La constituyente de Independientes No Neutrales electa por el Distrito 20 del Biobío, Tammy Pustilnick, presenta una sociedad en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.

Por Alejandro Baeza

La reciente información revelada en los Pandora Papers en cuanto a que el presidente Sebastián Piñera realizó operaciones financieras en Islas Vírgenes, se ha tomado la agenda completamente. No sólo por el conflicto de interés en cuanto a las condiciones por el pago de la venta de acciones de Dominga, sino también por la enorme cantidad de dinero que no paga en materia de impuestos.

Y es que la información ha puesto también en relevancia lo que significa un paraíso fiscal, un territorio utilizado por megafortunas para esconder transacciones bancarias por el secreto legal que ofrecen y/o evitar el pago de impuestos debido a su casi inexistente tasa de aranceles, eludiendo así tributar en sus países.

Precisamente esto es lo que está realizando la constituyente Tammy Pustilnick, elegida por Independientes No Neutrales (INN) por nuestra zona, concretamente en el Distrito 20 (Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé), quien no tiene ningún bien, propiedad, patrimonio, ingreso o pasivo declarado en Info Probidad de la Convención Constitucional, salvo por la sociedad Rimacorp Ltd en las Islas Vírgenes Británicas.

Consultada al respecto por Ciper en mayo pasado, Pustilnick, respondió que:

«Esta es una sociedad legalmente constituida y cuyos movimientos se hacen en las declaraciones anuales ante el SII. La finalidad con que mis padres formaron esta sociedad hace varios años fue para poder comprar una propiedad en el extranjero para vivir su vejez».

Sin embargo, las sociedades en paraísos fiscales tienen los objetivos señalados, el secreto bancario o la elusión tributaria, por lo que pueden surgir dudas respecto a eventuales conflictos al redactar las nuevas normas del Estado, por ejemplo, las tributarias. Consultada al respecto, la constituyente respondió:

¿Cuál es el motivo de tener sus inversiones en Islas Vírgenes Británicas?
«Aclarar que no son inversiones como indicas, sino una sociedad legalmente constituida y cuyos movimientos se declaran anualmente ante el SII. Mis padres formaron esta sociedad hace varios años para comprar una propiedad en el extranjero y vivir su vejez en Estados Unidos. Que sea o no un paraíso fiscal como Uruguay, Holanda o Gran Bretaña como es el caso, no fue lo determinante para la decisión, sino que fue una decisión operativa».

¿Cree que debería inhabilitarse cuando se voten artículos referentes a temas de impuestos en la Convención, al no estar tributando en Chile?
«Todo mi patrimonio está debidamente declarado ante el SII y tributo de acuerdo a la ley chilena. Además, los beneficios tributarios no son materia que se discuta a nivel constitucional, de todas formas, si se llegase a discutir, y a fin de no generar la mínima duda sobre un eventual conflicto de interés, por supuesto me inhabilitaré y me parece que todo/a constituyente debería hacerlo ante eventuales conflictos en cualquier tema».

Se trata de las mismas prácticas de la clase política en la que están por las que son cuestionados, por ejemplo, Sebastián Piñera y José Kast? ¿Se considera parte de la clase política al interior de la Convención?
«Por supuesto que no, son situaciones completamente distintas. La sociedad está legalmente constituida, informada en Chile y cada uno de los socios tributan en el país. Como corresponde a la transparencia que el cargo demanda, toda la información está disponible en mi declaración de patrimonio y registros del SII».

¿Cree que existe algún conflicto en tener patrimonio en paraísos fiscales y proponerse de candidata para redactar la nueva Constitución para el país?
«No veo el conflicto. Esta es una sociedad creada exclusivamente para la compra de un bien raíz en el extranjero; soy constituyente gracias a mi trayectoria profesional y académica, como por mi participación activa en la sociedad civil».

Finalmente, cabe precisar que si bien poseer sociedades el paraísos fiscales es legal, que autoridades o quienes aspiran a la representación popular las posean genera legítimas dudas respecto a cuáles son sus intereses, ya sea en el caso un congresista, constituyente, el presidente de la república o de un aspirante a La Moneda, como en el caso de José Kast y sus sociedades en Panamá.