El ministro de Educación, Raúl Figueroa, que insistió constantemente en la vuelta a clases presenciales durante todo 2020, ayer aseguró nuevamente, en entrevista con Canal 13, que este primero de marzo las y los estudiantes regresarán a las aulas sí o sí.
Por Juan Jara Contreras
Despreciando una vez más las observaciones e inquietudes del gremio docente sobre las garantías sanitarias y logísticas que les permitan volver a la prescencialidad, Figueroa aseguró que los establecimientos educativos abrirán sus puertas argumentando que trabajaron a la par y "de una manera muy específica para prepararse con miras al año escolar 2021", situación desmentida por el Colegio de Profesores y Profesoras y catalogada como desigual.
Hay que apuntar que el Ministerio de Educación incluso instruyó a las Seremías que reanudaran las clases presenciales el 22 de febrero de este año, medida que no se concretó debido a su incompatibilidad con el estatuto docente, enfatizó Eduardo Gonzales, nuevo vicepresidente del gremio del magisterio.
Hoy el Colegio de Profesores y Profesoras, con nueva directiva incluida, volvió a criticar la tozudez de Figueroa y aseguraron que, "el ministro de Salud endureció ayer las medidas sanitarias por lo que es muy poco probable es que podamos volver el primero de marzo según las lógicas del ministerio".
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Donde debe ponerse el esfuerzo, aseguró Gonzales es en «generar mayores condiciones materiales para que se pueda mantener un estado de excepcionalidad con clases virtuales. Es aquí donde debemos exigir al Gobierno, por ejemplo, garantías de acceso a internet de las profesoras/es y estudiantes con planes gratuitos, que se les entreguen computadores, con una condición mínima para garantizar el derecho de conexión y que debe ser entregado por el Estado".
Pero ésta no es la primera vez que Figueroa hace caso omiso al contexto sanitario para insistir con la vuelta a clases presenciales. En agosto del año pasado expresó que si se habilitaban los establecimientos educacionales para las votaciones del plebiscito, también podían ocuparse para volver a las clases en el aula. Lo anterior fue desmentido por el mismo ministro de Salud, quien refutó que "el retorno a clases y el uso de los establecimientos educacionales como lugar de votación no tienen ninguna relación".
Resulta a lo menos cuestionable que un ministro de Gobierno ignore la realidad sanitaria país, muertes que rondan las 23 y contagios por Covid-19 que en los últimos días han ascendido a 25 mil según el último informe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud.
Frente a la incongruencia del ministro de Educación, desde el gremio docente enfatizaron en que "el ministerio está en la lógica de defender los intereses económicos y otorgar cierta normalización en marzo. Ellos insisten en un retorno a las escuelas para poder salvaguardar sus intereses económicos, pero por sobre ellos está el derecho a la salud de las y los estudiantes y de las familias de las y los trabajadores de la educación".
La nueva directiva del Colegio de Profesores y Profesoras frente al trabajo virtual, desigualdad y los desafíos para el 2021
Gonzales explicó que podemos advertir grados de desigualdad por ejemplo en lo relativo al acceso y la conectividad de las clases online. "Por una parte se construye una virtualidad en un contexto social y escolar profundamente desigual. Al revisar los datos de la Región Metropolitana y en Providencia donde sobre el 85% de los hogares tienen computador y acceso a internet. Cuando cruzas esas cifras con La Pintana, donde se arraigan sectores populares, el acceso es de un 20 - 23% de las familias".
Esta desigualdad social sin duda sigue golpeando con mayor fuerza a la población durante esta pandemia, por ejemplo, "muchos estudiantes no se podían conectar, no tienen un espacio para trabajar en sus casas, sus familias están con problemas socioemocionales y económicos. Esa idea de instalar la escuela en la casa, obviando las dificultades del contexto creemos que se va a seguir manteniendo. Esta es una crítica que va más allá del sistema escolar, tiene que ver con este modelo de sociedad neoliberal".
También expresaron sus críticas en cuanto a lo pedagógico, relativas a la estandarización en la enseñanza. "A los estudiantes se le enseña prácticamente lo mismo, aunque este en una escuela rural o en la Región Metropolitana o en Arica. La educación no tiene un contexto y por tanto se le niega a las escuelas la posibilidad de hacer adecuaciones curriculares contextualizadas y en base a sus experiencias".
Gonzales agregó que "las disciplinas se debieran poner en disposición a entender lo que ocurre con la pandemia, pero el Ministerio insiste en un currículum desapegado a lo que se vive y eso genera un desapego y un desanimo en los estudiantes. Genera frustración".
Desde el Colegio de Profesores y Profesoras también se refirieron a la explotación durante la pandemia contra los y las docentes. "No se respetó ningún derecho laboral, los profesores tuvieron que sostener de su bolcillo la educación virtual, con sus computadores, pagando programas de internet y acompañados de exigencia de tareas y planificaciones que no tiene relación con el contexto. Han aumentado las enfermedades laborales como el estrés en las y los profesores".
Los desafíos para la nueva directiva
El 9 de diciembre se llevaron a cabo las votaciones al interior del gremio docente, que contó con la participación de 18 mil profesores y profesoras.
Esta nueva directiva asume en medio de distintas falencias logísticas de cara a enfrentar el año escolar 2021, asegurando que la lógica del Ministerio de Educación lamentablemente se mantiene.
Con respecto al desafío que significa lidiar con el quehacer educativo en el actual contexto sanitario, Eduardo Gonzales comentó que, "una de las grandes batallas para este año es generar una participación activa y deliberante en la nueva constitución y la definición de la educación como un derecho fundamental. Creemos que debemos ponerle fin al neoliberalismo en la educación y hacer retroceder las políticas de mercado".
Al interior del organismo apuestan por generar unidad entre las y los trabajadores de la educación, "ampliando las políticas de alianzas. El gremio debe ampliar sus políticas de alianza, no pueden ser sólo las y los profes del gremio. Esta unidad debe tener como eje central asegurar este 2021 la educación como un derecho asegurado por el Estado. Se deben regular las condiciones laborales y las condiciones de un posible retorno, porque hasta el momento es insostenible".