El sábado pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de protección por vulneración de derechos fundamentales, presentado en favor de las y los pobladores del campamento Porvenir, ubicado en la población Pueblo Nuevo, Temuco. Estos arriesgaban ser desaojados debido a un decreto alcaldicio (N°1441) emanado desde el municipio por Miguel Becker a fines de junio pasado.

Juan Contreras Jara / resumen.cl

La municipalidad de Temuco había resuelto el viernes recién pasado una ordenanza de desalojo contra dieciséis familias y la demolición de sus improvisadas viviendas, situación revertida finalmente por la Corte de Apelaciones que resolvió orden de no innovar, acogiendo el recurso de protección y paralizando dicho decreto de desalojo mientras dure la tramitación de un futuro juicio.

Lo anterior no frena del todo la orden de desalojo emanada desde la municipalidad de Temuco, pero otorga al menos dos meses para que las personas afectadas puedan organizar una defensa, así lo explicó la abogada patrocinadora del recurso de protección, Rayen Daza, parte de la red de abogados/as de la Araucanía y del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur).

Sobre la situación de las familias del campamento Porvenir, Daza explicó que "ellos se fueron a vivir ahí por sus condiciones adversas de vida, creo que nadie por gusto elegiría vivir así. Frente a esto la postura del alcalde es de cero dialogo. Ellos como organismo estatal tienen ciertos deberes, como ayudarlos a constituir una personalidad jurídica y ayudarlos a avanzar a postular a una vivienda, pero no han hecho nada. Los han recibido pero fuera de la municipalidad, sin actas ni nada".

El campamento Porvenir se montó durante enero de 2020 y forman parte de las más de 30 tomas de terreno que existen hoy en Temuco. El 10 de Junio pasado el municipio ordenó el desalojo de dicha toma, pese a los reclamos de las y los pobladores que denunciaron absoluta inhumanidad en la medida tomada por el alcalde Miguel Becker, que buscaba expulsarlos de los terrenos a días de iniciarse el invierno y en plena pandemia.

En entrevista con Ufromedios, una de las afectadas con la orden de desalojo comentó que "estamos muy preocupados por la orden que emitió el alcalde. Le llamamos a que tome conciencia de que acá hay familias, niños, gente con discapacidad. Nosotros le llamamos al dialogo, no queremos polémicas, solo queremos que dialogue. Creemos que antes de desalojo debería haber un diálogo. Acá hay algunos compañeros que están viviendo en carpas, encontramos que esto (desalojo) es inhumano. No es porque queramos, es porque no tenemos otra opción, no nos alcanza para pagar un arriendo y comer, si todos tenemos niños pequeños. Hay gente que trabaja el día a día y como pretende el alcalde que vamos a pagar un arriendo si no tenemos los medios"

Sobre esta la ordenanza de desalojo y el actual contexto de pandemia por COVID-19, la abogada comentó que "esta situación es terrible. Estas personas se trasladaron desde lugares hacinados para poder ir al campamento y estar de cierta manera bien. Si son desalojadas en este momento, tendrían que verse forzados a volver a estos lugares de hacinamiento o bien deambular sin saber dónde ir. Con el contexto pandemia todo se ha vuelto más difícil para todas las personas y más aún en situaciones como esta, de desprotección absoluta".

Pese a que este martes representantes de algunas de estas tomas de terreno en Temuco firmaron el Plan Especial de Gestión Habitacional con el director del Serviu, Sergio Merino y con el Seremi de Vivienda Pablo Artigas, las familias deberían esperar 24 meses para poder recién postular a un subsidio habitacional. Es decir, no existe un plan específicamente referido a las personas que viven en campamentos en Temuco, si no que deberán sumarse a la larga fila de espera por una vivienda.

Así lo dejó en claro el Sub secretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, cuando lanzó dicho plan en Temuco, el pasado 18 de febrero. "Es importante destacar que estas familias se han puesto en la fila para respetar el derecho de quienes han venido luchando por su vivienda", como si acceder a una vivienda medianamente digna fuera parte de una competencia y no un derecho.

Sobre esta situación Daza fustigó que "esto no es nada concreto, les ofrecen un programa que en realidad son los llamados regulares a vivienda. Les dicen que depongan la toma y en dos años puede que si los priorizamos les daremos una solución, en definitiva no se hará nada concreto, más aun en tiempos de pandemia. El actuar del municipio es arbitrario, dicen que aquí hay una ocupación y hay que desocuparla, pero no argumentan fundamentos de salud pública o si ahora sí van a ocupar el terreno".

El alcalde de Temuco, Miguel Becker (UDI), ha catalogado como ilegales los campamentos emplazados en la capital de la Araucanía y ha sostenido la idea del desalojo apropósito de futuras construcciones, por ejemplo de tipo inmobiliario. Así lo ratificó el jefe comunal al referirse ayer, durante la firma del Plan Especial de Gestión Habitacional, a una toma ubicada en el sector Pedro de Valdivia. "Éste espacio se va a transformar en departamentos para 130 familias de nuestra ciudad también, por lo que es importante despejar estos terrenos con el propósito de desarrollar estos proyectos y apoyar a estas familias a que estén fuera de esta condición de toma, que sin duda no es lo que queremos para nuestra ciudad".

Sobre la situación de los demás campamentos en Temuco, incluido el Porvenir, Becker expresó que "las tomas que hoy día hay en la ciudad tienen que terminarse, eso no es factible. Hoy nos encontramos con estas tomas que se han producido en terrenos que son del ministerio, del municipio y eso obviamente no puede continuar. Por eso buscamos esta forma de pedirle a la gente que abandone estos lugares, con el propósito de buscar una solución definitiva y creemos que es mejor que el uso de la fuerza. Es necesario que la gente entienda que esos terrenos no están disponibles para el tema habitacional, si no que están destinados a otros menesteres de la ciudad y la región".

Para finalizar la abogada patrocinante del recurso de protección puesto en favor del campamento Porvenir, explicó que la misiva apunta directamente a proteger "el derecho a la vida, integridad física y psíquica, lo que se traduce que están en constante preocupación de desalojo sin tener otra opción. Otro derecho que se busca proteger es el de inviolabilidad del hogar, el derecho a un juicio justo, porque el alcalde está actuando como juez y parte, toda vez que no les permite ejercer sus descargos. Por otra parte está el derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles de las personas que están ahí y que son sus únicas pertenencias y que quieren destruir".