Como "error administrativo" calificó el presidente de la Corte de Apelaciones, Rodrigo Cerda, a la anulación de la orden de no innovar que, acogiendo el recurso de protección del Liceo Charles de Gaulle, obligaba la suspensión de trabajos en "Ciudad del Parque", el megaproyecto de la empresa inmobiliaria Aitué. Sin embargo, tras distintos procesos jurídicos, ayer se acogió la reposición correspondiente y se dicta orden de no innovar.

Por Makarena Sierra

"Se concede la orden de no innovar», dice la resolución que, en una votación unánime, dictaminó la Primera Sala del tribunal de alzada penquista luego de varios procesos judiciales que involucran al megaproyecto de la inmobiliaria Aitué, que contempla siete edificios ubicados en la calle Chacabuco, entre Castellón y Colo Colo: Cinco habitacionales, 912 departamentos y dos de oficinas con 52 espacios, incluyendo en su arquitectura un boulevard de 15 locales comerciales, lo que se estima en una inversión de poco más de 48 mil millones de pesos.

La iniciativa levantó varias críticas tanto de vecinos del Parque Ecuador, como de apoderados de colegios aledaños (Instituto de Humanidades y el Liceo Charles de Gaulle), quienes interpusieron recursos de protección en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental por su decisión de aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), calificándola de "ilegal y arbitraria" ya que no se consideró un proceso de participación ciudadana. Ante esto, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió el pasado lunes 30 de septiembre la solicitud de no innovar, paralizando el proceso de construcción de la "Ciudad del Parque".

Este pequeño triunfo para los vecinos y vecinas del Parque Ecuador no perduraría, pues el día miércoles, en un error administrativo "inédito", la Corte anuló la resolución de suspender los trabajos debido que aparecía la firma de la ministra Matilde Esquerré Pavón, quien se encontraba inhabilitada para decidir por mantener parentesco con una de las partes involucradas. A raíz de esto, se conformó una nueva sala que admitió el recurso de protección del liceo francés, pero que rechazó la solicitud de no innovar, argumentando que no existían antecedentes que lo justificaran. Eso significaría que la empresa podía continuar con los trabajos de construcción en cualquier momento.

Sin embargo, fue sólo la firma la que apareció en la resolución de la Corte, puesto que la ministra Esquerré no se encontraba en la sala, pero sí lo hacía la magistrada Yolanda Méndez, quien tomó su lugar y votó en contra de la orden de no innovar. Lo anterior corresponde a un error en el dispositivo de votación electrónico que se daría conocer el mismo miércoles en la tarde. Entonces, la resolución no se debería haber anulado.

Además, el mismo día, el portal noticioso del Poder Judicial publicó un artículo que explicaba la situación y con esto, la noticia se empezó a difundir en distintos medios de comunicación sin existir la notificación formal del tribunal. Ulises Medina, abogado representante de los apoderados de los colegios y vecinos del Parque Ecuador Sur, se refirió a esto señalando que "el problema es que ese es un canal informal, porque el conducto regular es que esto se notifique por el mismo tribunal. Por un lado, rechazaron la orden de no innovar que es súper importante para la ciudadanía en circunstancias súper anómalas y, por otro lado, lo comunican por un canal informal".

El abogado y representante de la ONG de conservación Winkul Lafken, también expresó su profunda preocupación, haciendo énfasis en que este tipo situaciones no pueden pasar en una institución como la Corte de Apelaciones. "No hay que desconocer también que estamos tratando con personas muy poderosas, estamos tratando con el poder mismo tanto de la administración del estado, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que en reiteradas ocasiones ha negado el proceso de participación ciudadana, como de las inmobiliarias, que mueven una cantidad importante de dinero. Esperamos que podamos tener todo el resguardo de la justicia y que estos hechos anómalos no tengan que ver precisamente con medidas de presión para debilitar a las organizaciones comunitarias".

Ante esto, también se pronunció Rene Herrera, abogado representante de apoderados y vecinos e integrante la misma ONG. "Esto es bien inédito. No es algo que pase todos los días, de hecho, yo personalmente no lo había visto nunca y otros colegas con los que he conversado comentan que nunca habían visto pasar algo así, entonces por eso hace tanto ruido: tanto afuera, por el tema de que sea el parque un proyecto súper mediático, como dentro del poder judicial, porque es muy anómalo".

Además, agrega recalca el objetivo principal del proceso legal es que la comunidad tenga la oportunidad de expresar su sentir frente a toda esta situación. "Esto no paraliza el proceso principal, que en el fondo es el recurso de protección para obtener participación ciudadana por parte de los vecinos y vecinas. Esto es solamente una discusión que, si bien es importante, no es el objetivo principal".

En este escenario, se presentó una solicitud de investigación administrativa que llevaría a la Corte de Apelaciones a acoger, finalmente, el recurso de protección interpuesto por el Liceo Charles de Gaulle, lo que se traduce -tal como la ley lo establece- como una paralización de las construcciones mientras dure el debido proceso.