Declaración pública frente al ataque armado a personas defensoras de Derechos Humanos de Prensa, Salud y Observadores/as

Por Casa Memoria José Domingo Cañas 1367

Casa Memoria José Domingo Cañas 1367, ex-centro de secuestro, tortura y exterminio de la dictadura y actual Sitio de Memorias abierto a la ciudadanía, es testimonio y prueba física de los crímenes de lesa humanidad que fue capaz de realizar el propio Estado en contra de nuestro pueblo. Dado que las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos se sostuvieron en el tiempo, es que en el año 2011 constituimos la Comisión de Observadores/as de Derechos Humanos, con el propósito de ejercer mecanismos de control al Estado y a sus agentes desde la sociedad civil y registrar los procedimientos policiales utilizados ante la protesta social.

Como Comisión, el domingo 01 de mayo nos informamos por diferentes canales de que varias personas defensoras de los derechos humanos, especialmente pertenecientes a la prensa independiente y grupos de observadores, habrían sido atacadas y heridas por armas de fuego disparadas por personas civiles en el sector de Alameda, en el límite entre las comunas de Santiago Centro y Estación Central, en el contexto de la marcha del Día del Trabajador y la Trabajadora convocada por la Central Clasista de Trabajadores, la cual contaba con la autorización correspondiente y un acto de cierre. Todo esto bajo la aquiescencia de Carabineros, quienes, de acuerdo con las imágenes que circulan en fuentes abiertas, dialogaron con los agresores y les brindaron protección con sus vehículos tácticos, mientras reprimían la manifestación. Incluso, se ve a civiles armados al lado de Carabineros, apoyando sus labores de despeje de calzada para el correcto tránsito de los vehículos tácticos.

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Queremos dejar en claro que estos hechos, que vinculan a Carabineros con civiles que agreden a manifestantes en el sector, no son nuevos para nuestra Comisión de Observadores/as de DDHH. Tenemos registros del mismo actuar civil en el sector desde hace años, siendo estos hechos reiterativos y que vienen a engrosar las cifras con lo acontecido el 25 de marzo de este año, fecha en que supuestos comerciantes informales/ambulantes atacaron a estudiantes secundarios que se manifestaban y dejaron en riesgo vital a uno de ellos. Por lo mismo, el Estado debió haber tomado acciones eficaces desde hace bastante tiempo atrás, cosa de haber evitado y prevenido lo ocurrido el pasado domingo, y que hoy lamentamos profundamente.

La protesta social es parte esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y está protegida por diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que el Estado debe cumplir y hacer respetar. Cuando se reprime el derecho a la manifestación también se está reprimiendo el derecho de Asociación, Reunión, Participación y la Libertad de Expresión, entre otros. Y el primer deber del Estado en el contexto de manifestaciones, es el de protegerla a través de sus agentes, en especial a grupos de especial protección como lo son las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, prensa y, en especial, a personas Defensoras de DDHH, por la labor que estas cumplen para con la sociedad.

Lo observado en la manifestación del 1 de mayo de 2022 da cuenta del incumplimiento y la inacción del Estado respecto a la Protesta Social y los estándares internacionales dado que:

-- No se resguardó ni respetó el derecho de manifestación.

-- Se atacó a personas defensoras y manifestantes con vehículos tácticos policiales.

-- No se protegió a las personas manifestantes ni grupos defensores de los derechos humanos (prensa, rescatistas, observadores/as) frente a bandas armadas que les atacaron.

-- Se utilizó la represión como instrumento de disciplinamiento social y político.

Lo anterior, repercutió en un total de 4 personas heridas por los civiles, 3 de ellas por armas de fuego, una de ellas aún permanece con riesgo vital. Esta ausencia de respeto y resguardo del derecho a la protesta y de protección hacia quienes lo ejercen no es aislada o excepcional. Las estamos viendo y evidenciando en cada manifestación que monitoreamos desde el 2011.

Lo sucedido en la marcha del 25 de marzo y del 1 de mayo de este año nos muestra que para los agentes del Estado ya no basta con atacar con el cañón de agua, gasear, golpear y detener indiscriminadamente, prácticas que son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos. Ahora, además, se permite que civiles ataquen con armas a manifestantes bajo la inacción y complicidad policial.

En virtud de lo expuesto en la presente, exigimos al Estado de Chile:

-- Que se investigue la acción del personal COP y su rol en las manifestaciones del 25 de marzo y del 01 de mayo de 2022, y se identifique la responsabilidad de mando del actuar policial y se proceda a la respectiva sanción.

-- Que se investigue oportunamente a todos los civiles que participaron de las agresiones, utilizando armas de fuego y armas cortopunzantes, utilizando todos los medios de inteligencia con los que cuenta el Estado para lograrlo, incluyendo las cámaras corporales que cada Carabinero COP debe portar en el ejercicio de sus funciones.

-- El término inmediato del uso de elementos represivos en el control de las manifestaciones y la protección efectiva de estas y sus participantes.

-- Demandamos y exigimos el cese de la represión y la criminalización de la protesta social.

-- Garantizar, respetar y proteger los derechos de personas defensoras de derechos humanos, junto con terminar con la represión de la que son víctimas.

-- La búsqueda de vías de diálogo y entendimiento de la autoridad con la ciudadanía, para encontrar solución a los problemas nacionales planteados.

-- El término de los discursos criminalizantes en contra de personas extranjeras por parte de los medios de comunicación.

-- Respetar y garantizar los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de Derechos Humanos.

Junto con lo anterior, hacemos un llamado a las organizaciones sociales movilizadas a instalar en sus instancias organizativas mecanismos de observación y resguardo de la integridad y derechos fundamentales de sus integrantes al momento de participar en movilizaciones.

No a la represión. No a la impunidad.

Comisión Observadores/as de Derechos Humanos Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas Santiago, 3 de mayo 2022