[resumen.cl] Integrantes del Consejo Regional han declarado que el proyecto de Parque Científico y Tecnológico del Biobío (PACYT) «está muerto». Ese fue el caso de Luis Santibáñez, quien lo expuso explícitamente ante Biobío Chile, mientras otros coincidieron con él. Todo ha ocurrido sin que se conozca declaración alguna de Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, impulsora de esta iniciativa que había recogido el financiamiento de $12.863.910.000 por parte del Consejo de Gobierno de la Región del Biobío, en diciembre de 2014.

El PACYT contemplaba entre sus condiciones de realización, el loteo y urbanización de una extensa superficie del cerro Caracol, adyacente a la Universidad de Concepción y de propiedad de la misma. En la Resolución de Calificación Ambiental, fechada el 03 de abril de 2012, el proyecto se planeaba construir en 91,3 hectáreas, representando la primera etapa de un loteo de 255 hectáreas en total, correspondientes a los fundos La Cantera y El Guindo. Según el documento, el terreno iba ser subdividido y urbanizado en tres etapas; la primera de 91,3 ha., la segunda de 38,1 ha. y la tercera de 125,6 ha. Todo ello implicaba la alteración irreversible de las condiciones ambientales, ya degradadas, del cerro Caracol.

Directorio original del PACYT, encabezado por Rodrigo Díaz y Sergio Lavanchy, en su condición de rector de la Universidad de Concepción de entonces

La entrega de recursos para el proyecto PACYT se acordó mientras el actual candidato a Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, era intendente de la región del Biobío. Pero, además, ocurrió luego que el proyecto consiguiera la Resolución de Calificación Ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), eludiendo la consulta a la comunidad y otras diligencias que se hubieran tenido que realizar en un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). De este modo, se contrató a la empresa que comenzó las faenas y, a la cual, según el medio citado, el Gobierno Regional deberá cancelar una indemnización de unos 500 millones de pesos.

El PACYT constituyó un motivo de reiteradas denuncias por la escasa información respecto a su contenido, la inexistencia de una política de transparencia activa, la cual debiese ser implementada por toda entidad que maneje recursos públicos. Además recibió una declaración de Contraloría en abril de 2018, comunicando que la entrega de los recursos no se ajustaba a derecho, pues el proyecto no cumplía con lo indicado en el Artículo 70, letra f de la Ley 19.175, que consigna, entre otras disposiciones: «El dominio de los bienes […] que se adquieran o construyan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se entenderá transferido a las entidades […] públicas o privadas sin fines de lucro, que atiendan servicios de utilidad pública, desde el momento en que estos bienes sean asignados por el intendente a dichas entidades». Es decir, la Contraloría no consideró que los trabajos para los cuales se habían comprometido casi trece mil millones de pesos del erario fiscal constituían un servicio de utilidad pública.

En su ficha del Banco Integrado de Proyectos (BIP) del Ministerio de Desarrollo Social, se podía leer: «el problema central identificado es bajos niveles de generación de oportunidades para que las empresas desarrollen i+d+i [investigación, desarrollo e innovación] como principal herramienta para la incorporación de innovación en su procesos productivos». De este modo el PACYT se colocaba a la cabeza de la sofisticación de supuestos procesos productivos realizados en la región y el país. No obstante, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, en 2012, o sea dos años después de esta argumentación, consignó: «los países latinoamericanos quizá se han precipitado en su entusiasmo por los parques científicos y tecnológicos. La ausencia de las condiciones que favorecieron el desarrollo industrial del Parque Científico de Stanford, Sophia-Antípolis o del Parque Científico y Tecnológico de Cambridge, son difícilmente reproducibles y no se encuentran en los países contenidos en este informe». En otras palabras, expuso que estos supuestos centros de innovación productiva no tenían sentido en países primario exportadores, dependientes y esquilmados por el empresariado transnacional que decide cómo, cuándo y dónde invertir en el mentado i+d+i.

De este modo, el manto de sofisticación y desarrollo productivo de los agentes interesados en el PACYT se evidenciaba como una faramalla ridícula que ocultaba intenciones no declaradas. El hecho que los dineros recibidos del erario público estuvieran destinados a la urbanización y el loteo del cerro Caracol, sin evaluar de forma sensata el plan posterior, pareciera constituir la condición necesaria para otros planes. Desde las organizaciones sociales que denunciaron las condiciones en que se desenvolvía este proyecto, afirmaron la existencia de intereses inmobiliarios. Recientemente, junto con transmitir el desahucio de integrantes del CORE al PACYT, Biobío Chile indicó: "La idea ahora es cambiar el parque […] en un hospital que se inserte en un Distrito de Salud". Queda abierta la pregunta respecto a la veracidad de tal intención y las intenciones que podría comportar.