[resumen.cl] Organizaciones sociales han rechazado tajantemente la orientación del proyecto de ley en trámite sobre la protección de glaciares, señalando que contiene una serie de irregularidades que vulneran los derechos tanto de las comunidades como de la naturaleza. Para profundizar en esto, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares respondió a una serie de consultas realizadas por RESUMEN.

La discusión de una ley que permita la protección de los glaciares en Chile se arrastra desde hace años, siendo una exigencia permanente de parte de las organizaciones sociales. Ante esto, actualmente se encuentra en trámite una criticada propuesta de legislación que no considera la participación de las comunidades como tampoco la consagración de los derechos de la naturaleza.

En contacto con RESUMEN la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares respondió a una serie de consultas que permiten comprender de mejor forma el escenario actual, además de las propuestas que emanan desde las organizaciones que llevan años en este proceso.

– A modo general ¿En qué consiste el actual proyecto que se encuentra en trámite?

El proyecto actual (Boletín N° 11.876-12) se erige como la sexta moción que intenta la protección de los glaciares en nuestro país, cuestión que se explica por una voraz, constante e histórica presión del sector minero quien ha impedido su concreción, y, que en los últimos años, ante una sociedad más consciente con estos temas, ha optado por limitarlos logrando por medio del lobby su tergiversación, haciéndolos transitar desde una ley de protección de glaciares a una de desprotección glaciar ya que terminan legalizando su intervención.

Esta realidad ha obligado, tal como sucedió en el último período de Bachelet, a que las comunidades hayamos tenido que volcarnos en contra de estas leyes, ya que al final resultan más peligrosas que la realidad actual que enfrentamos como comunidades glaciares dependientes.

El ingreso de este proyecto ocupó como palestra el retiro del patrocinio del actual Gobierno de Piñera al proyecto de Bachelet, llamado por nosotros de desprotección glaciar. Cuando ese proyecto se cae, al no obtener la firma del Ejecutivo, se ingresa con la promesa de lograr por fin la protección de los glaciares en un contexto global y nacional en crisis ambiental, climática e hídricamente por el cual no se puede esperar más.

Dicho proyecto era un símil a la ley de protección de glaciares de Argentina (conocida como "Régimen de Presupuestos mínimos para la preservación de Glaciares y del ambiente periglaciar"). Este proyecto ingresado en julio del 2018 consideraba "la protección de los glaciares, ambiente periglacial y permafrost con el objeto de preservarlos y conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y para el turismo sustentable". Su rango de aplicación era para todo el territorio nacional sin exclusiones, y cualquiera sea su dimensión, forma y estado de conservación. Entendía la zona periglaciar como "el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. (…) Corresponde al espacio o ambientes que se encuentran cerca o casi del dominio glaciar; y al permafrost como suelo o roca con una fracción permanentemente congelada, con hielo (…). Este término se aplica técnicamente independiente de que exista o no hielo en el suelo (…)".

Estipulaba actividades prohibidas en glaciares y ambiente periglaciar por provocar su afectación y destrucción, entre ellas: La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos; la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales. Se estipulan sanciones y tiene efecto retroactivo, ya que las actividades que al momento de la vigencia de la presente ley afecten o puedan afectar glaciares deberán cesar y requerir de las autoridades competentes las autorizaciones que procedan conforme a la ley.

Sin embargo, podríamos decir que dicho proyecto ya no existe, ya no es el mismo. Desde el inicio de su tramitación a la fecha sufrió variaciones, y fueron presentadas indicaciones sustitutivas por parte del gobierno y de los senadores – que ya se empezaron a votar- y que le hicieron perder  totalmente su espíritu; sobretodo lo que respecta a la protección de todo el ecosistema glaciar, o sea los glaciares y sus ambientes.

La presión ha percolado nuevamente a los "senadores de oposición" (en menor medida a la Senadora Provoste), quienes se han mostrado disponibles para defender finalmente un proyecto que sacrifique la protección total, permitiendo actividades en ambiente glaciar y permafrost vía ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  Así lo confirmó ya sin pudor el Senador Girardi en la pasada sesión del 31 de marzo: "Nosotros no vamos a establecer una protección absoluta al periglaciar y permafrost, como teníamos originalmente (…) y establecimos un mecanismo de protección mediante el sistema de impacto ambiental". "(…) los acuerdos a los que hemos llegado con el Gobierno, ha habido una flexibilidad basada en evidencia científica".

– ¿Cuáles son las principales críticas que le realizan?

Nuestras críticas apuntan en dos direcciones: hacia la tramitación y luego contenido del proyecto.

Respecto de la tramitación, desde sus inicios a la actualidad se ha evidenciado el control y cortapisa que le significa a esa iniciativa el sector minero, como ya hemos dicho lleva ocurriendo hace 15 años. En primera instancia, tras ser aprobado en la Comisión de Medio Ambiente, donde nació el proyecto, este pasó a la Sala del Senado para ser votado, siendo objeto de negociación previa por parte de los comités  parlamentarios; en donde se cede a cambio su aprobación en general que este sea revisado primero por la Comisión de Minería y Energía, y no por Medio Ambiente, cartera que vela por las industrias (mineras e hidroeléctricas) que justamente generar mayor afectación, daño y destrucción a los glaciares.

Esta jugada permitiría intentar modelar un proyecto que no fuera tan duro con dichas actividades extractivistas. Esto permitió que la mayoría de los invitados a dar opinión respecto del proyecto fueran del sector minero, desde representantes de rubro minero, como los representantes de los trabajadores y de los sindicatos, hasta la ciencia que trabaja para minería, como el caso del glaciólogo Pablo Wainstein, conocido glaciólogo que trabaja para Barrick Gold en Pascua Lama o representantes del Instituto Nacional de ingenieros.

Tras un año de audiencias, en septiembre de 2019 el Gobierno de Piñera decidió ingresar una indicación sustitutiva que busca reemplazar el texto original de la moción parlamentaria; y que a grandes rasgos reestablece principios del proyecto de Bachelet; entre ellos la idea de la protección caso a caso y no general, la posibilidad de desafectar glaciares de su protección por cualquier persona.

Tras investigaciones, supimos que esto fue fruto de una comisión formada por el Gobierno, de la cual entre otros participaron asesores de la de la senadora Van Resselberguer -que siquiera formaban parte de la Comisión de Minería y Energía-, pero mayor sorpresa fue el constatar que estuvo compuesta también por el ex Director de la Dirección General de Aguas, Carlos Estevez y el ex Ministro de Medio Ambiente de Bachelet, Pablo Badenier, fervientes promotores del proyecto de desprotección de Bachelet.

Estuvo también presente el Instituto Nacional de Ingenieros a través de Pablo Illanes, que es un ingeniero dueño de las consultoras más grandes, que realizan estudios de impacto ambiental, que dentro de sus clientes esta Anglo American, conocida por la destrucción de glaciares, La Paloma y otros en Los Bronces.

Igualmente contaron con el apoyo del Director del Departamento de Glaciología y Nieves, Gino Cassasa,quien ha prestado servicio a consultoras (como GeoEstudios) que han trabajado para mineras, adempas de prestar consultorías a Anglo American y quien desde que llegó a su cargo ha declarado "que no es necesaria una ley particular de protección de glaciares ya que están protegidos por el Sistema de aéreas protegidas y el Sistema de Evaluación de impacto ambiental", y es hasta el momento uno de los expertos que acompaña al Ministro de Minería de turno (Prokuriza y ahora Jobet).

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Tras estas indicaciones y la revuelta popular, el proyecto permaneció sin movimiento por casi un año, retomándose con constancia desde agosto de 2020. Fue en esos momentos que tras reunirnos con el asesor de Girardi nos enteramos de una Comisión paralela a la Comisión en Sala, y comprendimos que se estaban negociando cuestiones de total importancia como definiciones y totalidad de la protección con el Gobierno. Fue en ese momento que denunciamos una cocina entre el Gobierno y los senadores (el único equipo que no participó  fue el de la Senadora Provoste) a espaldas de la ciudadanía.

Dos meses después veríamos los frutos de nuestra denuncia al tomar conocimiento del ingreso de un paquete de medidas por parte de los senadores de oposición, que iba en sintonía a la que había presentado el Gobierno. Ante ello fuimos críticos, nosotros estábamos preocupados del oficialismo y sus indicaciones, no había explicación ante una oposición que teniendo mayoría para rechazar las indicaciones de gobierno y aprobar el proyecto original no lo hacía, y que más encima ingresaba indicaciones que permiten la desprotección de los glaciares.

Ante ello pedimos explicaciones, la Senadora Provoste fue la única que nos recibió y en la conversación se pudo develar una grave situación: los senadores de oposición pensaron que la indicaciones del Senador Girardi estaban sostenidas por el experto Francisco Ferrando, cuestión que no era así, ya que tras conversación con él supimos que nunca defendió la intervención en el ambiente periglaciar y permafrost, y por tanto claramente tenía una visión opuesta a lo que estaban presentando finalmente.

Esto marcó un quiebre en la votación del proyecto, que venía rápidamente superando uno a uno los artículos y aprobándose todas las indicaciones de oposición, convirtiéndose en un escollo que continúa hasta el día de hoy que intenta ser superado por medio de promesas de evaluaciones reforzadas, permisos anexos y, por otro lado, la propuesta de la Senadora Provoste, quién buscando conservar el espíritu de las nuevas indicaciones propuestas por el profesor Ferrando tras destaparse lo sucedido, plantea una protección al ambiente periglaciar y permafrost zonificada, en donde Atacama y las regiones con escasez hídrica tenga prohibición de actividades en dichos ambientes.

Dicha flexibilización de la protección total y en todo el territorio nacional en estos ambientes es la mayor crítica, ya que la ley se aleja de su correcta visión de comprender que los glaciares se protegen solo si protege todo el ecosistema glaciar, y coincide con los elementos que la industria minera quiere que se protejan o que se desprotejan. El ambiente periglaciar, que es más bien el entorno, lo que rodea a los glaciares y el permafrost que es otra crioforma, así como los glaciares, son una crioforma, hielo en distintas expresiones, el permafrost también es un elemento que aporta agua, que es una fuente hídrica permanente y que también en algunos sectores tiene mucho protagonismo en términos hídricos por ejemplo en la zona de Atacama. Finalmente sabemos que si el área periglacial y permafrost no se protegen no se protegerán los glaciares ya que son parte de complejos ecosistemas interconectados. En el mismo sentido, entonces somos totalmente contrarios a una protección zonificada, se deben proteger todos los ambientes periglaciares y permafrost a nivel nacional.

Fotografía: Glaciar Mesón Alto, Cajón del Maipo. Autoría Miguel Hechenleitner

A su vez, merece crítica lo que se ha votado hasta ahora, que guarda relación con las definiciones. No se está abarcando en su totalidad el concepto de glaciar, lo que se debe entender para apuntar a su real protección.

Por ejemplo, se está proponiendo y quedó aprobado, que los glaciares que se vayan reduciendo y que lleguen a 0,1 há (o 1.000 m²), dejarán de ser considerados glaciares. Esto a nosotros nos parece súper grave, porque entendemos que los glaciares aunque sean pequeños cumplen roles fundamentales; y la diversidad de glaciares que hay en Chile es grande, o sea los grandes glaciares del sur, de la Patagonia, no tienen comparación con los glaciares del norte, y no deben ser comparados porque responden a condiciones climáticas totalmente distintas y condiciones geográficas que les favorecen totalmente para que puedan preservar y no derretirse tan rápido, pero en el norte la situación es otra.

La glaciación ahí, la era glaciar, en ese sector, fue totalmente distinta a lo que fue en el sur. Asimismo, se permitieron definiciones limitantes y excluyentes de sus ambientes. También se les determinó Bien Nacional de uso público, cuando son más que eso. Son bienes comunes, patrimonio ambiental de la naturaleza y la humanidad.

Y, finalmente, se ve con preocupación otros artículos a votarse en donde las indicaciones de la oposición, por ejemplo el respecto al ámbito de protección de los Glaciares, en donde a diferencia de lo que plantea el proyecto original que apunta a todo el territorio nacional sin distinción, se propone que la protección se aplique solo para los glaciares y zonas periglaciares y permafrost identificadas en el Inventario Nacional tal como busca el Gobierno, lo cual es gravísimo ya que como hemos dicho de forma incansable no todos los glaciares están inventariados y muchos siempre quedarán fuera por temas de incapacidad de percepción.

La ley no debe estar sujeta al Inventario. Finalmente, la propuesta señala burdamente que las actividades que se desarrollen en glaciares deberán cesar, excepto aquellas en las que su paralización implique daño a un glaciar, y las sanciones parecen insuficientes, sobretodo si el dolo a confirmarse debe ser vía Tribunales Ambientales, cuando se necesitan medidas rápidas que cambien conductas.

Todo esto nos ha dejado en un ambiente súper desfavorable porque lamentablemente así como va, no hay mucho donde salvar el proyecto, se están permitiendo las flexibilizaciones sostenidas por el Gobierno y la industria. Todo hace presagiar que las comunidades debemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protección, tal como lo llevamos haciendo por más de 15 años. A menos que las cosas tomen otro rumbo, una vez más tendremos que bloquear una ley que, en lugar de resguardar este preciado ecosistema, en la práctica legaliza su intervención.

– ¿Existió participación e injerencia de parte de las comunidades previo al proyecto? ¿Cuál ha sido el rol de la actual institucionalidad sobre esto?

Al igual como viene sucediendo de hace 15 años, ya sea con mociones de ley que nacen del parlamento o de ONG´s, en este proyecto de ley las comunidades que subsisten gracias a glaciares no fueron tampoco convocadas a participar como un actor central en la tramitación de la ley, menos los pueblos originarios; y en este sentido otra crítica es que esta ley no ha contado con consulta indígena.

Lo que nosotros hemos hecho como Coordinación, a partir de la experiencia, y que continuamos haciendo, es seguimiento y denuncia respecto de  los proyectos de ley de protección de glaciares. Desde el 2015 más de 30 organizaciones de base - entre ellas comunidades indígenas- de distintos territorios de norte a sur  que tenemos en común algún proyecto extractivo que está afectando o destruyendo glaciares, venimos trabajando juntas para lograr su protección real, de todos los glaciares y sus ambientes. Y a la fecha ya hemos experimentado juntos, con todo lo que significa, tres mociones de ley.

Desde ese primer momento hemos presionado para ir a dar nuestra opinión. Luego de harto gestionar, ya que no es fácil, hemos podido participar y dar nuestra opinión en algunas instancias de las comisiones en la Cámara de Diputados y una única vez que en el Senado, que fue en la tramitación del actual proyecto, y fue la única sesión que hubo participación de la sociedad civil, o de las organizaciones o de las comunidades, pero fuimos los únicos invitados de ese sector, los demás fueron del sector minero y científicos, en donde solo dos se excluían de no ser parte de empresas o consultoras.

La injerencia que nosotros hemos tenido ha sido más bien a través de presionar y denunciar principalmente lo que pasa en todos estos procesos que son absolutamente viciosos, que están totalmente fuera del control de la ciudadanía. Porque lo que pasa en el Congreso es muy difícil de fiscalizar por parte de nosotros o cualquier persona. Y es muy difícil de controlar, porque los parlamentarios se mueven  como quieren moverse, y este verdadero bunker que es el Congreso es súper difícil de permear, hay cosas que no trascienden, lo de afuera no trasciende al interior del Congreso.

Entonces la injerencia más bien se hace, o como lo hacemos nosotros, desde afuera, porque entendemos que no necesariamente los parlamentarios son nuestros aliados, en la mayoría de los casos vemos que no, entonces nuestra mayor injerencia la hemos mostrado afuera desde donde nosotros somos y venimos en las calles, comunidades, territorios y ahí hemos buscado visibilizar esta problemática. Pero también hemos intentado hacer cosas más grandes para concientizar.

Por ejemplo, el año 2016 hicimos una marcha en Santiago en la Alameda, cuando se estaba tramitando el proyecto de ley de desprotección de Bachelet, también nos tomamos el Ministerio de Medio Ambiente, hemos hecho una infinidad de foros con científicos, con las comunidades, en las universidades y organizaciones que nos invitan, también hicimos un encuentro nacional de organizaciones por la protección de todos  glaciares y sus ambientes en abril del año 2019.

Esa ha sido más bien nuestra injerencia, con el trabajo que siempre hemos realizado, que es con el trabajo territorial, porque participación como tal no existe en términos vinculativos, digamos, ir a una comisión a expresar nuestras opiniones no necesariamente tiene un carácter vinculante.

Lo que si generamos es presión, como ocurrió cuando fuimos a la Comisión de Medio Ambiente el año 2005 y denunciamos que el proyecto de Bachelet finalmente era un proyecto que legalizaba la intervención y destrucción de los glaciares y que vulneraba los Derechos Humanos tal como lo había expresado el Instituto de Derechos Humanos en su informe anual, a la larga eso instó un pronunciamiento de la Corte Suprema que ratifico lo anterior y fue esta la verdadera causa de porque ese proyecto no avanzó.

– ¿Cuál es la situación actual del proyecto? En términos legislativos

La situación actual, es que todavía se está tramitando en la Comisión de Minería, se están votando las indicaciones, actualmente van en el articulo 6 y 7, que son donde se está proponiendo esta legalización de la intervención del ambiente periglaciar y del permafrost a través de los estudios de impacto ambiental.

Se dieron dos semanas para poder estudiar todas las aristas que se han ido dando barajando para destrabar el asunto. Y la semana pasada se intentó avanzar en las indicaciones que respectan a sanciones, sin mayor avance. La senadora Provoste solicitó un informe que dé cuenta de cuantos daños ambientales termina corroborando el Tribunal Ambiental, ya que este sería el requisito para sanciones graves que superan las multas.

Después de que termine la revisión en Minería, debiese pasar a la Comisión de Medio Ambiente. Ahí se debiese dar plazo para que ingresen nuevas indicciones. Y, finalmente, el proyecto debería ser despachado en Sala para que se apruebe o no, y en algún momento debiese pasar a la Cámara de Diputados.

Lo que podemos decir, es que los antecedentes de la participación de Girardi y ahora último, de la senadora Allende, quien se mostró más preocupada de la continuidad de proyectos mineros que de la protección de los glaciares, son una pésima señal de lo que podría pasar en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde el proyecto seguirá su discusión.

Compuesta por Girardi y Allende -la supuesta oposición-, resulta difícil esperar un mejor panorama para las comunidades y los ecosistemas glaciares dependientes.  Y es por eso que ponemos en alerta a las comunidades hermanas, los pueblos y la ciudadanía de lo que pase con esta ley y a no permitir su avance si ese es el panorama. SIN GLACIARES NO HAY VIDA. No permitamos que los senadores se salgan con la suya; no política en la medida de lo posible. Exijamos un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza.

Es por todo lo que ocurre que hemos hecho un llamado de Alerta Glaciar.

Fotografía: GeoHuellas

– ¿Qué propuestas nacen desde las comunidades y organizaciones sociales?

En el encuentro que realizamos en abril de 2019 con las organizaciones que conforman la Coordinación, que vinieron de distintas partes de Chile, vinieron compañeras de Aysén, Copiapó, Huasco, de Putaendo, del Elqui, de Choapa, de Aconcagua, del Cajón del Maipo, de Barnechea, Santiago, de Maule, entre otras, de distintas regiones, conversamos de cuáles son nuestros estándares relativos a la protección.

Y luego de trabajar esos días llegamos a la conclusión, y luego realizamos un documento bien robusto, que son las «Bases comunitarias para la preservación, protección y conservación de sus ambientes y elementos de apoyo», que es la Criósfera, y en donde fueron trabajados 7 principios sobre los cuales nosotros creemos que es la dirección correcta en donde debe apuntar la protección efectiva, concreta y real  de los glaciares y sus ambientes.

Partimos de la base de que para lograr su protección es necesario preservar y conservar los glaciares, sus ambientes y elementos de apoyo, es decir el Glaciosistema (criósfera). Y que la protección debe ser a todos los glaciares y no solamente algunos. No solamente los que tengan tal tamaño, sino que todas las formas, todos los tamaños, sin condiciones porque todos son importantes. En este sentido vale tomar atención como países que están perdiendo sus glaciares al orden del 40% en las últimas décadas como Bolivia, Perú o Ecuador los valorizan más, a diferencia de lo que ocurre en el Chile, país con mayor concentración de glaciares en América Latina (81%).

Creemos que todas las definiciones no pueden ser excluyentes, y eso no aplica solo para los glaciares como tal sino que para su entorno, su ambiente periglaciar y el permafrost. Todos los elementos del sistema o glaciosistema glaciar deben estar correctamente protegidos y completamente considerados en una ley de protección, porque si no no es una ley de protección.

Luego, que es fundamental resguardarlos de cualquier amenaza que altere su dinámica natural, dada su fragilidad. Por tanto, es necesario impedir la destrucción y la afectación de los componentes de la criósfera por parte de las actividades extractivas y del turismo masivo que también tiene un efecto negativo, y se deben prohibir entonces los proyectos económicos asociados a glaciares y sus sistemas.

Es urgente procurar que permanezcan el mayor tiempo posible, y eso significa impedir acciones directas o indirectas que atenten contra ellos. Dicha protección debe ser total sin ningún tipo o resquicio de flexibilidad, tal como lo ha dispuesto la Corte Suprema^[1]. En este sentido, proyectos económicos asociados a glaciares y sus sistemas no pueden ser presentados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como lo ha señalado enérgicamente esta Corte, en otras palabras, estarán prohibidos.

No existen glaciares y zona periglaciares menos importantes que otro(a)s, por lo tanto, no necesitan demostrar lo fundamental que son para la cuenca que abastecen para lograr su protección. Además, sostenemos que el Sistema de Evaluación Ambiental es un sistema que se creó para legalizar la destrucción de la naturaleza, por medio de este se pueden destruir todos sus elementos tal como vemos hoy que se hace de forma desmedida amparados en esta institucionalidad.

Es necesario, también, que se proteja su zona adyacente o contigua, pues cumple un rol de amortiguación ante alteraciones y de transición en donde existen humedales de montaña y cuerpos lacustres que se alimentan de los glaciares y sus zonas periglaciares, y que a su vez cumplen también funciones de almacenamiento, provisión y reguladores de agua dulce, en donde las vegas altoandinas incluso cumplen funciones de sumidero de CO2, crucial en el contexto actual.

Por otro lado, en cuanto a su clasificación jurídica, creemos que no pueden ser considerados simplemente un bien nacional de uso público. A nuestros ojos es totalmente nefasto, entregarle al Estado, tal como lo entendemos hoy, el poder de decidir respecto de estos elementos vitales. Los bienes de uso público dependen de Bienes Nacionales y se pueden desafectar^[2], bajo esta figura el Estado puede disponer de ellos tal como lo expresó el Contralor de la República, Jorge Bermúdez^[3] y la misma Corte Suprema. Podría ocurrir lo mismo que lamentablemente ocurre con el agua^[4].

Los glaciares son más que un bien nacional de uso público, deben ser considerados como Patrimonio Ambiental inapropiable e inconcebible, son un BIEN COMÚN y esa es la categoría que debiese implementarse no solo para los glaciares sino que también para el Agua, que creemos que es también un debate que debe darse en el marco constituyente. La invitación es a no entender el agua y su gestión bajo las lógicas institucionales que hoy tenemos, sino que debiésemos ir un poco más allá, a eso nos invita también este momento constituyente; a que veamos las cosas anticipadamente, y en ese sentido sostenemos la gestión comunitaria de las cuencas.

Por último, sostenemos que deben ser considerados como sujeto de derecho, avanzando como ya lo han hecho otros países en considerar a la naturaleza o Madre Tierra, y que se deben respetar en ellos las prácticas culturales y tradicionales que en ellos se practican. Y que deben ser protegidos comprendiendo también el contexto de crisis global y climática, en donde se presentan como retardadores del calentamiento global, aportando humedad a la atmósfera y enfriando masas de aire, los glaciares y demás elementos de la criósfera, aportando a la capacidad de resiliencia de los territorios.

– ¿Alguna reflexión o énfasis con la que quieran cerrar?

Cuando nosotros denunciamos la inexistencia de una ley de protección de glaciares y sus ambientes, denunciamos también la relación directa que hay entre la vulneración de la protección de estos bienes comunes -que son fundamentales para la vida porque son la fuente de abastecimiento hídrico de muchas comunidades y ecosistemas-  y la vulneración al derecho humano más básico como es el derecho humano al agua y a todos los derechos que se derivan de él (a la vida, alimento, salud, trabajo, cultura). Es importante recordar que el 70% de la población del país se abastece de agua proveniente de las zonas altoandinas, principalmente en la Cordillera de Los Andes, hogar de los glaciares.

Son tan importantes que, por ejemplo, en la región de Valparaíso están aportando hasta el 70% del caudal del río Aconcagua. La Universidad Católica de Valparaíso realizó un estudio del origen de las aguas del río Aconcagua y ahí determinó que más del 70% de su caudal está conformado por el sistema glaciar, agua proveniente no solamente de los glaciares blancos sino que de los glaciares rocosos, de la nieve, del sistema glaciar, entonces eso es muy ilustrativo de lo que nosotros creemos debe protegerse, no solo el hielo glaciar, no solo el objeto en sí mismo, el hielo mismo, sino todo un sistema, todo un ambiente que permite que el glaciar este allí y que no se derrita tan rápido como sucede cuando son intervenidas estas áreas o el ambiente periglaciar con industrias como la minería, pero también con la industria de centrales hidroeléctricas en la alta montaña como Alto Maipo.  Por eso insistimos a toda la población, comunidades y pueblos hermanos, que sigamos atentos de esta ley y no la permitamos si no protege también los ambientes que sostienen a los glaciares.

Por otro lado, no podemos obviar el proceso Constitucional que como pueblos atravesamos, y que desde las distintas organizaciones a lo largo del país pulsaremos para que logre ser un proceso realmente constituyente, que es lo que desde las calles se ha demandado, y frente a lo cual nos parece inaceptable que el gremio minero siga impulsando leyes para beneficios de grupos pequeños en número, pero que en términos económicos, representa justamente a ese porcentaje de la población que ha visto acrecentadas sus millonarias arcas, en un 70%.

Por tanto nuestro llamado es a seguir atentxs y movilizándonos, para una real protección y restauración de los distintos ecosistemas, que son fuentes de vida, de aquí a la posteridad.

Referencias:

^[1] Corte Suprema. Oficio N° 110-2016. Informe Proyecto de Ley N°26-2016.  Chile. 8 de agosto de 2016. Considerando sexto y séptimo.

^[2] Biblioteca Congreso de Chile. Minuta. Recurso disponible en: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/20222/4/Bienes%20Nacionales%20de%20Uso%20Publico%20Editado%20Par.pdf

^[3] Congreso de Chile. Cámara de Diputados. "Informe de la Comisión de Medio Ambiente y recursos naturales recaído en el proyecto de ley que establece ley de protección y preservación de glaciares. Boletín N° 9364-12. Recurso disponible en: https://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=18615&prmTIPO=INFORMEPLEY

^[4] Estado de Chile. Código de Aguas. ARTICULO 5°- Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código. Recurso disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5605