La ministra (subrogante) en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Carolina Figueroa Chandía, condenó a dos ex miembros del Ejército por su responsabilidad en los delitos de secuestro con grave daño de Faruc Jimmi Aguad Pérez, Mario Alvarado Araya, Pedro Abel Araya Araya, José Armando Fierro Fierro, Artemio Pizarro Aranda y Wilfredo Ramón Sánchez Silva, quienes fueron ejecutados, al margen de todo proceso, en el sector Las Coimas, comuna de San Felipe, el 11 de octubre de 1973.
Por: Darío Nuñez
En el fallo (causa rol 14-2014), la ministra en visita condenó a los entonces oficial Raúl Orlando Pascual Navarro Quintana y suboficial Milton René Núñez Hidalgo a penas de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores de los delitos, tras rechazar las excepciones de previo y especial pronunciamiento de cosa juzgada, prescripción y media prescripción de la acción penal. Otros militares implicados en el hecho criminal fallecieron en el curso del proceso.
Durante el juicio, los acusados ex uniformados habían invocado el supuesto de cosa juzgada pues el caso habría sido investigado por un tribunal en tiempos de dictadura. Al respecto el fallo concluye:
“En consecuencia, tratándose de un delito de lesa humanidad, en conformidad con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema citada es resulta obligatorio aplicar los estándares interpretativos y normativos sobre Derechos Humanos que allí se contiene, por lo que la excepción de cosa juzgada será desestimada”.
En la resolución, la ministra Figueroa dio por establecido que durante los días 8 y 9 de octubre de 1973 fueron detenidos por Carabineros de Cabildo, sin orden judicial ni administrativa, las víctimas Faruc Jimmi Aguad Pérez, de 26 años de edad, Mario Alvarado Araya, 34 años, Pedro Abel Araya Araya, 27 años, José Armando Fierro Fierro, 24 años, Artemio Pizarro Aranda, 37 años, y Wilfredo Ramón Sánchez Silva, 28 años, todos ellos trabajadores de la empresa Sociedad Abastecedora de la Minería (Sademi), de Cabildo, y militantes del partido Comunista.
Los detenidos fueron llevados primero a la Comisaría de La Ligua, para luego ser trasladados a la Comisaría de San Felipe, ambas de Carabineros, de la cual fueron sacados por una orden superior el 11 de octubre de ese mismo año, por una patrulla integrada por personal policial y efectivos militares del Regimiento Yungay, asentado en esa ciudad.
Supuestamente, los detenidos serían trasladados a la cárcel de Putaendo, sin embargo, en el camino y en el sector denominado Las Coimas, los bajaron del vehículo en que eran trasladados, dándoles muerte, ejecutándolos con disparos de armas de fuego.
