Por Profesionales ConVocación y Brigadas Territoriales

El escándalo de los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, ambas lideradas por militantes de Revolución Democrática, que resultaron en el traspaso de $426 millones de pesos a una fundación con nula experiencia en materia habitacional, expone el fraudulento derrotero que ha tenido el gobierno progresista de Gabriel Boric y sus cómplices frenteamplistas.

La promesa de «renovar la vieja política» fue el eslogan de entrada al poder mediante el cual el Frente Amplio pretendía diferenciarse respecto de la tradicional política institucional chilena, muy deslegitimada socialmente. Resulta evidente, ante la actual situación de precariedad económica y social que golpea a los sectores populares, que el declarado ánimo de renovación no era más que palabrería.

Queda al descubierto que tras un discurso aparentemente «progresista», revestido de «honestidad» y «buenas intenciones», se encontraban la misma política institucional de siempre, las mismas prácticas y el enriquecimiento de una minoría a costa de las necesidades de la mayoría popular.

Este destape confirma el pleno carácter antipopular de este gobierno, cuya gestión se ha realizado a espaldas del pueblo chileno y contra sus necesidades más urgentes ¿No fueron estos sectores quienes promovieron el «derecho a la vivienda digna y adecuada» en la Nueva Constitución? A pesar de vociferar por ese derecho, terminaron pactando millonarios contratos en asesorías fraudulentas.

En los hechos, el gobierno de Boric ha mostrado su clara adhesión a las políticas neoliberales consagradas por la ex-Concertación, hoy parte del mismo gobierno. Transfieren recursos públicos al sector privado de manera encubierta y mantienen sin cuestionamiento el rol y lógica de las fundaciones «sin fines de lucro» como un instrumento de este sistema que, lejos de reducir la desigualdad, sirve para contener el descontento popular.

Miles de familias sin casa en Chile ven su situación agravarse ante la ineptitud e ineficacia del mal llamado «Plan de Emergencia Habitacional». Para colmo, mientras se sigue pidiendo más paciencia y «comprensión» a esas mismas familias, la propia autoridad responsable de la política habitacional despilfarra miles de millones de pesos.

Inculcando un comportamiento de pedir «favores» y mendigar ayudas, mantienen resignadas a familias trabajadoras y empobrecidas, y las dejan al margen de la lucha por los derechos que merecen. Desarticulan la organización social y convierten un problema político --un problema de poder entre clases-- en un problema de mera gestión local o «caridad cristiana».

Todavía más indignante es que este modelo utilice las fundaciones como un mercado atractivo para profesionales. A través de prácticas de «equidad social», se presentan como un camino válido para el desarrollo profesional. Mordiendo el anzuelo, o no teniendo otra opción, grandes contingentes de profesionales se han incorporado así a fundaciones de todo tipo. Bajo una supuesta neutralidad política y enfoque puramente puramente técnico, pretenden ilusoriamente aportar a un país más justo mediante simples «asesorías» o la gestión de vergonzosos programas sociales propios de la Política Social Neoliberal, asegurando así la entrega de las responsabilidades del Estado a actores cuyas motivaciones atentan contra las propias soluciones que pretenden traer.

A un año y medio de gobierno, organismos institucionales como ministerios, subsecretarías, seremis, etc., se han llenado de profesionales del mundo académico u ONG que, siendo o no militantes, confluyen en la corriente progresista. Y aunque muchos actúen dentro de la legalidad, han hecho del Estado una amplia bolsa de empleos para el mundo profesional cercano al Gobierno, dejando vacíos el discurso y las promesas de cambio. Como lo hace la derecha y como lo hace la Concertación/NM.

Por todo esto, creemos fundamental ampliar el análisis de este controvertido caso. Aunque posiblemente será de común acuerdo que los militantes de RD involucrados deben ser enjuiciados, remitirse a condenar a unas pocas «manzanas podridas» no resolverá un problema sistémico que se extiende por toda la estructura institucional.

Escenarios como éste revelan el verdadero rol del gobierno de Boric y el progresismo en su conjunto: reoxigenar el sistema de dominación y ser barrera de contención del descontento, restringiendo el potencial de lucha del mundo popular.

Hacemos un llamado a profesionales y futuros profesionales con un sentido de justicia a no ser cómplices de esta realidad. Cuestionemos el sentido de nuestro estudio y conocimiento, y pongamos nuestras capacidades y herramientas de forma decidida al servicio de nuestro pueblo. Seamos el reflejo contrario de los profesionales que promueven este sistema injusto y desigual. ¡Con convicción a desarrollar un conocimiento al servicio de la alternativa popular!