El domingo recién pasado, vecinas y vecinos de Rafael realizaron una multitudinaria marcha expresando su repudio a la instalación de un vertedero en la localidad de Curaco Alto, a cargo de la empresa Hera Biobío S.A., situación que contaminaría inevitablemente las aguas del río Rafael, en Tomé.
Por Juan Contreras Jara
Las y los manifestantes enfatizaron en que no permitirán la instalación de dichas faenas, porque no quieren que ocurra en Rafael lo sucedido con la planta Hidronor en Copiulemu, que derramó lixiviado (residuos percolados) en el estero Chaimávida y contaminó gravemente sus aguas.
Desde las 12:30 del día, decenas de familias, representantes de las 19 juntas vecinales de Rafael, clubs deportivos y distintas organizaciones socioambientales se congregaron en el colegio de Rafael, desde donde marcharon exigiendo la clausura del vertedero. "Eran casi dos cuadras de distancia llenas de gente", complementaron desde Rafael.
Revisa| La amenaza de la basura llega a Rafael: Comunidad se opone a instalación de vertedero en Tomé
Cabe destacar que el proyecto de la empresa Hera Biobío S.A. data del 2001, año en que se habría paralizado su construcción debido a problemas con la obtención de los terrenos en Curaco Alto.
Según explicaron desde la comunidad movilizada, el Servicio de Evaluación Ambiental habría autorizado finalmente la llegada del vertedero a Rafael en 2016, sin embargo se enteraron de la decisión recién en mayo de este año.
Desde la comunidad movilizada, Cesar Careaga expresó que, con la marcha, "nuestro objetivo fue visibilizarnos y mostrarle al país que acá hay un pueblito de 6 mil personas que se van a ver afectadas. Es definitiva estaríamos siendo vulnerados en nuestro derecho al agua".
Según declararon desde Rafael, habría sido a través de una actualización presentada por Hera Biobío S.A. que el SEA habría otorgado una Resolución de Calificación Ambiental para el vertedero sin un debido Estudio de Impacto Ambiental, porque en todos estos años jamás fueron parte, por ejemplo, de una consulta ciudadana.
En este sentido, Careaga hizo hincapié en que "en el 2001 no teníamos un patrón de comparación, hoy sí lo tenemos, es Hidronor. Ha habido personas intoxicadas, muertes de animales, etc. Hoy tenemos fundamentos sólidos para decirle a las instituciones que este vertedero no es viable acá en Rafael".
Desde el movimiento ciudadano encarecieron en que "los parámetros con que se midieron por ejemplo, el aspecto poblacional alrededor del predio es muy diferente al día de hoy. La expresión demográfica aumentó por lo menos en 5 veces, sin contar que hay terrenos subdivididos para acoger comités que están sin casa acá en la zona rural. O sea, si hoy tuvieran que hacer un nuevo Estudio de Impacto Ambiental te aseguro que ese proyecto no tendría cabida técnicamente".
Hay que aclarar que desde la comunidad no están solicitándole a la empresa un nuevo EIA, sino que su clausura definitiva. "Solicitamos que se invalide la resolución (2016) porque no está basada en un EIA, si no que en un trámite de actualización bajo una normativa ambiental completamente obsoleta".
En total serían nueve comunidades las que se verían afectadas con la instalación del vertedero en la cuenca hidrográfica del río Rafael, que en primera instancia ocuparía 50 hectáreas.
A través de sus aguas, resultarían comprometidas Millahue, Lloicura, Rafael, Piscis, San Francisco, Los Quillayes, Menque, Dichato y Pingueral, zonas donde las y los pobladores utilizan el agua del rio para diversas actividades, una de ellas es el consumo humano.
Enfatizaron en que continuarán con la visibilización del problema, sus movilizaciones y entregas de cartas a las autoridades solicitándoles actuar a favor de la comunidad: "A nosotros no nos tiene que responder la empresa, son las instituciones, desde el Ministerio de Medio Ambiente para abajo".
Fotografía principal: Cesar Careaga