El proyecto fue despachado al Senado para continuar su trámite luego que se rechazara el artículo que buscaba frenar la entrega de concesiones acuícolas en áreas protegidas.

Por J. Arroyo Olea

Durante la jornada de este lunes la Comisión Mixta trató el proyecto que busca crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP),  iniciativa que se arrastra desde 2011 pero que fue nuevamente ingresada como proyecto en 2014, que busca «contar con un servicio que lidere la conservación de la biodiversidad en Chile», además de crear un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que se encuentre integrado por las áreas protegidas que existen en el país.

En este contexto, la discusión de la comisión le dio un portazo a uno de los puntos esenciales del proyecto, rechazando la modificación del artículo 158 de la cuestionada Ley de Pesca y que pretendía prohibir la entrega de nuevas concesiones acuícolas que se podrían encontrar al interior de áreas protegidas.

El hecho se da tras el empate en la votación al interior de la comisión, siendo despachado para que se pueda discutir en el Senado y, posteriormente, en la Cámara de Diputados/as.

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Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT junto a Ecocéanos informaron en una declaración que actualmente «32 empresas de grupos empresariales y conglomerados familiares chilenos junto a transnacionales noruegas, canadienses, japonesas, chinas y alemanas, gozan de 416 concesiones industriales al interior de los Parques Nacionales y áreas Protegidas en las regiones de la Patagonia». En este sentido, señalan que los días previos a la votación incluyeron «una agresiva campaña de desinformación pública, amenazas sobre el parlamento, y acciones de amedrentamiento a defensores ambientales, de derechos humanos y pueblos originarios».

Por su parte, grupos empresariales como el Consejo del Salmón -donde se encuentran empresas como AquaChile y Australis Sea Food- lanzaron duras críticas al proyecto por este punto. En una carta dirigida a El Mercurio, Loreto Seguel, directora ejecutiva del espacio, fue explícita en plantear que «reiteramos y ratificamos la posición que como industria hemos sostenido respecto del impacto negativo de la indicación que busca el término de la acuicultura en todo tipo de áreas protegidas».

Así, el empresariado ha hecho gárgaras no solo con el rechazo de la indicación que pretendía abordar la defensa de ecosistemas, sino que también impulsando la movilización de trabajadoras y trabajadores que han cuestionado la iniciativa, pese a la responsabilidad de los propios grupos empresariales sobre la situación.