Corrupción en el estado español: El PP no logra tapar la grieta de un escándalo que cerca a su cúpula
El PP se cierra en banda y niega la veracidad de los papeles de Luis Bárcenas publicados por «El País». Cospedal amenaza con querellas y Rajoy sigue mudo. Mañana habrá Comité Ejecutivo extraordinario para escenificar unidad.
Huida hacia adelante. Solo así se puede describir la reacción del PP ante la publicación de la contabilidad secreta en la que Luis Bárcenas registraba los sobresueldos que entregó a la cúpula del PP entre 1990 y 2009. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, fue la encargada de dar la cara. Negó la mayor, amenazó con querellas y alabó la transparencia de su formación. A ella se sumaron en bloque todos los altos cargos de la derecha española. Todos menos uno. El presidente del Senado, Pío García Escudero, admitió la veracidad de un préstamo de cinco millones de pesetas. Una grieta en el implacable discurso del PP que, pese a rechazar todas las acusaciones, ha convocado mañana un Comité Ejecutivo extraordinario mañana. Una oportunidad para que Rajoy pueda explicarse. Desde que estalló el escándalo de las cuentas en Suiza de su extesorero y los pagos opacos a sus dirigentes, el jefe de Gobierno se ha escudado en sus primeros espadas para no comparecer.
Hasta ahora solo se había publicado que existían los sobresueldos. Ayer, «El País» fijó cantidades, fechas, receptores y donantes. Según las informaciones del diario de Prisa, entre 1990 y 2008, Bárcenas y Álvaro Lapuerta (también extesorero) abonaron cantidades millonarias a altos cargos del PP como Mariano Rajoy, Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas o Ángel Acebes. La incógnita es saber a quién corresponden las iniciales J.M., que se han vinculado a José María Aznar, líder del partido durante la mayor parte de aquella época.
Los fondos, que no pasaban por Hacienda, procedían de aportaciones de empresarios y constructores. El flujo de dinero no se limitaba a los bolsillos de los altos cargos. También llegó hasta medios de comunicación, como «Libertad Digital», dirigido por Federico Jiménez Losantos, o la organización Basta Ya. De hecho, Carlos Martínez Gorriarán, actual diputado de UPyD y portavoz de la organización unionista, reconoció ayer que es «perfectamente posible» que hubiesen recibido los 3.005 euros anotados en el primer semestre de 2002. Según afirmó, no se comprobaba la identidad. Gorriarán y García Escudero fueron los únicos receptores que rompieron el discurso del «no me consta».
«Si lo dice, así será»
«Si él lo dice así será. Ese dato será verdad, pero eso no quiere decir que valide el papel que se ha publicado. Los papeles se pueden pegar, se pueden inventar», regateaba ayer Cospedal ante las preguntas acerca de la confesión del presidente del Senado español. Durante toda la comparecencia, que generó una inusual expectativa, la secretaria general del PP se mostró hostil, enfadada. Solo dudó en los momentos en los que tuvo que lidiar con preguntas sobre la veracidad de los papeles. «No se corresponde con la actividad… bueno, con alguna parece que sí, pero que haya actuaciones sistemáticas…», titubeó.
El resto del discurso lo tenía claro: amenazar con querellas a quien publique informaciones sobre la trama de corrupción, exhibir victimismo y reafirmar su confianza en la auditoría interna que se anunció en el momento en el que estalló el escándalo. Al negar la veracidad de los documentos, no necesitó rebatirlos. Ni siquiera cuando le preguntaron si reconocía la letra del extesorero, ya que las cuentas están escritas a mano. «No voy a dar credibilidad» era la respuesta para todo. Posteriormente, otros medios como la Cadena Ser exhibieron pruebas grafológicas que pretendían certificar la validez del escrito.
Denuncias como respuesta
«Hay muchas que son mentira, muchas», aseveró Cospedal. Luis Bárcenas, con quien el partido ha marcado distancia desde que explotó el escándalo, salió también en defensa de sus antiguos compañeros de filas y, a través de un comunicado, desmintió la contabilidad paralela y anunció medidas legales contra «El País».
Resulta paradójico, pero en las dos semanas que han transcurrido desde que el diario «El Mundo» abriese el frente de los sobresueldos opacos, nadie, ni Bárcenas ni el PP, había planteado la posibilidad de una demanda. Únicamente Aznar. Ahora, todos anuncian rápidas querellas. Desde Génova se dirigirá una general pero también otra por cada uno de los líderes que aparecen en las informaciones. «No vamos a permitir que se nos atribuya un comportamiento no honorable, ni que se ponga en cuestión la honorabilidad, la transparencia o la legalidad de las cuentas», zanjó Cospedal.
Según la versión oficial que promueve el PP, la publicación de la contabilidad de Bárcenas tiene un único objetivo: «perjudicar a un partido y, en especial, al presidente del Gobierno». Por eso, la secretaria general afirmó que «los primeros indignados somos los dirigentes del PP; me parece una frivolidad lo que se está haciendo, sin ningún tipo de prueba, con tal de crear alarma social o hacer daño a un partido político». En la misma línea, Cospedal dijo no sentirse «inhabilitada» para acometer los hachazos sociales. Incluso hiló más fino asegurando no comprender por qué, ahora que, según su versión, la economía española puede empezar a remontar, se intenta hacer daño a los «responsables» del crecimiento.
Cospedal afirmó que las cuentas del PP son «únicas» y «transparentes». Y reivindicó la eficacia de la auditoría puesta en marcha por su formación hace dos semanas. Claro, que parece difícil que en los libros oficiales de un partido, que son los que se presentan ante el Tribunal de Cuentas, aparezcan ingresos y pagos de dudosa procedencia. Así que esta investigación interna no parece que vaya a tener mucha efectividad.
El desliz de Escudero abrió ayer una grieta en el discurso unívoco del PP. Ahora, tanto Génova como el Gobierno español tratarán de lanzar una imagen de fortaleza. Por el momento, Rajoy sigue callado. Hoy, tras el Consejo de Ministros, y mañana, con el Comité Ejecutivo, tendrá dos oportunidades para explicarse. Aunque la crisis abierta va mucho más allá.
«Euskal Herria, la ciudadanía vasca, necesita un nuevo y propio sistema político e institucional. Los y las vascas no tienen nada que hacer en este estado corrupto». Así de tajante se mostró el diputado de Amaiur Jon Iñarritu a la hora de valorar el nuevo escándalo de corrupción que salpica al PP. La publicación de la lista de dirigentes que cobraba sobresueldos provocó la reacción de todo el arco parlamentario, tanto en Euskal Herria como en el Estado español. Por ejemplo, Aitor Esteban (PNV), abogó por la vía judicial y aseguró que los jelkides no hablarán sobre el plan contra la corrupción propuesto desde Génova hasta que no se aclare el «caso Bárcenas».
«Tiene que ser el presidente del Gobierno el que dé explicaciones. Es su responsabilidad porque lo que hoy está en tela de juicio no es sólo el nombre del PP o del presidente del PP, es el nombre del presidente del Gobierno de España». El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió desde Tenerife. Y lo hizo en el mismo tono de las últimas semanas, dentro de ese «y tú más» en el que Ferraz y Génova están enfrascados. La réplica la daba posteriormente Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP, quien afeaba a Rubalcaba haber estado presente «en todas las operaciones turbias» ocurridas en el Estado español.
Más allá fue el coordinador general de IU, Cayo Lara, quien afirmó que «si eso es cierto, Rajoy debe dimitir y convocar lecciones porque que es urgente regenerar la democracia». Junto a él compareció Joan Coscubiela, de ICV, quien recordó que es precisamente el Ejecutivo asediado por los escándalos quien implementa más recortes. «No tiene autoridad para exigir sacrificios. Para gobernar hace falta autoridad y Rajoy no tiene ni pizca», afirmó. A.P.
«¡La Policía, que traiga a los ladrones!» La imagen era calcada a la de hace dos semanas, cuando una publicación de «El Mundo» dio comienzo al escándalo que ha mediatizado la actividad política del Estado español en los últimos 15 días. Entonces, como ayer, cientos de personas se concentraron en las inmediaciones de la sede del PP en la calle Génova para protestar contra la corrupción. Entre una cita y otra, apenas había diferencia de número, aunque la sensación de hartazgo era ayer sensiblemente mayor. Aunque también es cierto que en este caso las protestas se extendieron a otras localidades del Estado.
La convocatoria, como es habitual, se lanzó desde las redes sociales. La cita era a las 20.00 horas frente al cuartel general de la derecha española. Minutos antes, agentes antidisturbios ya tomaban posiciones. También siguiendo el mismo guión de otras ocasiones, la Policía española cerró la calle Génova, tanto desde el acceso de la plaza de Colón, donde el expresidente José María Aznar instaló la inmensa bandera rojigualda, como en Alonso Martínez, en sentido opuesto. Ayer, sin embargo, un pequeño grupo resistió 20 minutos frente a la sede. «Hemos estado todo lo que hemos podido, aunque los ladrones y los corruptos ya se habían marchado», señalaba un hombre envuelto en una republicana mientras era expulsado por los antidisturbios.
A partir de entonces, dos grupos, cada uno en un extremo de la calle, clamaban contra la corrupción. Como siempre, algún representante de la «marca España» miraba más hacia los manifestantes que hacia quienes meten la mano en la caja. «¿Dicen que esto es una estafa? Lo que es una estafa es no poder cruzar la calle», afirmaba un espontáneo. El resto, cada vez más enfadado, insistía en una idea ya repetida hace dos semanas: que los agentes desplegados en los alrededores de Génova no estaban para arrestar a los sospechosos de estafar miles de euros sino para prevenir las manifestaciones de las víctimas de sus políticas.
