[resumen.cl] El líder social, minero, defensor de derechos humanos e integrante de la organización Marcha Patriótica fue asesinado este 27 de octubre cuando se dirigía a su casa en la carretera que conduce a la vereda Alto de Chiri. Ramón García fue abordado por hombres armados que le dispararon y además le habrían hurtado una suma de dinero destinada al proceso de sustitución y erradicación de cultivos ilegales.

Su muerte se suma al reciente asesinato de Miguel Pérez, presidente de Junta de Acción Comunal (JAC), integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) y también de la organización Marcha Patriótica, quien lideraba procesos de sustitución de cultivos ilícitos en el Bajo Cauca. Hecho ocurrido el domingo 22 de octubre, presuntamente a manos de los paramilitares denominados Autodefensas Gaitanistas. Además entre 2012 y lo que va de 2017, 139 militantes de Marcha Patriótica perdieron la vida en circunstancias similares; y van 133 líderes sociales colombianos asesinados este año.

Miguel Pérez

La asociación de campesinos de Toledo manifestó su rechazo a lo sucedido y agregó que la muerte del líder  "pone en riesgo el inicio del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en los municipios de Toledo y Sabanalarga, ante la falta de garantías para liderar y hacer parte activa de un proceso", según cita el comunicado público que dio a conocer la información.

El Programa Nacional Integral de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), comenzó a ejecutarse en mayo de 2017 como parte de los acuerdos post conflicto entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC- EP, quienes tendrían la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados.

Los beneficiarios directos son las familias campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito (hoja de coca, marihuana y amapola en mayor medida), que voluntariamente se comprometan a las sustituciones de los cultivos de uso ilícito, la no resiembra, ni estar involucrados en labores asociadas a estos.

Pese a los acuerdos, sucede la erradicación forzada impuesta por los militares colombianos, especialmente en «las comunidades del norte y occidente de Antioquia en territorios donde hay presencia de cultivos de hoja de coca nos encontramos permanentemente bajo amenazas, persecuciones, estigmatización y peligro de muerte evidenciado en el crimen acá denunciado, toda vez que la presencia permanente del ejercito sofoca y asedia con constantes operativos militares que vienen en proceso de aumento en intensidad y agresividad».

De esta forma los agricultores responsabilizaron «al Estado Colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, al ministerio de Defensa, y al ministerio del Interior, por los graves atentados contra los derechos humanos ocurridos el 27 de octubre en la vereda Alto de Chirí del municipio de Briceño».