[resumen.cl] Este lunes en la mañana, agrupaciones socioambientales que se oponen a distintos proyectos de importación de energía fósil e instalación de centrales termoeléctricas en la región del Biobío y 'uble, se manifestaron en las afueras de la sede de la Seremi de Medio Ambiente del Biobío. Los manifestantes convocaron a una nueva marcha en rechazo a la instalación de estos y otros proyectos en la zona.
Carolina Arriagada de la agrupación socioambiental Coordinadora Chorera de Talcahuano y Coordinadora Intercomunal contra los terminales de gas en la Bahía de Concepción anunció que «estamos haciendo un llamado a marchar para este jueves 22 de marzo, a las 18:00 hrs. desde Tribunales de Concepción». Las agrupaciones socioambientales buscan informar acerca de los procesos legales que están llevando adelante contra GNL Talcahuano, proyecto que «está en un momento cúlmine, ya que estamos ad portas de la repuesta que tiene que dar el comité de ministros respecto a la evaluación del proyecto, pensando que ya prontamente tendremos que recurrir al Tribunal ambiental de Valdivia» señaló la vocera.
La vocera también se refirió al proyecto central termoeléctrica Las Arcillas en Pemuco, la que estaría pronta a ser votada en la Intendencia en las próximas semanas. «Hacemos el llamado a salir a la calle a marchar por la defensa de los territorios, contra el saqueo extractivista de los grandes capitales y por la defensa del mar y la tierra» apuntó Carolina.
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Por otra parte, Pablo Rivas miembro de la Coordinadora Tomecina y asesor legal de las agrupaciones socioambientales, señaló que el proyecto GNL Penco-Lirquén (Ex Octopus) se encuentra aún en el proceso de Consulta Indígena, un trámite que inicialmente el proyecto no había cumplido y el cual debería cerrarse este año. Mientras tanto, precisó que organizaciones socioambientales de la zona solicitaron anular el permiso del proyecto GNL Talcahuano debido presuntas irregularidades cometidas sobre recursos naturales que no habrían sido declarados en la evaluación, aspectos no considerados sobre la actividad pesquera y sobre sectores estratégicos para la conservación, así como la omisión de un proceso de consulta indígena en la comuna chorera.