Un informe entregado por Contraloría en septiembre de 2022 indica que el GORE Biobío no cuenta con un procedimiento formalmente establecido para detectar y controlar los eventuales conflictos de interés en la selección de los proyectos de asignación directa de recursos con cargo al 6% del FNDR y además confirma problemas con la plataforma digital de control, la que era sustituida por planillas excel utilizadas por funcionarios de distintas reparticiones haciendo un débil proceso de fiscalización. El informe advertía además las debilidades del sistema de asignaciones, problemas en las cobranzas judiciales, un proyecto repetido que recibió doble financiamiento, entre otros.

Nadie podría afirmar que no se veía venir lo ocurrido durante las últimas semanas en el Gobierno Regional del Biobío conducido por Rodrigo Díaz Wörner. A las críticas de un pequeño grupo de consejeros regionales continuamente dejados de lado por el ejecutivo y la prensa local, se sumó lo afirmado por Contraloría en un informe hecho llegar al propio GORE en 2022, casi un año antes de los escándalos por las transferencias.

Según el documento del organismo, "se constató que esa repartición pública no posee procedimientos debidamente formalizados que permitan a los funcionarios intervinientes en el proceso de selección de los citados proyectos, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los "rganos de la Administración del Estado, en cuanto al deber del funcionario de abstenerse de intervenir en los procedimientos respecto de los cuales se vea afectada su imparcialidad."

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Y agrega en este contexto que el principio de probidad administrativa tiene por objeto impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio, aun cuando dicha posibilidad sea sólo potencial, para lo cual deberán cumplir con el deber de abstención que impone la ley, en los términos manifestados por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República mediante el dictamen N° 69.288, de 2016, lo que no se estaría cumpliendo en ese entonces en el GORE.

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En cuanto al sistema informático utilizado por el Gobierno Regional del Biobío para el registro, control y seguimiento de los proyectos, el ente contralor advirtió serias debilidades y señaló que "requerido el listado de proyectos concursables y de asignación directa de recursos con cargo al 6% del FNDR aprobados durante los años 2020 y 2021 y transferidos en la anualidad 2021, este fue proporcionado una vez que la unidad de subvenciones agrupó la información de seguimiento de las iniciativas contenida en las distintas planillas Excel, mientras que los antecedentes financieros fueron obtenidos por el departamento de finanzas, a través de las planillas Excel que utilizan para llevar el control de los proyectos y el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE, situación que no permite contar con información confiable, exacta y oportuna, pudiendo eventualmente generarse errores en el registro de los datos."

Las irregularidades son detalladas en el informe e incluyen observaciones sobre retrasos en el rendimiento de cuentas -entre las que se encuentran transferencias a la Universidad de Concepción y ProCultura-, un proyecto repetido de un Club de adultos mayores de Coronel que fue financiado dos veces y cuestionamientos a la demora en las cobranzas judiciales.

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