Finalmente la corte porteña desestimó todos los argumentos de la defensa de Jordano Santander y reiteró la sentencia de 7 años y un día en su contra. La prueba que lo condenó por homicidio frustrado fueron únicamente las declaraciones de tres funcionarios de la PDI, quienes tienen una querella por tortura en su contra.

Por Juan Contreras Jara

Durante esta jornada la Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó los tres ejes de la defensa del preso político, que buscaban desacreditar el supuesto ánimo homicida inculpado a Santander y realizar un nuevo juicio. Nuevamente un tribunal chileno condenó a un preso político utilizando como única prueba las declaraciones de funcionarios policiales, en este caso de la PDI.

Santander también fue condenado a 540 días por dañar parte de los ventanales del cuartel de la PDI -donde posteriormente fue torturado en compañía de los otros tres presos políticos del caso PDI- y la mampara de la Fiscalía de San Antonio. Sumado a estas, una pena de 300 días por receptación.

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Betsabé Carrasco, abogada defensora del preso político san antonino, fustigó que "como defensa sabemos que aquí no hay solamente decisiones jurídicas, sino que también políticas y sociales de por medio. No hay que olvidar que este caso ocurrió en un contexto de revuelta".

Hay que recalcar que de los tres policías que acusan actitud dolosa por parte de Santander, ninguno de ellos fue atropellado.

Es más, el funcionario de la PDI, Hugo Gutiérrez, declaró no haber resultado con ningún tipo de lesión después del supuesto intento de atropello en su contra.  Según la defensa del preso político, Gutiérrez expresó haber sentido que lo iban a matar, es decir, declaró sobre una impresión y los tribunales deliberaron en base a ella.

Fotografía: GAPP

En contra parte, los cuatro presos políticos del Caso PDI habrían sido torturados al interior del cuartel policial, situación respaldada con partes médicos y una querella por apremios ilegítimos emprendida por su defensa y el INDH, justamente en contra de Hugo Gutiérrez y las y los funcionarios policiales que detuvieron el 4 de marzo de 2020 a Jordano.

La defensora de Jordano Santander hizo hincapié en la inocencia de su defendido, pese a la condena, que según su familia y redes de apoyo es netamente política. En este sentido Carrasco acotó, "esto demuestra una vez más el trato desigual que existe entre las personas civiles respecto de la justicia y los funcionarios policiales que cometieron delitos en la revuelta, que no ha sido procesados".

Sobre la querella por torturas contra los funcionarios policiales que torturaron a Jordano su defensa aseguró que seguirán adelante.

"Esperamos poder cambiarnos de fiscalía, porque con la de San Antonio (que investigó a Jordano) hay un problema de imparcialidad, pero sigue en curso. Estos hechos son de carácter grave así que esperemos que esto se pueda agilizar lo más posible", puntualizó la defensora del preso político.

El trabajador deberá cumplir la condena de 7 años en el penal de San Antonio, que comenzará a contar desde el 4 de marzo de 2020, cuando fue detenido por funcionarios de la PDI, quienes lo condujeron hacia el interior de su cuartel y lo torturaron.