coimas", consignó el medio citado.

El caso Cascadas, a través del cual se estableció que entre 2008 y 2011, sociedades de inversión relacionadas con Julio Ponce Lerou, realizaban compraventas de acciones en su propio beneficio, no presentó avances mientras estuvo a cargo de José Morales Opazo, como jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, y las denuncias eran sostenidas por accionistas minoritarios. Tuvo que incorporarse AFP Habitat y Moneda Asset Management como denunciantes para que fuera sacado del caso y este se echara a andar.

Luego que fue extinto el incendio de la bodega Kayser, el 20 de octubre de 2019 en Renca, se encontraron los cuerpos de cinco personas fallecidas en el lugar, sus familias denuncian que existen pericias y diligencias realizadas de forma inadecuada, además de otras que aún siguen pendientes. José Morales Opazo es el fiscal a cargo de esta causa y su desempeño en ella ha sido calificado de "displicente" por quienes bregan por el establecimiento de justicia sobre el hecho.

El propuesto Fiscal Nacional, también decidió no perseverar en una causa por el disparo al rostro de una persona por parte del excarabinero Claudio Crespo el año 2018, quien percutó su escopeta de perdigones a unos cinco metros de distancia de ella, provocándole pérdida de visión en un ojo y diversas cicatrices en su rostro. Esta situación fue conocida luego que a Crespo se le revocara la medida cautelar de prisión preventiva mientras era procesado por haber cegado a Gustavo Gatica el año 2019 bajo el argumento de tener "irreprochable conducta anterior". O sea, la agresión contra Gatica fue parte de una concatenación de actos marcados por la impunidad que sujetos como José Morales Opazo brindaron a Crespo.

Fotografía de la víctima que sufrió el disparo de Crespo en su rostro el 2018. Extraída de Interferencia.

Mario Puzo, en El Padrino, describió a Amerigo Bonasera, un inmigrante italiano en Nueva York sentado en un tribunal, escuchando al juez que condena a dos jóvenes que habían ultrajado a su hija "a tres años de prisión", dejando la sentencia "en suspenso". Se enteró que estos tenían parentesco con integrantes de la clase política estadounidense y que así, sencillamente, se explicaba este veredicto, muy similar a nuestra pena remitida. Tiempo después, Bonasera acudió a Vitorio Corleone para plantearle la necesidad que tenía de hacer justicia, ante lo cual él le increpa cuestionando por qué no aceptó su ayuda cuando se la ofreció. Ahí, explica que él quería, en realidad, ser un ciudadano estadounidense, creyendo en el discurso que legitimaba la institucionalidad del país, ahora ya desechado. Finalmente, Corleone accede a su petición a condición de su solicitud a sus eventuales requerimientos.

La propuesta de José Morales Opazo como Fiscal Nacional vuelve más extraña la creencia que las instituciones del Estado se orientan bajo criterios exentos de vicios y que particularmente, en el poder judicial, no existe cabida para la justicia. Lo ocurrido en esta institución se replica en múltiples, quizá en todas, y mientras sus prácticas burlan la probidad, también se mofan de la población que espera respuestas sensatas y transparentes, nutriendo un caldo de cultivo para la que impensables versiones de Amerigo Bonasera aparezcan y se masifiquen.

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