Este miércoles se realizó en Concepción la diligencia de Reconstitución de Escena por el asesinato del militante comunista Víctor Hugo Huerta Beiza. El crimen fue cometido el 3 de noviembre de 1983 por agentes de la CNI, el aborrecible aparato represivo de la dictadura pinochetista.

Huerta Beiza era un penquista de 52 años, comerciante ambulante, que se mantenía activo en tareas políticas clandestinas de su colectividad. Desde semanas antes de su muerte había manifestado su preocupación por aparentes actividades de vigilancia y seguimiento hacia su persona por sujetos sospechosos de actuar en organismos represivos del régimen; producto de esa situación había hecho que su familia saliera temporalmente de Concepción, tratando de evitar que les ocurriera alguna desgracia.

Sin embargo, no pudo evitar que las garras criminales de los profesionales del crimen cayeran sobre él. Fue secuestrado cuando descendía de un taxi por un grupo de individuos. Los secuestradores lo llevaron hasta el cuartel de la Brigada Regional de la CNI ubicado en calle Pedro de Valdivia, donde fue sometido a las habituales y brutales torturas, algo en lo que estos aparatos represivos eran adictos y especialistas.

El 3 de noviembre en la noche fue asesinado en calle Sanders, en las cercanías del mencionado cuartel. En estricto rigor fue ejecutado y acribillado; le propinaron doce impactos de bala, todas de calibre 9mm, uno de los cuales es un disparo con apoyo, es decir, de ejecución. Como también era habitual en la época del régimen tirano, los criminales armaron el consabido montaje para hacer aparecer el crimen como un enfrentamiento.

Nunca es tarde

La verdad ha tardado casi 29 años en imponerse. No en aparecer, porque para el pueblo oprimido y silencioso, para los familiares y amigos, para los compañeros y resistentes, siempre estuvo claro que era un crimen vil y cobarde. Pero la sociedad hipócrita y la justicia ciega son las que han tardado tanto en aceptar y reconocer lo indesmentible. Es necesario mencionar que el caso había sido sobreseído por la justicia parda de la época dictatorial; sólo fue reabierto en años recientes en que recae entre las labores del Ministro en Visita Extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, don Carlos Aldana.

No es casualidad que tres de los principales inculpados en el crimen hayan debido ser traídos directamente desde el recinto penitenciario de Punta Peuco, donde cumplen condena por innumerables crímenes de derechos humanos, es decir, por incontables asesinatos cometidos durante la oprobiosa dictadura. Esos mismos tres sujetos, también el año 83, vinieron expresamente desde Santiago y Valparaíso a cometer su crimen ya que formaban parte de las unidades especiales que la CNI tenía dispuestas para fines de exterminio. El resto de la decena de agentes que debió concurrir a la diligencia judicial formaban parte de los efectivos que integraban la dotación local o regional de la CNI.

La visitas de Punta Peuco

Durante el proceso judicial y, según declaraciones del Ministro Carlos Aldana que sustancia la causa, y más claro quedó aun durante la diligencia de este miércoles, ha quedado en evidencia y confeso del crimen el sujeto de nombre Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, en la época de los hechos capitán de ejército en comisión de servicio extraordinario en la CNI. Herrera Jiménez, alias "Bocaccio" o "Don Mauro", chapa de Marcos Belmar Oyarce o de Mario Bravo Oyarzún, jefe de la brigada cóndor en CNI, es el mismo individuo que ejecutó al presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, en febrero del 82, y al carpintero Juan Alegría Mundaca, en junio del 83, entre otros delitos que lo mantienen como condenado en Punta Peuco.

Como coautores del delito están procesados el superior jerárquico de "Bocaccio", el criminal mayor de la época de los ochenta, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, alias "Don Juan" o "Faraón", chapa de Álvaro Valenzuela Torres, jefe de la división antisubversiva de la CNI, en la época mayor de ejército, en la actualidad condenado a perpetuidad en Punta Peuco.

El otro encausado es Armando Edmundo Cabrera Aguilar, alias "Charly", chapa de Miguel Escobar Sanguinetti, sargento de carabineros en la época. La especialidad de este suche era ser materia dispuesta para cometer cuanto delito o crimen le mandaran sus jefes. Este era un sujeto de la tropa que jugó su papel de exterminador a entera voluntad. Hoy, como sus jefes, cumple condena en Punta Peuco, por supuesto que en las dependencias penales destinadas a la tropa, separadas de las exclusivas dependencias de los oficiales criminales.

Otros imputados y posibles encausados por este crimen no pudieron serlo por haber fallecido. Al menos estos tres, no se salvaron de la tardía justicia terrenal.

Fotografias desde arriba hacia abajo de los criminales violadores de derechos humanos Alvaro Corbalan (mayor de ejercito), Armando Cabrera (sargento de carabineros) Carlos Herrera (capitan de ejercito) todos ex miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI)