[resumen.cl] "La respuesta del Estado frente a la movilización social se caracterizó por la práctica de represión mediante un uso desproporcionado de la fuerza», aseguraron desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como impresión preliminar tras su visita a Chile. El organismo dependiente de la OEA además señaló «el reconocimiento que hoy Chile vive una situación de grave crisis en materia de Derechos Humanos». Las conclusiones finales se darán a conocer en un informe que se comenzará a preparar a partir de los datos recogidos, pero ya estas impresiones primarias confirman, nuevamente, el abuso y las violaciones a los DDHH que desde el 18 octubre comete el Estado de Chile.
Hoy viernes 31 de enero finalizó la visita «in loco» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegurando ya preliminarmente -antes de sistematizar y ordenar la información recogida para construir los datos- que «Chile vive una situación de grave crisis en materia de DD.HH.».
Por su parte, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, realizó un reconocimiento «a los jóvenes, a los estudiantes que han dado, con su voz, muestra de que tenemos la expectativa de una lucha por las transformaciones de las sociedades, que sean más justas, equitativas y respetando la dignidad de todos».
Al entregar las observaciones y recomendaciones preliminares del informe, y como viene siendo costumbre en los países que el organismo visita, se realizó un minuto de silencio, indicando que era por «las víctimas, las familias de los fallecidos, por los heridos, los detenidos, las violadas y a los que han perdido el importante sentido de la vista». También señalaron que existe preocupación por amenazas de ejecuciones, golpizas y vejaciones.
En la instancia se volvió a confirmar lo que se afirma desde diversos organismos nacionales, internacionales y por la población que se manifiesta por conseguir derechos en cuanto que desde el 18 de octubre se registran abusos, detenciones y uso desproporcionado de la fuerza. «Expresamos nuestra preocupación y condenamos el alto número de violaciones de derechos humanos e instamos a las autoridades de Chile a investigar y sancionar a los responsables, para dárselo a conocer a la ciudadanía», expresaron desde la Comisión.
Al respecto, el comisionado José Hernández criticó el actuar contra manifestantes y las múltiples denuncias por violaciones y torturas «La CIDH observa que la respuesta del Estado frente a la movilización social se caracterizó por la práctica de represión mediante un uso desproporcionado de la fuerza y conductas repetitivas de violencia contra manifestantes, que resultó con un número elevado de víctimas de violaciones de DD.HH.», señaló para luego añadir que «La CIDH expresa su preocupación por la información recibida que señala abusos sexuales, incluyendo denuncias por violación, torturas y tratos crueles, inhumanas y denigrantes en el marco de detenciones».
La comisión precisó que, hasta el 29 de enero, el Servicio Médico Legal (SML) ha recibido 1172 solicitudes para realizar el «Protocolo de Estambul», aplicado para casos de torturas.
En estas impresiones no dejaron fuera los casos de mujeres que denuncian desnudamiento forzados, sentadillas, amenazas de violación incluso contra embrazada, muchos de estos casos -según indica la comisión- no han sido denunciados por estigmatización, temor a represalias y desconfianza en las autoridades.
Dentro de las las 20 recomendaciones que la CIDH hizo al Estado de Chile, se encuentra el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza, llevar a cabo una reforma institucional de Carabineros, asegurar que las fuerzas de seguridad tengan como prioridad la defensa de la vida e integridad de las personas y que existan mecanismos de reparación a las víctimas, sobre todo las víctima de trauma ocular y violencia sexual.
Finalmente la CIDH aseguró que la persecución penal no ha avanzado de manera proporcional, y que permitir la impunidad afecta no solo a las víctimas, sino que a toda la sociedad, porque «da una muestra de tolerancia ante estos hechos». y que además, da sensación de impunidad a los uniformados para seguir cometiendo delitos.