El jesuita Javier Giraldo pidió ayuda a la comunidad internacional, para identificar a miles de cadáveres NN de La Macarena, pues en Colombia «todo se quiere ocultar», y dijo que el presidente electo, Juan Manuel Santos, «no tiene las manos limpias» en cuanto a violaciones a los derechos humanos.
Giraldo dirige el banco de datos de derechos humanos y violencia política del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), organismo creado por la orden jesuita.

Giraldo dialogó por teléfono con ANSA desde el poblado de Granada, departamento del Meta, sobre la «crisis humanitaria» dados las miles de denuncias de «falsos positivos», civiles asesinados por militares que luego los presentan como «guerrilleros muertos en combate» y reciben beneficios por ello.

En La Macarena, Giraldo asistió el 22 de julio junto a legisladores opositores, diputados europeos y estadounidenses a una audiencia pública donde se escucharon testimonios de campesinos que reclaman justicia por sus familiares asesinados y enterrados clandestinamente.

El sacerdote pidió a «la comunidad internacional que nos ayuden a vigilar estos procesos de exhumación y hacerlos visibles, porque el principal problema acá es que todo se quiere ocultar». "Necesitamos que los medios hagan visible lo que estamos pasando», destacó Giraldo, para quien «los crímenes no solo afectan a la víctima y su entorno, son crímenes de lesa humanidad que ofenden a la humanidad toda».

Giraldo denunció el «interés muy manifiesto de funcionarios del estado en ocultar esta realidad», incluso la «manipulación» que -dijo- hace la fiscalía de las cifras de víctimas, sepultadas como NN en La Macarena. En esa zona campesina, enclavada en la selva y ex bastión de las FARC durante la zona de despeje, el Estado cometió «muchísimas ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas y desplazamientos» y quiso «mostrar en los últimos años que aquí se vive un post conflicto», declaró.

También lamentó la «débil repercusión» en la prensa de su país de la audiencia pública del 22 de julio y señaló que existe «toda una política de medios de comunicación masivos que tiende a ocultar, a tapar todo esto».

Para Giraldo, resulta indispensable que «la comunidad internacional pueda nombrar una comisión de acompañamiento y vigilancia de todo el proceso de exhumación, así como la sociedad civil colombiana».

Sobre las expectativas de justicia en el futuro gobierno de Santos, afirmó que el ex ministro de Defensa de Alvaro Uribe «no tiene las manos limpias en los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales, el apoyo a políticas de recompensa» a los uniformados que detengan a un supuesto guerrillero.

«El pasado de este presidente no nos da muchas garantías», sintetizó. Tampoco le despierta «muchas ilusiones» la justicia de su país, dado que «el nivel de la impunidad es aterrador, como los organismos de Naciones Unidas y la OEA lo han reseñado».

Existe un «nivel elevadísimo de impunidad en los crímenes de lesa humanidad», agregó Giraldo, dado que «la justicia es un aparato supremamente corrupto».
Giraldo aseguró que sigue esperando una decisión de la Corte Penal Internacional de La Haya, a la cual presentaron los primeros casos de violaciones a los derechos humanos en 2003 y 2004.

«He estado en La Haya y he suplicado que asuman una cantidad de casos pero no hay respuesta, todavía no se llegó a nada, los casos se van acumulando por millares y la impunidad sigue siendo apabullante», se quejó.

Sin embargo, el jesuita señaló la «importancia» de las repercusiones «en sectores de bases» de las denuncias públicas de asesinatos y entierros clandestinos de víctimas.

«Nos han llegado muchas informaciones de otros cementerios de cadáveres anónimos, estamos descubriendo que muchos cementerios en zonas extendidas del país tienen áreas de cadáveres anónimos» y que «nunca se investigaron» las causas ni hubo exhumaciones para confrontar con las denuncias de desapariciones de personas.

«Esto está destapando lentamente una realidad muy grave en el país», expresó.