El Estado chileno en su incapacidad de resolver el «conflicto mapuche» ha hecho uso y abuso de la vía judicial, como otro instrumento en la escalada represiva por contener las demandas históricas del pueblo mapuche, lo que le ha significado la condena internacional sin mermar los reclamos de la nación mapuche.

Juicios Políticos para contener demandas históricas del pueblo mapuche

Desde el inicio de la transición (1990) el Estado chileno ha tenido reacciones histéricas y desproporcionadas, frente a demandas territoriales de las comunidades mapuches, las que se contradicen con su política de comunicaciones que apunta a minimizar el conflicto y circunscribirlo a pequeños grupos radicales.  Esto desde las «recuperaciones» fallidas y ocupaciones «simbólicas», propiciadas por el Aukiñ Wallmapu Ngulam más conocido por su traducción al castellano Concejo de Todas las Tierras (CTT).

En aquellos años, un naciente movimiento mapuche rechazaba los acuerdos de Nueva Imperial y la Política de «Nuevo trato», impulsada por el gobierno de Aylwin con colaboración de la organización mapuche Ad Mapu. En respuesta a esto se efectuaron ingresos a algunos predios, en la comunas de Carahue, Puerto Saavedra, Lumaco, Nueva Imperial, Angol, Lautaro, Galvarino y Panguipulli.  Estas acciones no pasaron de ser fallidas o simbólicas, sin embargo desencadenaron una oleada de declaraciones beligerantes de parte de dirigentes políticos, agresivos titulares de la prensa que llevaron al gobierno de Aylwin a aplicar leyes especiales como la asociación ilícita y ley de seguridad interior del estado en contra del CTT.

144 comuneros mapuches fueron procesados por los tribunales, medida condenada años más tarde en organismos internacionales, que obligaron al Estado chileno a revertir la medida, restablecer derechos ciudadanos e indemnizar a los afectados.  En aquellos años también quedó en evidencia la desproporcionada acción policial, los retenes policiales se llenaron de niños, mujeres y ancianos mapuches, mismos retenes que solo años antes vieron pasar centenares de mapuches tras el golpe militar de 1973, muchos de los cuales hoy se encuentran desaparecidos.  Cabe señalar que por lo general las comunidades movilizadas durante la transición eran las mismas que durante el gobierno de la Unidad Popular efectuaron corridas de cerco y enfrentaron a los terratenientes, por lo que fueron duramente castigadas por los golpistas.

Las medidas adoptadas por Aylwin tuvieron básicamente dos consecuencias, fortalecer la imagen a nivel nacional como internacional del CTT, posicionándolo al interior del pueblo mapuche por sobre la organización histórica desde la cual se había desprendido: Ad Mapu, ligada a al izquierda tradicional chilena, la cual solo pudo solidarizar con las acciones y los detenidos, matizando  «que aun no era el momento».

El concepto de autonomizar al movimiento mapuche de las orgánicas de la izquierda chilena y la idea de pasar más allá del indigenismo culturalista en que se quedó atrapado el CTT quedó latente en muchos jóvenes mapuches que despertaron políticamente ante estas acciones y las posteriores manifestaciones contra la celebraciones oficiales del V centenario de la Invasión de América (1992).

El mapuche como nuevo enemigo interno

La irrupción de la guerrilla indigenista del EZLN en México el año 1994, nuevamente sembró las alertas en los dueños del poder político y económico en Chile, fue así que acciones no reivindicadas en la Provincia de Arauco se asociaron a la posible instalación de una fuerza guerrillera indígena en esa zona, discurso que se reinstalará con fuerza tras la quema de 2 camiones forestales en la comuna de Lumaco (Malleco), luego de un conflicto por tierras desarrollado allí entre las comunidadades de Pichiloncollan y Pililmapu en contra del Grupo Arauco.

El primer intento criminalizador del Estado, es vincular las acciones reivindicativas de los comuneros mapuches a organizaciones armadas chilenas (FPMR, MIR-EGP, Mapu-Lautaro). Los detenidos eran presionados para que declararan en ese sentido, según consta en informes de derechos humanos.  Hay que recordar que por esos años los militantes de estos destacamentos político-militares de izquierda chilena que rechazaron la transición pactada y la impunidad para los violadores de derechos humanos, llenaban un presidio de exterminio creado especialmente para ellos en esos años: la Cárcel de Alta seguridad (CAS).

Si bien varios mapuches tuvieron militancia política en la izquierda chilena o eran hijos de mapuches que participaron de algún trabajo político campesino de partido de izquierda, las organización mapuches habían avanzado en el concepto de autonomía y las movilizaciones en Lumaco, junto a otras que se daban en las comunas de Contulmo, Tirúa, Cañete y Los Álamos (Arauco) obedecían a una nueva organización surgida en esos años: la Coordinadora de Comunidades en Conflicto de Arauco y Malleco, más tarde conocida solo por sus siglas: CAM.

Nuevamente, la reacción histérica del gobierno, que militarizó varias comunas de Arauco y Malleco, deteniendo y torturando a militantes mapuches, llevó a que la CAM ganara validez dentro de las comunidades, ya consolidadas en Arauco. Los hechos de Lumaco gravitaron para que diversas comunidades de la Provincia de Malleco se integraran al proceso de «recuperaciones productivas», que más tarde pasarían a ser «zonas de conflicto» y algunas en el transcurso de los años «zonas de control territorial», en la estrategia de  lucha de la tierra al territorio, impulsada por dicha organización.

A fines de los 90 y principios del 2000, la estrategia comunicacional del gobierno apuntaba ahora a vincular a la CAM a organizaciones armadas de fuera del Estado, se apuntaba a relaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional  mexicano(EZLN) primero, para luego apuntar a un vínculo con la organización vasca ETA y finalmente con las guerrillas de las FARC.

En este contexto, el Estado volvió a la carga con la ley de seguridad interior del Estado y la ley antiterrorista, aplicando la condición de asociación ilícita a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto (CAM), encarcelando a werkenes o voceros, a destacados loncos o autoridades tradicionales en juicios carentes de toda objetividad, con montajes, utilización de testigos, en juicios políticos que tenían objetivos prefijados: descabezar la organización.   En ese momento la CAM había extendido su influencia desde Arauco y Malleco a la provincia de Cautín, además el conflicto se extendía al Alto Bío Bío por la construcción de las Centrales Hidroeléctricas.  La estrategia judicial será complementada con la militarización del territorio mapuche y la ejecución extrajudicial de luchadores mapuches: Jorge Suárez Marihuan (2002); Alex Lemun (2002), Matías Catrileo (2008), Jaime Mendoza Collio (2009).

La estrategia anti CAM, surtió efectos transitorios, dando un pequeño respiro al gobierno, con la detención masiva de dirigentes, con otros tantos en la clandestinidad, tras juicios como Poduco-Pidenco (2001) contra 11 dirigentes o el juicio por asociación ilícita contra la CAM (2003) que afecto a 18 dirigentes, a lo que se debe sumar el año 2004 el juicio por atentados en Alto Bío Bío.

En noviembre del 2006 se inició otra escalada represiva contra la CAM «operación paciencia II», que repetía el trabajo de inteligencia desarrollado contra el movimiento mapuche desde 2000-2003 contra la cúpula de la CAM, los dirigentes históricos de la organización estaban presos o fugitivos: José Huenchunao, Patricia Troncoso, Angélica 'ancupil, José Llanquileo, Víctor Ancalaf, Pascual Pichun, Juan Millacheo, Mirella Figueroa, Aniceto Norin, José Cariqueo, Iván Llanquileo y Luis Catrimil, entre otros.  La CAM fue perdiendo paulatinamente la iniciativa, se cerró y se hizo más nítido el carácter de organización de vanguardia tradicional, su desgaste se transmitió al proceso de recuperación de tierras, disminuyendo la emergencia de nuevas zonas de conflicto.  Esto influyó al conjunto del movimiento mapuche incluido aquellos que estaba «por fuera» de la CAM como la comunidad de Temucuicui o las del cajón del Queuco en Alto Bío Bío.

El Fracaso de la Judicialización: situación actual del conflicto

Años le costó entender a la inteligencia del Estado que el actor político que operaba en territorio mapuche era propio de dicha nación originaria, pero, se adecuó para afrontarlo a partir de su éxito frente a los destacamentos de izquierda que desafiaron al Estado chileno por las armas a inició de la transición.

Sin embargo, estos dos últimos años el conflicto mapuche ha vivido un reimpulso, sin que se vislumbre organización de vanguardia alguna, lo que nuevamente descoloca a los organismos de seguridad.  Las condiciones estructurales que desencadenaron el conflicto: las grandes inversiones capitalistas en territorio mapuche y despojo de tierras por parte de las comunidades continuó y si bien la organización de vanguardia decaía, las comunidades mantenían las ocupaciones productivas, zonas de conflicto o zonas de control territorial, emergiendo nuevas comunidades en conflicto como Wente Wilkun Mapu (Ercilla, Malleco).  Además el conflicto se ha extendido por todas las comunas de la Provincia de Malleco, también ha aumentado su rango de influencia en Cautín, se reactiva en Panguipulli, Choshuenco (Valdivia) o Río Bueno (Osorno), superando la dinámica del CTT que caracterizó los conflictos en territorio Huilliche. No obstante, hoy las acciones no se restringen única y exclusivamente al territorio mapuche ocupado por el Estado Chileno (Ngulumapu) sino que también se ha extendido al territorio mapuche ocupado por el Estado argentino (Puelmapu) acciones y procesos de recuperación en las provincias ocupadas por Argentina de Neuquén y Río Negro se han sucedido en los últimos años.

Numerosas comunidades han entrado en conflicto, tanto en el proceso de recuperación de tierras, como resistencia a las inversiones capitalistas, algunas provenientes de sectores que se incorporaron a las políticas del Estado en un primer momento, como Wente Wilkun Mapu y que hoy rompen con la institucionalidad. En la actualidad cada comunidad desarrolla procesos de lucha que no solo recogen los elementos aprendidos de más de dos décadas de conflicto, sino que incluso elevan el nivel de confrontación con el Estado chileno, las empresas capitalistas y sus aparatos de control ideológico, tanto a nivel político, como en el mismo accionar, lo que sin duda tiene descolocado a un Estado, que se mantiene exclusivamente a la defensiva, replicando políticas ya probadas por los gobiernos de la concertación, como el caso de las Áreas de Desarrollo indígena (ADI), lo que continúa alimentando un pensamiento que transita desde el autonomismo al soberanismo, y que sin duda avanzarán en la constitución de un proceso de liberación nacional o nuevo levantamiento general de la nación mapuche.

La Huelga de Hambre de los Comuneros del Lov Chequenco.

Resulta incomprensible que 5 comuneros mapuches en prisión preventiva en la cárcel de Temuco, en la calidad de simples imputados de un delito, tuvieran que realizar una huelga de hambre que radicalizaron a huelga seca  para solicitar una medida reconocida tanto por la legislación nacional como internacional como es estar en el lugar de detención más próximo a sus familias.  Los propios oficiales de gendarmería reconocieron a los familiares que por ellos el traslado lo hubiesen realizado a penas se solicitara, sin embargo, había una determinación política para no realizar el traslado y esa instrucción venía desde La Moneda.

Este simple hecho de respeto a los derechos de los presos, casi cuesta la vida a uno de los huelguistas que debió ser ingresado de urgencia al hospital de Temuco tras sufrir un infarto.  El alejar a los presos de sus familias o «política de dispersión», es una técnica de desmoralización que Inglaterra utilizó contra los militantes del IRA y el Estado español contra los presos de ETA, la cual ha sido condenada por organizaciones internacionales de derechos humanos y con la agravante que el Estado chileno no la aplica a cuadros político-militares, sino que a luchadores sociales.

Luego de que las protestas escalaran y la demandas de los huelguistas tuvieran repercusión internacional, el gobierno accedió al traslado a Angol de los 5 presos mapuches de Temuco, con lo cual estos últimos depusieron en forma victoriosa su huelga que alcanzó los 22 días. Leonardo Quijón, Luis Marileo, (Comunidad José Guiñon); Fernando Millacheo (Comunidad Newen Mapu); Guido Bahamondes y Cristian Levinao (Comunidad Wente Winkul Mapu), todas estas comunidades son parte del Lov Chequenco, en Malleco Bajo.

El gobierno sufrió un nuevo traspié solo dos días más tarde cuando la Corte Suprema por unanimidad de los integrantes de la sala, decide anular parcialmente las condenas a 10 años contra dos comuneros de Wente Winkul Mapu, que llevaban 59 días en huelga de hambre:  Daniel Levinao Montoya y Paulino Levipán Coyán.  A quienes el gobierno acusaba de presunto delito de homicidio frustrado contra el general de Carabineros Iván Bezmalinovic, basados única y exclusivamente en el testimonio del propio Bezmalinovic, que dicho sea de paso presenta contradicciones en su declaración. Y quien por lo demás, ha sido duramente cuestionado por organizaciones mapuches y organismos de derechos humanos por el proceder de los policías desde que él asumió el mando en la novena región.  Hay que recordar que Iván Bezmalinovic, es hermano de Carlos  Bezmalinovic, agente de la CNI caído en un enfrentamiento con militantes del FPMR y fue el jefe operativo de la acción que concluyó con la ejecución del comunero mapuche Jaime Mendoza Collio, como anteriormente del operativo policial en el cual se ejecutó al trabajador forestal Rodrigo Cisternas, en la planta Horcones, comuna de Arauco.

De nada sirvieron los intentos de las autoridades por ocultar el conflicto, de dividir a los huelguistas, reprimir las marchas de sus familiares y acabar con su protesta.  Sin duda elementos de la coyuntura, como proximidad que tuvo con las elecciones municipales, sumado a la confrontación entre el poder ejecutivo con el judicial ayudaron al positivo desenlace, pero mucho más relevante fue la unidad férrea y la decisión de los prisioneros que afrontaron el movimiento, el apoyo incondicional de parte de las comunidades en conflicto y la solidaridad de importantes sectores del pueblo chileno. Lo que nuevamente muestra una maduración de parte del pueblo mapuche en relación a la anterior huelga de hambre (2010), en la cual el colectivo de presos fue dividido por agentes externos: políticos de la concertación e izquierda, pero principalmente la iglesia católica.

Esta vez los comuneros rechazaron la presencia de políticos, así también al obispo Chomali quien llegó hasta el hospital Regional de Concepción como mensajero de Ezzati, «mediador» en la anterior huelga. Los comuneros de la cárcel de Angol depusieron su huelga luego de lograr importantes objetivos y sin validar instituciones que por siglos han servido a la dominación de su pueblo, ni menos llegar a dudosos acuerdos con ellos.  Fue frente a compromisos de sus comunidades de continuar la lucha que los prisioneros de Angol terminaron el movimiento.