Una investigación realizada por OpenDemocracy en conjunto con La Pública, develó millonarios traspasos de fondos públicos hacia Chile Unido, organización antiabortista que contaría con el financiamiento de importantes grupos políticos y económicos, entre ellos, dos municipios y ambas administraciones de Sebastián Piñera.

Por Antonia Acuña

Recientemente, el medio OpenDemocracy publicó un reportaje que destapó el presunto traspaso de fondos públicos hacia una organización de carácter antiabortista, cuyo objetivo es impedir los abortos mediante un "programa de acompañamiento para mujeres con embarazos vulnerables". Dentro de los donantes que habría financiado dicho programa y hacen posibles sus campañas, se observó la participación del Ministerio de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera y las municipalidades de Vitacura y Las Condes, además de donaciones privadas cuyo origen se desconoce.

La Fundación Chile Unido, que promete brindar apoyo psicosocial y "soluciones concretas a las problemáticas que presentan las mujeres que están viviendo un embarazo vulnerable", ofrece atención gratuita mediante el apoyo de su amplia red de colaboradores. Su modo de operar es a través de una línea de atención telefónica y un sitio web llamado Embarazo no Deseado, donde captan a mujeres que necesitan un aborto y las convencen de continuar con su embarazo ofreciéndoles asesoramiento y atención de salud gratuita.

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Durante el desarrollo de la investigación, OpenDemocracy evidenció que el método utilizado por la organización se asemeja a las tácticas de los 'centros de embarazos en crisis', esbozadas por organizaciones estadounidenses y que son utilizadas para "entregarles desinformación y manipulación emocional para que desistan de abortar a las mujeres que solicitan ayuda».

El programa de Chile Unido, que cuenta con un amplio equipo de profesionales de la salud y que realiza su acompañamiento en una casa ubicada en una de las comunas más ricas de la capital, se ha sustentado con los millonarios montos transferidos desde entidades públicas y con donaciones privadas.

La información recabada, develó que la organización antiabortista, liderada por el empresario Heriberto Urzúa Sánchez, recibió fondos públicos durante el primer y el segundo gobierno de Sebastián Piñera, periodos en los que se habrían realizado millonarias subvenciones hacia la fundación con el objetivo de "apoyar el funcionamiento del programa Acoge una vida" y "expandir y fortalecer el programa". El total, se desglosaría en cuatro trasferencias de $160 millones cada una.

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Además, son 218 millones de pesos los que el municipio de Vitacura y el de Las Condes han trasferido hacia Chile Unido mediante transacciones ejecutadas desde 2004 hasta la fecha con motivo de: remuneraciones, arriendo de la sede, gastos de difusión y cuentas de internet, según el trabajo de OpenDemocracy.

Ante estos detalles, resulta difícil pasar por alto el hecho de que Heriberto Urzúa además de ser cercano al expresidente, es director de Forus S.A, una cadena de tiendas de marcas internacionales con presencia en diversos países y es miembro de directorios de más de una decena de empresas. Esto, sumado a que la participación de la municipalidad de Vitacura en este caso se les suma a otros delitos de corrupción que han tenido lugar en su interior y que hoy mantienen a su exalcalde Raúl Torrealba en prisión preventiva, genera aún más interrogantes.

Respecto a las donaciones privadas, que sumaron entre 2017 y 2021 un total de casi 700 millones de pesos y que, según los análisis de las cifras presentadas en sus balances, equivalen al 40% de sus ingresos, se desconoce su procedencia, ya que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se negó a informar sobre su origen, apelando a que esos datos están protegidos por la reserva tributaria.

Por esta razón, es que los medios antes mencionados, decidieron solicitar esta información ante el Consejo para la Transparencia, que acogió la solicitud que obliga al SII a revelar la identidad de los donantes de Chile Unido. Sin embargo, la fundación inmediatamente presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, reclamando que se mantenga en secreto la lista de donantes.

Esta investigación puso al descubierto los vacíos legales que mantienen en secreto datos que son de interés público y demostró cómo la poderosa red de esta fundación le permite adjudicarse millonarios montos e influir en el escenario político.