[resumen.cl] La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió aumentar las penas dictadas por el ministro en visita Leopoldo Llanos en contra de nueve ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en la aplicación de tormentos y apremios ilegítimos a 37 prisioneros en el centro de detención ilegal de Villa Grimaldi.

En fallo unánime dictado este 4 de agosto (causa rol 1100-2015), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Dobra Lusic, Jenny Book y Viviana Toro- condenó a los jerarcas de la DINA, los ex oficiales de ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Fernando Eduardo Lauriani Maturana, y a los ex oficiales de carabineros Gerardo Ernesto Godoy García y Ricardo Víctor Lawrence Mires, a penas únicas y efectivas de 10 años y un día de presidio; en tanto, los ex agentes Basclay Humberto Zapata Reyes y José Orlando Manzo Durán deberán purgar 7 años, sin beneficios.

En primera instancia, los siete primero agentes nombrados, fueron condenados a 7 años de presidio por las torturas aplicadas a Omar Barraza Díaz, Nuvia Betsie de Lourdes Becker Eguiluz, María Cecilia Bottai Monreal, Lucrecia Brito Vásquez, Edwin Patricio Bustos Streeter, Renán Gregorio Castillo Urtubia, María Cristina Chacaltana Pizarro, Rafael Francisco Donoso Garay, Salvador Alejandro Donoso Garay, Raúl Flores Castillo, Ricardo Frodden Amstrong, Gerardo Cornelio García Huidobro Severín, Hilda Amalia Garcés Durán, Martín Humberto Hernández Vásquez, Selva Hidalgo Fuentes, Pedro Alejandro Matta Lemoine, José Danor Moya Paiva, Amelia Negrón Larre, Juan Patricio Negrón Larre, María Isabel Ortega Fuentes, Lelia Pérez Valdés, Juan Alejandro Rojas Martínez, Osvaldo Torres Gutiérrez, Rosa Lizama Leiva, Gladys Díaz Armijo, Jesús Clara Tamblay Flores, Marcia Scantlebury Elizalde, María Isabel Matamala Vivaldi, Alicia Alvarado Vistoso, Sergio Carlos Requena Rueda, Roberto Gajardo Gutiérrez, María Dabancens Gándara, Delia Veraguas Segura, Mariluz Pérez Allende, Ofelia Nistal Nistal, Lautaro Videla Moya y María Alicia Salinas Farfán, ilícitos perpetrados entre 1974 y 1975.

En tanto, los agentes Zapata Reyes y Manzo Durán habían sido sentenciados a 5 años y un día de presidio, sin beneficios.

En el aspecto civil, la Corte de Santiago confirmó las condenas que ordenan al Estado de Chile y los sentenciados indemnizar a las 37 víctimas querellantes en esta causa.

En la etapa de investigación, el ministro Leopoldo Llanos logró establecer los siguientes hechos:

I) Los eventos investigados en este proceso ocurrieron, entre fines de 1974 y durante el año 1975, en el centro clandestino de detención conocido como «Cuartel Terranova» o «Villa Grimaldi», ubicado en Avenida José Arrieta N° 8.200 de la comuna de Peñalolén en la Región Metropolitana, que fue el centro secreto de detención y tortura más grande de Santiago; y en el centro transitorio de incomunicación conocido como «Cuatro Álamos», ubicado en la calle Canadá a la altura del 3.000 de Vicuña Mackenna, Paradero 5, y que se encontraba al interior del Campamento de Detenidos de «Tres Álamos». Ambos centros de detención eran administrados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), aunque el primero estuvo dirigido por oficiales de Ejército, y el segundo por un oficial de Gendarmería.

II) En «Villa Grimaldi» operaban grupos de agentes de la DINA, quienes, con conocimiento e instigación del Director del organismo, y ostentando diversos grados de jerarquía en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros, capturas de personas militantes o afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraron ilegalmente en el lugar, doblegándolos bajo tormento físico de variada índole, con el objeto de hacerlos entregar información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas.

III) Si bien los primeros detenidos llegaron a mediados del año 1974, fue en enero de 1975 que «Villa Grimaldi» pasó a convertirse en el centro de operaciones de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, que ejercía la función de represión interna en Santiago. A las personas privadas de libertad se les mantenía todo el tiempo con la vista vendada, en deficientes condiciones higiénicas y con escaso alimento. Los lugares más característicos donde se mantenía a los detenidos eran los siguientes; a) «La Torre». b) «Casas Chile», c) «Casas Corvi».

IV) Dichos tormentos consistieron -a vía ejemplar, además de los malos tratos precedentemente descritos- en someter a los prisioneros a golpes de puños y pies en distintas partes del cuerpo; descargas eléctricas («parrilla»); colgarlos de pies y manos durante horas («pau de arara»); golpes a manos abiertas en ambos oídos («teléfono»); sumergirlos en agua o taparles la cabeza con bolsas de plástico, casi hasta la asfixia («submarino seco» y «mojado»); y vejaciones sexuales, en el caso de las mujeres. Además, se les mantenía por horas hacinados en pequeñas celdas, donde debían permanecer de pie por falta de espacio físico. A todo lo anterior se agregan los malos tratos de palabra, insultos y amenazas de nuevas torturas o de causarles daño a sus familiares directos; así como hacerlos presenciar las torturas de otros prisioneros, en algunos casos, cónyuges de los detenidos, o vinculados con ellos por parentesco o amistad.

V) Una de las agrupaciones que se encontraba en «Villa Grimaldi» se denominaba «Brigada Caupolicán» (cuya función principal, en 1974 y 1975, fue reprimir al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, «MIR»), y estaba compuesta a su vez, por agrupaciones o grupos de carácter operativo, denominados «Vampiro», «Halcón I» y «Halcón II», «Tucán» y «Águila». La Brigada Caupolicán estaba dirigida por un oficial de Ejército con rango de Mayor, en tanto que los grupos operativos antes mencionados eran comandados por Tenientes de Ejército o de Carabineros. Los integrantes de estos grupos eran sargentos, cabos y soldados pertenecientes a distintas ramas de las Fuerzas Armadas, a Carabineros, y a la Policía de Investigaciones. Además, formaban parte de dichos grupos algunos civiles.

En esta causa por torturas resultaron impunes por haber muerto en el curso del proceso, Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Morén Brito, los que también habían sido condenados en el fallo de primera instancia.