El ministro en visita Alejandro Solís Muñoz condenó a seis ex agentes de la DINA por el secuestro calificado de la estudiante de economia de la Universidad de Concepción, Muriel Dockendorff Navarrete (militante del MIR), ocurrido a partir del 6 de agosto de 1974, en Santiago. El magistrado condenó al ex director y cinco ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, por el secuestro ejecutado desde el domicilio de Muriel Dockendorff, ubicado en calle Marconi N° 280, desde donde fue trasladada hasta el recinto de detención ilegal de Londres 38.

El ministro Solís condenó al general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, junto a los brigadieres retirados Miguel Krassnoff Martchentko y Marcelo Moren Brito a 15 años de presidio, sin beneficios.

Asimismo, el juez Solís sentenció a los ex agentes Basclay Zapata Reyes, conocido como "El Troglo" por su brutalidad en las torturas a los prisioneros junto a Gerardo Godoy García y el ex oficial de Gendarmería, Orlando Manzo Durán a 10 años de presidio, también sin beneficios.

En la causa, el magistrado rechazó la demanda civil en contra del Fisco por incompetencia absoluta del tribunal.

De acuerdo a los antecedentes del proceso, Muriel Dockendorff Navarrete fue detenida el 6 de agosto de 1974, en su domicilio por los efectivos de la DINA Osvaldo Romo Mena y Basclay Zapata, "El Troglo".

Muriel Dockendorff y su cónyuge, Juan Molina Manzor, tambien estudiante de economia en la UdeC, habían sido detenidos dos meses antes, el 6 de junio de 1974, por miembros del Servicio de Inteligencia de la FACh. Ella fue dejada en libertad el 12 de julio del mismo año por falta de méritos; en tanto, su marido continuó detenido hasta el 17 de junio de 1975, fecha en la que fue expulsado del país.

Al ser nuevamente detenida por la DINA, Muriel Dockendorff fue conducida hasta el recinto ubicado en calle Londres N° 38, donde fue objeto de torturas, las que le provocaron grave daño físico, según declararon diversos testigos.

Posteriormente Muriel Dockendorff fue llevada a "Cuatro Álamos", junto a la testigo Erica Hennings, lugar donde se pierde su rastro hasta la fecha, "sin que la persona privada de libertad haya tomado contacto con sus familiares, realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción".

Lucía Sepúlveda Ruiz