[resumen.cl] En la segunda semana consecutiva de evasiones al Metro, la respuesta del Estado chileno utilizó nuevamente la criminalización para apaciguar la situación. Sin embargo, la masividad del respaldo a las movilizaciones comenzó a desbordar las estaciones.
El lunes 14 de octubre de 2019 las evasiones masivas al Metro iniciadas una semana antes aumentaron exponencialmente. No solo estudiantes, sino que trabajadoras y trabajadores progresivamente se sumaron al salto del torniquete en las estaciones de la región Metropolitana.
El descontento ante un alza de $30 pesos del pasaje -que posteriormente decantó en un descontento generalizado por 30 años de políticas que reforzaron el modelo heredado de la dictadura-, tuvo una respuesta concreta dada por el Gobierno de turno: criminalización.
Sin embargo, el desborde en las estaciones arrastró el mismo lunes el cierre de las estaciones Quinta Normal, Cumming, Santa Isabel e Irarrázaval, considerando las intensidad de las protestas que crecían continuamente.
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Más allá del cierre de estaciones, la criminalización conllevó también el progresivo despliegue de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros en las instalaciones del Metro, conllevando enfrentamientos en el lugar durante toda la semana.
De igual forma, expresiones como la de la ministra de Transportes Gloria Hutt contra los estudiantes indicando que «no aumentó la tarifa para ellos», o las declaraciones de Louis de Grange, presidente del directorio de Metro, referidas a que «nuestro Metro no ha sido víctima solo de evasión masiva. Ha sido víctima de violencia», y el anuncio de acciones legales contra responsables de las evasiones, formaron parte de la respuesta estatal.
Sin embargo, lejos de apaciguar la chispa iniciada el 7 de octubre, esta se comenzó a sembrar y expresar masivamente, lo cual alcanzaría el punto más álgido en el viernes 18 de octubre.