Las estatales Codelco y la Empresa Nacional Minera del Ecuador deberán enfrentar una nueva audiencia en ese país ante las denuncias que se han presentado por las consecuencias que ha arrastrado un proyecto minero, donde se pretenden explotar cientos de toneladas de cobre en un ecosistema frágil y que cuenta con especies en peligro.

Por J. Arroyo Olea

Para este jueves está fijada la audiencia de segunda instancia en la Corte Provincial de Imbabura en Ecuador contra el megaproyecto minero Llurimagua, que busca explotar más de 200.000 toneladas de cobre al año con una vida útil de hasta 27 años.

El juicio se instala contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Ministerio de Energía y Recursos Renovables del Ecuador debido a la amplia cantidad de vulneraciones de derechos constitucionales que ha encabezado la iniciativa de explotación minera liderada por la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y la Empresa Nacional Minera del Ecuador.

El proceso judicial inició el pasado 31 de enero tras una Audiencia por la Acción de Protección presentada por comuneras y comuneros afectados por el proyecto minero Llurimagua y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, y en esta oportunidad apela nuevamente a la protección de especies en peligro de extinción como también en defensa de las comunidades humanas cuyo derecho a consulta ha sido vulnerado.

Ante esto, se ha desarrollado una campaña internacional de difusión y solidaridad con las comunidades en conflicto, emplazando a las empresas estatales tanto ecuatoriana como chilena a que desistan del proyecto minero.

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El proyecto en cuestión está liderado por Codelco y la Empresa Nacional Minera del Ecuador, ubicándose en la zona de Intag y pretendiendo explotar más de 200 mil toneladas de cobre al año. El medio Periodismo de Investigación dio a conocer que ya en 2019 la Contraloría de Ecuador dio a conocer doce observaciones al proyecto, concluyendo que «las empresas no presentaron los planes anuales de actividades y de inversiones de la concesión en el plazo establecido. Estos incumplimientos, según la entidad de control, constituían causal de caducidad contractual. Sin embargo, quedó como letra muerta».

Asimismo, recientemente las empresas involucradas -ambas estatales- retomaron conversaciones tras suspender los procesos de arbitraje solicitados por Codelco y así poder avanzar en el proyecto.