La medida fue adoptada por el 2° Tribunal de Letras del Trabajo, luego de constatar que se falsificaron los hechos para inculpar a la víctima, dirigente del sindicato, por "colocación de artefacto explosivo".
El caso que, en su momento involucró al GOPE e incluso escaló hasta el Tribunal Constitucional, otorga plena jurisprudencia a los tribunales del trabajo para juzgar materias de Asociaciones de Funcionarios.
A pesar de ser un evento ocurrido bajo una antigua jefatura de servicio, las actuales autoridades de CNA recurrieron a la nulidad del juicio ante la Corte de Apelaciones.
Por Damian Arriaza / Resumen.cl
El miércoles 02 de marzo, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) recibió una fuerte condena en primera instancia por prácticas antisindicales, luego de desvincular a un dirigente de la Asociación de Funcionarios (Afucna) sin recurrir a un juicio por desafuero. El fallo señala que deberá reintegrar al dirigente, además de pagar una multa de 25 UTM y el pago de costas.
El fallo del 2° Tribunal de Letras del Trabajo se da luego de constatar que la anterior jefa del servicio, Paula Beale Sepúlveda, junto al ex presidente del organismo, Hernán Burdiles, habrían dispuesto de un sumario administrativo para desvincular a un integrante de la Asociación de Funcionarios siendo falsamente acusado en dicho sumario de "colocación de artefacto explosivo", luego de una manifestación artística. El propio presidente del organismo, calificó en su momento al acto de "terrorista" a pesar de que la manifestación incluía tan solo una lata vacía y sin riesgo alguno, como consta en los partes policiales.
Los hechos se remontan al 03 de marzo de 2020, cuando el dirigente sindical de la Asociación de Funcionarios (quien pidió reserva de su identidad por temor a represalias), dispuso del casquillo de una bomba lacrimógena a las afueras de la CNA, vacío e inerte (de acuerdo al propio fallo de la justicia), en protesta por la acreditación de la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile, durante diciembre de 2019, en pleno contexto del Estallido Social, cuando los casquillos de éstas abundaban en la vía pública luego de su masivo uso por la fuerza pública en contra de la población. Dicha lata de carácter inocuo, señalaba "Acreditada por 3 años (en las áreas de) Gases Tóxicos, Torturas, Violaciones" refiriéndose a la formación que recibían los graduados de dicha Escuela y sus consecuencias en la ciudadanía.
La situación motivó dos llamados a Carabineros por parte de CNA-Chile con la clara intención -según comentan fuentes internas- de arrestar al funcionario público, quien cuenta con más de 10 años de servicio en la administración pública, tres de los cuáles han sido como dirigente de la Asociación de Funcionarios de CNA.
La sentencia indica que "el tribunal puede constatar la existencia de una práctica antisindical, que se configura a partir de una represión de la libertad de opinión y una persecución en contra del dirigente, revestidos con la apariencia y forma de un proceso disciplinario".
Señala además que la "protesta, por lo demás inocua y pacífica, frente a la acreditación de la Escuela de Oficiales de Carabineros, en tiempos de agudos cuestionamientos a la institución por la represión utilizada en contexto de "estallido social" de octubre de 2019".
Colaboraron en dicho sumario administrativo, además, el Auditor Interno de la propia CNA (quien ofició de Fiscal del Sumario), y el Encargado de Gestión y Desarrollo de las Personas. Mientras que el primero cayó en abiertas contradicciones durante el juicio (audio que por ser público este medio tuvo acceso), el segundo fue el encargado de la redacción de una carta de corte peyorativo, con elementos que no encontraron respaldo en la justicia. Ambos funcionarios, estuvieron involucrados en una anterior investigación sumaria en contra del dirigente, lo que, a juicio de la directiva, tiene un carácter persecutorio. Este hecho fue igualmente relevado por los tribunales de justicia.
CNA ha decidido recurrir la sentencia por lo que el caso se verá ahora en la Corte de Apelaciones.
En tanto, las nuevas autoridades -el presidente recientemente designado, Dr. Andrés Bernasconi, junto al secretario ejecutivo, Renato Bartet- han manifestado que continuarían con la misma línea de las anteriores autoridades de invalidar los fallos de la justicia en primera instancia (situación que se ha dado luego de perder juicios por despidos injustificados), lo que podría exponer a la CNA y al Estado chileno a una condena mayor, en medio de profundas transformaciones sociales y en un contexto en el que las nuevas autoridades del país han señalado su deseo de erradicar este tipo de prácticas, calificadas como un montaje y persecución hacia líderes sociales.