El proceso de designación del nuevo fiscal nacional se enmarca del proceso de intento de «restauración conservadora» en que se encuentra la elite económica y la clase política luego del triunfo del Rechazo. La quina que fue propuesta por la Corte Suprema representa una mantención del statu quo en la justicia que ha estado marcada por la diferencia a la hora de aplicar justicia, con penas que puede ser cárcel y prisiones preventivas eternas o sólo clases de ética según la clase social a la que pertenece un imputado.

Por Joaquín Pérez

Este lunes la Corte Suprema escuchó las exposiciones de los 17 postulantes para el cargo de fiscal nacional, jefe del Ministerio Público. Su tarea era seleccionar cinco candidaturas para que el presidente de la Republica elija una y lo presente al Senado, donde debe ser ratificado por dos tercios, esto es 33 votos de los 55.

El cargo es uno de los más importantes del Estado y su designación ha movido a los poderes fácticos del país que ven en la justicia, un poder para controlar y castigar a los pobres, y por el contrario garantizar la desigualdad y los abusos por parte de los ricos. Como todo chileno sabe a muy temprana edad, las cárceles están hechas para los pobres, para los ricos clases de ética y penas alternativas.

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De los 17 postulantes solo uno se había atrevido a ir más allá en su carrera profesional, el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, quien denunció y sostuvo los casos los casos Penta y SQM de financiación irregular de la política, que involucraba a las principales fortunas de este país y dirigentes de prácticamente todos los partidos políticos en cargos de poder en esos momentos.

En su intervención, expresó que "uno de los aspectos más graves de la deslegitimación de la persecución penal no es neutral", sino que es "susceptible de ser controlada desde ciertos grupos políticos, económicos o sociales, y esto ha ocurrido en casos paradigmáticos de delitos tributarios y económicos".

Asimismo, Vargas fue muy directo al indicar que "uno de los aspectos más graves de la crisis institucional en la que nos encontramos dice relación con la deslegitimación del sistema de persecución penal encabezado por el Ministerio Público. La percepción pública es que, en los hechos, la persecución penal no es neutral e igualitaria, sino que es susceptible de ser controlada desde ciertos grupos políticos, económicos o sociales. Es lo que ha ocurrido con casos paradigmáticos de delitos tributarios y económicos" agregando "Las instituciones como la fiscalía se desprestigian y deslegitiman ante la ciudadanía si no actúan realmente persiguiendo a quienes cometen delitos, hasta las últimas consecuencias, guiados por el principio de igualdad ante la ley (...) Perseguir a los implicados en delitos, de cualquier nivel. Seguir los hechos a donde sea que nos lleven. No puede haber en los hechos reglas diferentes para los poderosos y los que no tienen poder".

Era predecible que abogados como Cristian Vargas no obtuvieran ningún voto, eso no sorprende a nadie, lo que si fue llamativo es la altísima votación alcanzada por dos personas claramente vinculadas a poderes fácticos en este país como el fiscal de Magallanes José Morales conocido como "El sepulturero", entre abogados y órganos auxiliares de justicia, como señaló el diario electrónico El Mostrador, debido a su papel de sepultar causas que involucraban a personajes poderosos, "como sucedió con el caso "Cascadas", "Colusión de las Farmacias", con el soborno de LATAM en Argentina, cuando el expresidente Piñera era accionista mayoritario y hoy en causas de derechos humanos". Entre sus padrinos políticos se encontraría Andrés Chadwick y Gido Girardi.

La tercera más votada es la abogada y directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público, Marta Herrera (9 votos), a quien todos identifican como la continuidad del saliente fiscal nacional Jorge Abott, del cual hay una visión generalizada de muy mala gestión.

En cuarto lugar se situó el fiscal regional de Aysén Carlos Palma (7 votos), de quien se dice tendría apoyos de círculos progresistas por haber llevado la Operación Huracán, pero sin posibilidades de pasar la negociación política que se dará en el Senado.

Así las cosas, todo parece indicar que la elección del fiscal nacional será otro episodio de este momento en que vivimos un intento de «restauración conservadora» por parte de las elites económicas y la clase política que quieren retroceder al país símbolo del neoliberalismo de «los 30 años».