[resumen.cl] Tras ser detenido en junio de 2013, Luis Beiza fue encontrado muerto en el calabozo de la subcomisaría de Llay Llay. Una segunda autopsia, exigida por su familia, acreditó que fue enterrado sin su corazón, sin poder establecer la causa de muerte, abriendo sumarios y cargos contra los involucrados, tanto policiales como del Servicio Médico Legal.

Luis Guillermo Beiza era un minero de la comuna de Llay Llay, quien fue detenido el 3 de junio de 2013 por una supuesta denuncia anónima que lo acusaba de vender droga en un sector de la comuna. Tras su detención, fue llevado al calabozo de la subcomisaría de Llay Llay y, en el parte policial, se indicó que el minero tenía droga en sus posesiones.

Sin embargo, el fiscal a cargo del turno, Eduardo Fajardo, instruyó que Beiza fuera dejado en libertad, cuestión que no fue acatada por la policía. Horas después, el minero se encontró muerto en el calabozo.

El hecho repercutió a nivel regional y nacional, iniciándose un sumario de la Fiscalía Militar del cual se acreditó que no existió ni la denuncia anónima ni tampoco que Beiza portara droga al momento de la detención. Asimismo, tras realizar una segunda autopsia tras la solicitudes de familiares, se acreditó que Luis Guillermo Beiza fue enterrado sin su corazón, sin poder establecer la causa de muerte, cuestión que abrió la formalización Gastón Donckaster, director del Servicio Médico Legal (SML) de San Felipe, por los cargos de mal uso de instrumento público y falsificación.

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Así fue como, tras cerca de ocho años, se dio término al juicio civil respecto a la reparación del daño que causó el hecho.

Esta mañana, RBB informó que se deberá indemnizar a los familiares con $200 millones. Sin embargo, Teresa Rojas, pareja de Beiza, enfatizó en que «el dinero nunca reparará el daño causado«. Asimismo, la defensa de la familia dio a conocer que los funcionarios sancionados por el hecho fueron reinstituidos en la institución policial.

En esta línea, la abogada de la familia, Loreto Allendes, señaló que «los carabineros se encubrieron unos con otros«, lo cual complejizó su formalización por lo que se tornó «imposible acreditar que lo habían asesinado«, considerando la falta de pruebas y testigos. Sin embargo, existe una importante responsabilidad de estos, debido a que Beiza estaba bajo tutela del Estado en el contexto de detención.

Fotografía principal: Subcomisaría de Llay LLay | Google maps