En el año 2020, la Intendencia (hoy Delegación Presidencial) en conjunto con la Universidad de Concepción interpuso una querella en contra de 12 jóvenes, 6 de ellos menores de edad, que actualmente se encuentran con arresto domiciliario habiendo estado durante varios meses en prisión preventiva en la cárcel El Manzano de Concepción, quienes hoy deben enfrentar un juicio arriesgando penas de hasta 10 años de cárcel.

En los últimos días se vio una señal esperanzadora de parte de la universidad para estos jóvenes y sus familias, al enterarse que habría negociación del caso, la que tras pocos días fue abruptamente descartada debido a desconocidas presiones.

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Lamentamos profundamente que una institución como la Universidad de Concepción descarte este camino de diálogo, pudiendo ser ejemplo para estos jóvenes. La protesta que daña bienes materiales, es pagada con violencia sistémica contra ellos y sus vidas.

Como constituyentes, reconocemos que este proceso histórico ha evidenciado en su forma de manifestación, también el nivel de desigualdades de todo tipo que hasta hace poco no podíamos ver.

Solicitamos encarecidamente a la Universidad de Concepción, al Sr. Rector Carlos Saavedra y al Directorio de esta casa de estudios, que se reúne el día 20 de septiembre, reconsiderar su actuar con respecto a estos jóvenes y el contexto de los hechos ocurridos, dándoles una oportunidad y un alivio a sus familias.

Manuel Woldarsky,
Convencional Constituyente Comisión de DDHH

Hugo Gutiérrez,
Convencional Constituyente abogado titulado Universidad de Concepción

Tania Madriaga,
Convencional Constituyente socióloga titulada Universidad de Concepción

Bastián Labbé,
Convencional Constituyente profesor Historia y Geografía titulado UdeC

Giovanna Grandon,
Convencional Constituyente

Alejandra Pérez,
Convencional Constituyente